CAPUTTO

La mayor empresa de Uruguay en el rubro cítricos, Citrícola Salteña S.A. con 75 años de historia, vive una impensada zafra -“la mejor en los últimos cinco años”, dice su gerente general- en parte por el coronavirus, pero ahora afronta la resolución de la Justicia de que debe liquidarse en el proceso de concurso de acreedores en el que ingresó en febrero de 2019. La firma emplea actualmente unas 1.500 personas entre directos e indirectos.

La empresa fue fundada por los hermanos Eduardo y Francisco Caputto en 1945 en el departamento de Salto. La familia Caputto fue siempre la accionista mayoritaria de la empresa -y su apellido fue la marca de la misma-, si bien entre 1999 y 2009, un 33% estuvo en manos de la citrícola argentina San Miguel.

Una serie de malas zafras (problemas climáticos, sindicales) y endeudamiento creciente llevaron a que la empresa se presentara al concurso de acreedores y la Justicia designó a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) como interventor. El 25 de noviembre estaba cerca de un acuerdo con la mayoría de ellos, pero este se cayó luego que el Banco República (BROU) resolviera no renunciar a su cuota parte de las hipotecas (la garantía que tiene para cobrar el crédito).

El pasado viernes 15 de mayo, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de Primer Turno resolvió “la disolución de Citrícola Salteña S.A. y el cese de sus administradores”, designó como síndico a Lideco y le dio “10 días hábiles para presentar el proyecto de liquidación”. Esa resolución fue comunicada el martes a la empresa.

La decisión judicial tomó “por sorpresa” a la firma, que está en plena zafra de cítricos. La empresa resolvió apelar la decisión judicial -tiene un plazo de seis días a partir de la notificación- ya que según el estudio Olivera Abogados “hay muchas fallas en el proceso” por lo que “hay argumentos” para que el fallo se revoque, dijo a El País el gerente general de la empresa, Jorge Caputto.

La apelación no tiene efecto suspensivo, es decir que mientras, el directorio de Citrícola Salteña S.A. fue desplazado y en su lugar está Lideco.

El primer aspecto a resolver por el síndico es la continuidad de la zafra. Según supo El País, Lideco quiere continuarla, pero logrando que la misma no tenga resultados negativos y no amplíe el pasivo de la empresa.

Ayer la firma trabajó en forma “normal” y Caputto contactó a la plana gerencial para explicarle las novedades.

A nivel del gobierno hay interés en que la empresa permanezca produciendo, dijeron a El País fuentes oficiales.

En ese sentido, el BROU que es el principal acreedor (ver aparte) “tiene la voluntad y la decisión de facilitar lo más posible que la empresa siga funcionando y aproveche lo más posible la actual zafra”, dijo a El País una fuente de la institución.

“Nos hemos acercado al gobierno, al BROU y a Lideco para asegurar la zafra y aprovechar las circunstancias de mercado”, señaló Caputto.

La opción que había presentado la empresa era que se formara un fideicomiso (al que iría el dinero para pagar las deudas) controlado por los acreedores y que la consultora Exante hiciera un “estudio de viabilidad” desde el punto de vista “financiero”, buscar un inversor que capitalice la compañía y resolviera esa restricción, indicó Caputto. Pero, la Justicia lo rechazó. Ahora Lideco debe presentar su propuesta de liquidación, que podría ser la venta en bloque de la empresa en marcha, aunque todavía no lo definió.

La zafra comenzó en marzo y va hasta octubre con 5.000 hectáreas en producción. Según el gerente general es “el mejor momento del negocio en los últimos cinco años”.

Es que por un lado el clima ha ayudado a la producción, a lo que se suma que en el hemisferio norte hubo menor producción y que hay mayor demanda por cítricos en Europa debido al coronavirus. “La naranja es una fruta económica, se consume en los hogares y tiene una vida útil de entre 15 y 20 días sin necesidad de refrigerar”, lo que ante el confinamiento, la hace “ideal”, indicó Caputto.

Actualmente hay 1.200 personas trabajando en Cítricola Salteña más 300 en la cosecha a través de contratistas de servicios. “Si damos un salto en el volumen de producción” se podrían sumar 100 empleados más en empaque y otros 200 en la cosecha, indicó Caputto.

En un mes y medio de zafra, la empresa junto a Camposol (de Perú) a la que le arrienda 500 hectáreas y le realiza el servicio de empaque y logística llevan exportados US$ 7 millones, de los US$ 11 millones en cítricos que Uruguay comercializó al exterior. Es “casi el doble” de lo que se exportó entre marzo y fin de mayo de 2019.

Al mismo tiempo, la empresa busca que se desembolse parte del Fondo Citrícola (aprobado por el Poder Legislativo y que tiene US$ 3,6 millones) para financiar la zafra. Hasta ahora la firma recibió algunos adelantos.

En la junta de acreedores de Citrícola Salteña, el principal es el Banco República (BROU) ya que es de los privilegiados (tiene garantías a su favor). Según datos de la Central de Riesgos del Banco Cental, la deuda con el BROU en mora ascendía a fin de marzo a US$ 9,8 millones. A su vez, el banco pasó a pérdidas (por normativa del BCU tiene que hacerlo, pero no implica que no lo vaya a recuperar) otros US$ 2,2 millones.

Una fuente del BROU dijo a El País que el banco quiere “articular” con el resto de los acreedores para buscar la forma de que la empresa siga produciendo.

Con el Banque Heritage, Citrícola Salteña mantiene una deuda de US$ 1,1 millón y a Scotiabank Uruguay le debe unos US$ 200.000.

Luego hay deudas con proveedores de insumos y servicios, laborales (por unos US$ 800.000) y con el Banco de Previsión Social (por cerca de US$ 1 millón).

Por otro lado, Citrícola Salteña S.A. emitió en abril de 2016 en el mercado de valores obligaciones negociables por US$ 11 millones, con vencimiento a 10 años. Para garantizar esa deuda, hay un fideicomiso de garantía, a donde la firma volcó créditos, bienes inmuebles y fondos a una cuenta escrow por US$ 21 millones.

En una asamblea el 17 de junio pasado, la mayoría de los inversores en estas obligaciones votó afirmativamente por la exigibilidad anticipada de esos títulos, luego que Citrícola no depositara en el plazo estipulado los fondos en la cuenta escrow. La asamblea estuvo marcada por lo que algunas inversores calificaron como “amenazas” por parte del estudio Olivera Abogados (que había pedido nombres de quienes votaran a favor para demandarlos luego). El 25 de noviembre de 2019, la Bolsa de Valores solicitó a Lideco que procediera a rematar los bienes incluidos en el fideicomiso para cobrar la deuda. Pero, el 12 de febrero de 2020 la empresa intimó a la Bolsa a que se “abstenga” de ello y desde allí está frenado el proceso.