Redacción El País
En medio de la crisis política que vive el país a raíz de nuevas revelaciones sobre el “caso Marset” -que derivaron en las renuncias de dos ministros, un subsecretario y uno de los principales asesores del presidente de la República, era toda una prueba salir a los mercados de capitales a buscar fondeo. También estaba sobre la mesa el contexto de volatilidad que campea en los mercados.

El gobierno aprovechó una ventana de oportunidad del mercado en la mañana de ayer, cuando anunció la reapertura del Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático con vencimiento en 2034 (conocido como “bono verde”).

Este título de deuda había sido emitido en octubre pasado y tenía, hasta esta reapertura, un monto en circulación de US$ 1.499,97 millones. Fue un título innovador al incluir la posibilidad, por primera vez, de que el emisor (Uruguay en este caso) pague una tasa de interés menor a la inicial si sobrecumple los indicadores.

Como habitualmente ocurre en estas operaciones de deuda, se indica una tasa tentativa al momento de salir al mercado, que inicialmente fue “en el área de 120” puntos básicos por sobre el de un título del Tesoro estadounidense a similar plazo.

Esa tasa indicativa se ajusta durante la jornada en la medida que los inversores demandan el título. A mayor demanda, más se puede comprimir lo que paga el país.

Y si la crisis política ponía a prueba la capacidad de financiarse en el mercado internacional, los inversores le dieron el respaldo a Uruguay al demandar US$ 2.701 millones.

Eso permitió al gobierno ajustar la tasa inicial en el área de 120 puntos básicos a 95 puntos básicos. Es decir un retorno de 5,6% anual.

Finalmente optó por emitir US$ 700 millones en esta reapertura del “bono verde”. Por lo que el tamaño del título ahora es de US$ 2.199,97 millones.

“El resultado de esta emisión es una muestra más de la confianza que genera el país en los mercados financieros. Desde el comienzo de esta administración se trabaja para transmitir certezas y en un manejo responsable de los dineros públicos”, dijo anoche la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche en un comunicado.

Y aprovechó, en medio de la situación por el “caso Marset” para remarcar que “esta transacción demuestra, una vez más, la fortaleza institucional del país y la credibilidad de las políticas públicas, que es valorada de manera positiva dentro y fuera de fronteras”.

Según el comunicado, “en su máximo” de demanda, “el libro de órdenes estuvo compuesto por 139 inversores, de las cuales 15 cuentas invirtieron por primera vez en un título soberano de Uruguay”.

“Aproximadamente el 89,5% de la demanda provino de cuentas extranjeras, y la restante de inversores de Uruguay”, agregó el texto divulgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En ese sentido, apuntó que a nivel internacional “el grueso de la demanda se originó de Estados Unidos y el Reino Unido, con la presencia de las mayores cuentas enfocadas en mercados emergentes de alta calificación crediticia. También participaron inversores de Alemania, Austria, Canadá, Chile, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Japón, Países Bajos, República Checa y Singapur. Asimismo, se destaca la participación de agencias del gobierno de Corea del Sur y Suiza”.

Los bancos BNP Paribas, Goldman Sachs y Scotiabank actuaron como agentes colocadores del gobierno.

El MEF indicó que los objetivos de la operación eran tres: “complementar el programa de fondeo del gobierno para el año 2023; reafirmar la estrategia de financiamiento soberana alineada con los objetivos ambientales de Uruguay” y “diversificar la base de inversores de títulos del gobierno, accediendo a otros mercados e inversionistas focalizados en objetivos de sostenibilidad”.

Para el ministerio “la operación permitió acceder a demanda incremental de fondos de inversión comprometidos con el desarrollo económico sostenible” a la vez que “contribuye a aumentar la visibilidad de la estrategia de acción climática y desarrollo sustentable del país, como objetivo conjunto de los sectores público y privado”.

Además, “apuntala el desarrollo de otros instrumentos del gobierno de financiamiento climático con organismos multilaterales, para la transición a una economía más baja en carbono”, añadió. En ese sentido, recientemente Uruguay negoció con el Banco Mundial un crédito por US$ 350 millones atado a reducir la intensidad de las emisiones de metano de su sector ganadero. Si el país las reduce más que lo comprometido en el Acuerdo de París, se beneficiará con una menor tasa de interés.

Este título de deuda está atado a dos indicadores: 1) reducir 50% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2025 (respecto a 1990, en dióxido de carbono por unidad de PIB real); 2) mantener el 100% del área de bosques nativos para 2025 (respecto a la que había en 2012). Si Uruguay cumple las metas, la tasa de interés se mantiene. Si incumple, se agregan 15 puntos básicos por cada indicador incumplido. Si en vez de reducir 50%, reduce 52% el indicador 1 y aumenta 3% el indicador 2, se restan 15 puntos básicos por cada indicador “sobrecumplido”. La evaluación de estos indicadores se hará en octubre de 2027.