Ayer Isaac Alfie dejó de ser director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), algo que tenía acordado para “mucho antes” con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pero que se fue dilatando. Cuenta que toma las crisis, ya que en este gobierno jugó un rol clave en la pandemia de covid-19 y en 2002 estuvo en la primera línea del gobierno (como jefe de Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas primero y como ministro de esa cartera entre 2003 y marzo de 2005) en la crisis económica. En diálogo con El País, Alfie hizo un balance de lo actuado, se refirió a los acuerdos comerciales a los que tendría que apostar Uruguay, la batalla que hay que dar contra las regulaciones, el déficit fiscal y más.

¿Cómo piensa que va a ser recordado este gobierno?

Creo que el gobierno tiene una cantidad de activos, de los cuales esta oficina (OPP) se siente muy partícipe. El manejo de la pandemia fue un punto bien alto del gobierno y a partir de allí generó no solo credibilidad, sino también construyó mucha reputación. Fue bien ganada, y los resultados se fueron dando después. Creo que me toca tomar las crisis. En nuestra salida de la crisis anterior, a principios de siglo, cuando vinieron las complicaciones a partir de 2008 y 2009, se vio la diferencia entre Argentina y Uruguay. Y en este caso (del manejo de la pandemia) también. Otros temas son las reformas de las previsiones sociales, pese a todos los escollos, para poner en perspectiva, de mediano y largo plazo, más solvencia fiscal. Eso es muy relevante. El tema de la reforma educativa también es importante.

También hay otros aspectos; uno de ellos es el cambio en la forma de contrato en la obra pública. Eso permitió bajar sustancialmente los costos. Las Cremaf son un contrato muy parecido a los de Participación Pública-Privada, con un concepto final igual de tratar de pasarle el riesgo al sector privado, pero que tiene una cantidad de diferencias en la forma en que el gobierno redactó los contratos y cómo hizo las competencias. Esto llevó a que cuando se licitan las Cremaf los números daban 50% menos en el costo capital y 50% menos en el costo de mantenimiento. Eso permitió asignar más recursos y aumentar la cantidad de obras con la misma disponibilidad. La OPP participó fuertemente en ello, lo mismo que en la reforma de la seguridad social. Ahí, con algunos integrantes del equipo, teníamos larga experiencia sobre el tema.

¿Le quedó algún gusto amargo de que no se pudiera aprobar una reforma de la Caja Profesional, que la necesita con urgencia por la crisis que atraviesa?

Naturalmente cuando uno impulsa las cosas, quiere que se concreten. Pero también está la realidad. Ninguna de las reformas, aún las aprobadas, responden cien por ciento a lo que uno hubiera pretendido, o piensa que debe ser. Esa es la realidad, es el arte de lo posible. Creo que en materia de Caja Profesional, alguna reforma igual hay que hacer y rápido. La propuesta que hizo el gobierno, tanto en Caja Profesional como en Caja Bancaria, que afortunadamente fue aprobada, era una transición razonable. Estábamos asegurándonos que, de acá hasta el 2042, las cosas estuvieran ordenadas, con algunos aportes de Rentas Generales, no muy grandes; en el caso de Caja Bancaria con préstamos directamente, ni siquiera aportes.

Hablo de 2042 porque ahí terminaba la transición del otro sistema y se unifica al nuevo. Los fondos pueden ser distintos, pero ya tendría un sistema único con la terminación de la transición. Y ese fue el esquema que se pretendió.

¿Cómo influyen los resultados del Censo Nacional en la reforma de la seguridad social?

En el período que viene habrá que volver a revisar los números de la seguridad social, porque el censo nos mostró una realidad distinta a la que teníamos proyectada y con el cual se hicieron todos los cálculos. Eso no significa tener que cambiar todo, ni siquiera cambiar rápido, pero sí ir viendo. Con esta reforma, como decía, tenemos una transición larga hasta 2042. Y de hecho, empezará a tener efectos a partir del 2032. Sobre ese universo no hay cambios. Pero ahora hay que volver a ver los números, no para el próximo gobierno ni siquiera para el otro, pero sí mirar para adelante y volver a hacer ajustes en una transición larga. Lo que digo es una recomendación, no es una urgencia ni nada que se le parezca. Habrá que empezar a armar los números en función de la nueva realidad, porque, en comparación al censo anterior, el número está dando unas 130.000 personas menos que las previstas (para este año); eso es muy relevante y afecta la base.

¿Es preocupante esa realidad que mostró el censo, teniendo en cuenta que además hubo inmigración reciente?

Más allá de si existe o no preocupación, es la realidad del mundo. La transición demográfica en el mundo, y en América Latina, se aceleró muchísimo en la última década. Todos los censos están dando bastante menos población de la que se había estimado. En Brasil, Panamá, Paraguay, Ecuador, en una cantidad de países. Y lo único que hay que hacer es tratar de ver la situación, tenerla clara y actuar en consecuencia. No más que eso. No es distinto a lo que ha pasado en Europa. En China está cayendo la población también. En Estados Unidos sigue creciendo, porque la inmigración es enorme. Uruguay afortunadamente también captó inmigrantes. Es una buena cosa, porque dinamiza mucho la sociedad.

Con las próximas elecciones, podría darse un cambio de signo en el gobierno y que se detenga esa reforma, ¿cómo ve ese escenario?

Personalmente no creo que nadie cambie la reforma de la previsión social. No lo creo. No veo allí un riesgo. Si alguien la llega a cambiar, tendrá que prepararse para que, en el corto plazo, haya algún problema o sacudón, porque la reforma en sí, si bien no cambia los próximos años, por lo que dije antes, sí cambia la perspectiva de la solidez del sector público.

Durante su gestión se puso como objetivo bajar el gasto de las empresas públicas.

Fue un trabajo conjunto con todos los entes. Cuando asumimos, había desafíos y uno era poner a las empresas públicas de vuelta en situación de solidez financiera a mediano plazo. Estaban muy deteriorados sus resultados. Teníamos también el tema del Presupuesto Nacional y de la previsión social. Esos tres temas para mí eran los más importantes. Y en el medio, pasó algo que cambió todo enseguida, que fue la pandemia del covid-19, donde las prioridades cambiaron y muchas cosas, de manera correcta, se dejaron de lado.

No había otra forma que reaccionar a eso. Alguna situación de las empresas públicas quedó, entonces, más marginada en ese momento.

Pero el gasto discrecional del conjunto de las empresas públicas, que es todo el gasto que estas empresas hacen menos la compra de petróleo y derivados y de energía eléctrica (en los que aplican contratos ya firmados, que son, en muchos casos, a 20 años), bajó porque, en el trabajo conjunto, vimos racionalizaciones, se dejaron inversiones que no tenían retorno y que eran una aventura. El ahorro de 2022 frente a 2019 fue de 1,07% del producto (PIB), son US$ 760 millones menos. Eso se tradujo en menores tarifas reales y mejoras de resultados de las empresas.

A veces uno habla del ahorro, pero yo no soy del ahorro, soy de la eficiencia del gasto. Los servicios que hoy vienen de las empresas públicas son de mayor volumen que antes, hay mayor productividad con menor cantidad de erogaciones en términos totales, y no faltan inversiones. De hecho, en algunos casos, el servicio ha mejorado.

¿Podría poner algún ejemplo de esos casos?

Hubo un cambio drástico, en principio impulsado por la OPP, en UTE. Nosotros no precisábamos más inversión en potencia instalada. De hecho, hay un director de UTE (N. de la R.: se refiere al de Cabildo Abierto, Enrique Pees Boz) que viene insistiendo y con razón, que compramos energía que no usamos. Entonces, no sigamos invirtiendo en capacidad instalada, hagámoslo según los programas en 2026, y pasemos ahora todo ese dinero a la inversión en distribución, donde se habían empezado a tener problemas de cortes más recurrentes. Así se hizo y los cortes se han evitado, o mejorado la situación.

También UTE trabajó mucho en materia de reducción de las pérdidas en la transmisión y en personas que no pagaban el servicio.

Las finanzas de Ancap también han mejorado. Cuando uno ve el precio final al público de las naftas y del gasoil frente a los Precios de Paridad de Importación (PPI), hay mejoras. El año pasado los precios estuvieron por debajo del PPI. Es cierto que estamos en una coyuntura muy especial, donde los márgenes de refinación aumentaron mucho, pero ahora los márgenes están bajando y no estamos muy distinto al PPI. Veníamos de un periodo de cinco años donde, tomando los números de Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua), el sobreprecio de los combustibles sobre el PPI entre 2015 y 2019 fue de US$ 1.500 millones.

Existen críticas, sobre todo de gremiales del sector productivo, de que la nafta y el gasoil siguen como más caros de la región. ¿Hay manera de cambiarlo, considerando que una de las apuestas de la reforma en materia de combustibles ha sido, justamente, tratar de mejorar ese aspecto?

Hay algunas cosas en la cadena (de distribución y comercialización) que, efectivamente, habría que trabajar para mejorar la competencia y ahí, sí, reducir algo el precio. De todas maneras, la diferencia grande del precio está en los impuestos. Hoy, la nafta tiene más de $ 32 pesos de impuestos (en cada litro). O sea, hay una parte importante que está en los impuestos. Creo que hay que seguir trabajando con las cosas que se pueden hacer, pero tengamos presente el precio de los impuestos.

¿Qué habría que hacer para bajarlos?

Para bajar los impuestos, hay que bajar el gasto, o sostener el gasto constante y dejar que el crecimiento de la economía brinde más recursos. No hay otra manera. Salvo que queramos ir a una emisión (monetaria) y traer la inflación como un impuesto indirecto que cobramos. Pero eso es otro tema que no está en la agenda.

El senador Mario Bergara dijo que el déficit fiscal de hoy es más alto que el que dejó el gobierno frenteamplista.

Los números son los números, y están ahí. Es así. Ahora, ¿el déficit está más alto del que uno quisiera? Sí, pero hay atenuantes este año. La sequía pega por tres lados. Primero, por el costo de generación de energía eléctrica en UTE. Hay que generar energía en base a petróleo, porque no hay agua y eso cuesta más caro. No subimos la tarifa para compensar. Segundo, con la sequía hubo una emergencia sanitaria que ocasionó un gasto bastante grande en OSE, de arriba de US$ 40 millones. Y tercero, hubo afectación por el lado de la recaudación. Bajó la actividad del campo, que tiene un efecto dinamizador en otros sectores. Pero estos tres fenómenos se revierten el año que viene. Además, está el tema de la “Argentina barata” que ha llevado a que el consumo que se hace afuera, no paga impuestos locales. Eso es bajar la recaudación, y no creo que tenga reversión, lamentablemente, en el corto plazo. Otro factor es el tema del paro de la refinería de Ancap, que había que hacer. Eso pesó mucho en el llamado “ciclo de conversión de caja”. Es decir, el pago de los refinados es mucho más corto en días que el pago del petróleo, con lo cual, se superpone al pago del petróleo. Pero esto también el año que viene se va a revertir.

Yendo a la parte de planeamiento de la OPP, ¿qué cree que queda pendiente y debería empezarse de acá a cinco años?

Siempre quedan muchas cosas pendientes. La oficina ha hecho algunos trabajos y tiene que seguir ayudando transversalmente a partes del sector público. Se trabajó, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) este año, y ahora tenemos estadísticas de las personas que son reincidentes. Con el dato concreto que no teníamos, ahora hay que pensar en las políticas para ese tema. De hecho ya hay un plan piloto (del Ministerio de Desarrollo Social).

El economista Ignacio Munyo propuso que, para lograr eficiencia en las instituciones del Estado, habría que contar con “100 orientales”, es decir 100 gestores que sean capaces de dar agilidad al sistema público. ¿Qué piensa al respecto?

Eso se hizo con el Presupuesto de 1995, en el segundo gobierno de (Julio María) Sanguinetti. Yo participé en eso y fue una muy buena experiencia. La cantidad de empleados públicos se redujo muchísimo, a partir de ese año hasta 2004. Era un armado con personal muy calificado, con sueldos mejores, que produjeron eficiencias, que se terminaron trasladando a toda la sociedad. Hay que pensar en algo de eso de nuevo, no tengo duda. De hecho, en la nueva carrera funcional que fue presentada en esta Rendición de Cuentas, pusimos, conjuntamente con la Oficina Nacional de Servicio Civil, determinados cargos técnicos con sueldos más altos que puedan encarar esa tarea.

¿Hasta qué punto la propuesta de los “100 Orientales” es sostenible, considerando que ya se hizo y se terminó?

Fue una decisión política terminar con el programa y con esa dinámica. Si viene un gobierno y dice que “no”, se acaba. Personalmente no entiendo por qué debemos tener unos 70.000 empleados públicos más que en el 2004. Tampoco entiendo por qué hay que tener tantas más sociedades anónimas de empresas públicas. No lo entiendo. Bueno, es la realidad que es hoy, producto de mayorías políticas en el país. Es la democracia, eso es bueno. Hay que aceptar.

Usted ha manifestado que el país va por tratados de libre comercio (TLC), pero quizás sería más fácil ir por otro tipo de acuerdos que también permitan mejorar el comercio. ¿A qué se refiere?

Si se pudieran hacer acuerdos con la mayoría de países del mundo, sería lo mejor. Lo que pasa es que para bailar el tango, siempre se precisan dos, y no siempre se puede. Pero consolidar acuerdos parciales es, por ejemplo, lo que ha logrado básicamente el sector cárnico, que ha hecho acuerdos con muchos países, con ciertas liberalizaciones. Si no podemos ir por todo, podemos ir por sectores, o abrimos sectores, lo que podría ser más fácil porque son preferencias mutuas, y no nos metemos en una cosa enorme, que nos lleva un tiempo enorme, y donde después el Mercosur nos dice que no. Creo que lo que hizo el presidente (Luis Lacalle Pou) al ir y plantear lo que pasa en el Mercosur está perfecto, pero después todos chocamos con una realidad. Había un viejo que dicho que decía que “si vos no podés cruzar el río por determinado lugar, vadéalo”. Bueno, la manera de vadearlo, es haciendo acuerdos puntuales sobre sectores. Hoy, el sector cárnico tiene una cantidad de opciones que le permiten tener siempre una ventana abierta. Esa es mi posición.

Usted ha planteado que Uruguay es un país caro, pero también tiene el mayor ingreso per cápita en la región. ¿Podría profundizar en esa idea?

En realidad somos caros, porque tenemos el mayor ingreso per cápita. Eso quiere decir que nuestra gente gana más, tiene más salario, más ingresos por honorarios profesionales, que el resto de la región. Y somos, en términos poblacionales, muy chicos; tenemos muy poco peso específico. Si la propuesta alternativa es abaratarnos, destruir el salario y las pasividades, ahí yo digo: no. Tenemos, en todo caso, que hacer lo que estamos haciendo, que es buscar lugares y posibilidades en las que coloquemos suficiente valor agregado como para poder pagar mejores salarios. La clave es la diferenciación.

En su momento, el economista Gabriel Oddone hizo un estudio sobre por qué Uruguay es caro y encontró las causas en temas regulatorios y falta de competencia en ciertos sectores, sobre todo en los no transables (aquellos que no comercian con el exterior).  ¿Qué piensa que se puede hacer?

Nuestro mercado más bien pequeño puede derivar en falta de competencia, pero en general eso se debe a las regulaciones. Cuando usted pone una regulación muy fuerte, lo que hace es aumentar el costo fijo, y solo lo pueden afrontar empresas de determinados tamaños. Entonces, eso impide que las empresas pequeñas puedan entrar en el mercado.

En el tema de regulaciones, creo que hay que seguir trabajando. La verdad es que se intentó y no se logró mucho, esa es la verdad de lo que ha pasado, pero hay que seguir intentando. Y lo primero que hay que hacer es resistir nuevas regulaciones.

Pero nadie dice al final las cosas como son. Muchas veces, las mismas empresas piden regular. A las empresas grandes les conviene regular, porque con eso evitan que las chicas se les metan por el costado. Y las burocracias encuentran, al final, en las regulaciones, en las leyes, en las resoluciones y en los decretos detallados, su razón de ser. Contra eso debemos dar la batalla.

¿Volvería a trabajar en un gobierno, si lo llaman en 2025?

Primero, como le dije al presidente en una carta, es un honor que me haya llamado y además la confianza que depositó en mí. Eso para mí está por encima de todo. Y más allá de eso, ciertamente siento alegría de haber estado aquí, de haber podido contribuir en algo en un momento complicado, de haber puesto mi experiencia, que espero haya servido para algo en esos momentos. Siento alegría también por el trabajo, el compromiso de los funcionarios de la OPP, que dejaron todo y siguen dejando todo. Y eso al final del camino es lo que a uno le queda. Por lo menos me voy tranquilo. Ahora, ciertamente también el tiempo pasa. También saben, el equipo y demás, que si algún consejo o alguna cosa precisa de mi opinión, solo me llaman por teléfono y voy a dar mi opinión, como siempre. ¿Si volvería? He dicho que no y miren cómo terminé. Yo espero que no. Pero bueno, la verdad sea dicha, no voy a decir nunca más “no se ha de beber de esta agua”, porque ya lo he dicho y terminé bebiendo. Pero espero nunca más beber esta agua.