PROYECTOS

El gobierno está apretando el acelerador y evacuando dudas para cumplir con su plan quinquenal para fomentar la construcción masiva de viviendas en el país, con métodos no tradicionales que permiten el abaratamiento del metro cuadrado y procesamientos más rápidos.

Irene Moreira, ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, hizo referencia en diversas ocasiones a las políticas que incluyen la promoción de construcciones en madera y de la utilización de otros materiales amigables con el medio ambiente, como el hormigón celular (compuesto por materiales naturales) y el steel framing (sistema que reduce el 47% de la huella de carbono).

La meta es que este tipo de construcciones, en primera instancia de interés social, sea dirigido también a otros sectores, considerando el potencial de la industria forestal nacional. “Casi toda la madera se está exportando sin ningún tipo de valor agregado, cuando podrían hacerse viviendas y muebles acá”, dijo a El País Tabaré Hackenbruch, subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

“No estamos inventando nada, esto ya viene del gobierno anterior y es tendencia en el mundo. Alemania, Noruega, Finlandia, España, Canadá, Estados Unidos, Chile, están construyendo masivamente con madera, porque el impacto de los materiales convencionales de construcción en el medio ambiente es tremendo”, afirmó.

Asimismo, en algunos países ya existen casas y edificios enteros en madera altamente demandados por sectores medios de la población.

El plan del MVOT incluye varios frentes, entre ellos, la adaptación de leyes y normativas sobre la construcción, capacitación de técnicos y obreros para poder construir en madera, investigación y desarrollo de sistemas productivos forestales, transferencia tecnológica hacia sectores clave como los aserraderos y acciones para derribar barreras culturales de quienes piensan, por ejemplo, que la madera es insegura, entre otras resistencias.

“Estamos en contacto con el BID y contratamos a un consultoría chilena que nos ayudó a definir una hoja de ruta. Se entrevistó a más de 70 referentes en distintas áreas para ver el punto por dónde iniciar y la estructura de gobernanza adecuada para este plan. Estamos avanzando. La meta es fomentar las casas de madera en forma masiva y, más a largo plazo, lograr edificaciones de altura para Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) y policlínicas”, explicó la arquitecta Marcia Croci, asesora del MVOT.

Uruguay no cuenta con larga tradición de construcción en madera, pero la industria forestal tiene gran relevancia, al contribuir con el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se traduce en más de US$ 2.100 millones.

Esta industria surge fundamentalmente a partir de la implementación de la Ley Forestal en Uruguay en 1987, momento en el que la producción forestal comenzó a crecer exponencialmente en el país, de 200.000 hectáreas en la década de 1990 a casi 1 millón de hectáreas en 2020. Hoy en día, existe el registro de, al menos, 14 proyectos de vivienda de interés social en madera, que se suman a más de 260 unidades construidas en las últimas décadas, como iniciativas individuales de gobiernos departamentales.

Según el ingeniero agrónomo Carlos Faroppa, jefe de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), “Uruguay tiene el conocimiento de la investigación de la madera, por especialistas de los ministerios, del LATU, la UdelaR, la ORT y otras instituciones, pero faltaba el soporte político”.

El ingeniero destacó a la madera como una buena solución específicamente para el problema habitacional. “Hay mucha madera en el país, se cortan unas 18 millones de toneladas de madera anuales, de las cuales 9 millones van a celulosa (antes de la nueva planta), 2,5 millones a energía industrial y otros 2 millones se exportan como troncos, sin industrializar. La capacidad instalada para hacer madera de tableros es de más de 2 millones, y se puede aumentar para aprovecharla localmente, para construcción de viviendas. El conocimiento ya está, hay que juntarlo”, señaló.

La Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) no parece estar convencida con la iniciativa. “No es que no estemos de acuerdo, pero hay condiciones que se tienen que dar, como cambios normativas a nivel de la ley de Propiedad Horizontal, Catastro, Intendencias”, dijo a El País Julio César Camarano, arquitecto y asesor técnico de la directiva de Appcu.

Otro problema que plantea la asociación es que no será fácil convencer al inversor sobre este tipo de construcciones no tradicionales. “Hablamos de millones de dólares en juego”, agregó Camarano. La Appcu no duda de la rentabilidad que dejan estas construcciones, ya que en países como Chile logran buenos márgenes, pero considera que el inversor acá aún no está preparado para grandes desembolsos en esta industria.