ESTRATEGIA

Un grupo de técnicos planteó un conjunto de aspectos que deberían reformarse de las empresas públicas. Es el segundo documento que elaboran tras otro divulgado a mediados de diciembre pasado.

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) reunió a un grupo de 22 académicos y profesionales “todos ellos con amplio conocimiento técnico en aspectos relacionados con el gobierno corporativo y la gestión de las empresas públicas”, dijo a El País el director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo.

El “principal objetivo es generar conciencia en la ciudadanía” de “la enorme relevancia de un tema complejo, pero que afecta directamente la calidad de vida”, afirmó Munyo.

El documento firmado por 22 técnicos de diversos ámbitos señaló que “empresas públicas más eficientes harían de Uruguay un país menos caro en dólares, contribuyendo a la agenda pro inversión que tanto se necesita para retomar una senda sostenible de crecimiento. Asimismo, ello traería ganancias para los consumidores, principalmente para los de menores recursos, que son quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de los bienes y servicios que ofrecen las empresas públicas”.

Según los técnicos “la naturaleza de la relación entre el poder político y las empresas públicas limita la posibilidad de que los precios de los servicios que brindan reflejen los resultados de una adecuada gestión. El argumento de que ‘es así porque siempre fue así’ no es de recibo y empeora con el paso del tiempo, porque desconoce las tendencias globales que hacen que el mundo actual sea totalmente diferente al que existía cuando la mayoría de las empresas públicas fueron fundadas”.

Munyo dijo que “la ley de urgente consideración es el puntapié inicial en la reforma necesaria de nuestras empresas públicas para que puedan ofrecer mejores servicios a precios competitivos”.

El documento sostuvo que “si bien la ley de urgente consideración es un buen punto de partida, para contar con empresas públicas más eficientes y al servicio del país se requiere una mayor ambición”.

“Estos cambios legales aprobados deberán venir acompañados de la voluntad política para impulsar otros no legales, también críticos para que nuestras empresas públicas puedan ofrecer mejores servicios a precios competitivos”, agregó el grupo de técnicos.

En ese sentido, propusieron seis puntos para “profundizar los cambios y transitar hacia una reforma sustantiva”.

Uno de los puntos propuestos es “fortalecer los directorios de las unidades reguladoras y de las empresas públicas, exigiendo perfiles con competencias específicas, mejorando las remuneraciones, estableciendo mayores impedimentos para participar en cargos electivos, así como limitar la ‘puerta giratoria’ hacia la actividad privada”.

Otro de los puntos es “definir criterios claros para la fijación de precios por parte de los reguladores, para lo cual es necesario que cuenten con metodologías transparentes y plazos predecibles”. Con la ley de urgente consideración, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua hará una sugerencia preceptiva al Poder Ejecutivo en la fijación de precios de combustibles, pero todavía resta reglamentarlo. El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic explicó el lunes que la Ursea dirá: ‘el precio de mercado debe ser este’ y Ancap tiene el desafío de ser rentable con ese número”.

A su vez, proponen “introducir los mecanismos que aseguren la separación de las finanzas de las empresas públicas de forma de evitar subsidios cruzados desde los negocios que operan en mercados monopólicos hacia los que operan en competencia”.

El cuarto punto refiere a “analizar de forma explícita los subsidios existentes en los mercados que operan cada una de las empresas, discutir su pertinencia y que sean aprobados a través del Parlamento con un financiamiento a cargo del Presupuesto Nacional”. Algo de esto propuso el actual ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini cuando dijo en el Parlamento que “normalmente el subsidio debería ser explícito: ‘se decidió, del presupuesto nacional o de las fuentes que sean, destinar estos recursos para que determinada producción resulte más económica’. No debería ser implícito” y que “se decide cobrar más caro una cosa para cobrar más barata otra”. Puso como ejemplo de subsidio implícito lo que sucede con el supergás: “comparativamente con la región está mucho más barato, mientras que los demás combustibles están más caros”.

Otra de las propuestas del grupo de profesionales y académicos es “revisar el objeto de las empresas públicas y modernizar sus cartas orgánicas, poniendo énfasis en la separación de roles entre el directorio y la gerencia, el establecimiento de metas explícitas de rentabilidad y políticas de distribución de dividendos”.

Por último sugieren “fortalecer el gobierno corporativo de las empresas públicas con la creación de un organismo especializado dentro del Estado que se encargue de monitorear permanentemente el desempeño de los directorios de las empresas públicas, en términos del cumplimiento de las metas establecidas y la rentabilidad esperada de su actividad”.