El sector agroindustrial uruguayo enfrenta fuertes desafíos, dado que, a partir del próximo 30 de diciembre, la Unión Europea (UE) no permitirá la importación de productos que hayan provocado deforestación o degradación forestal durante su producción. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se está preparando para ello. En el pasado abril realizó una prueba piloto con una primera exportación de chips de madera uruguaya bajo los estándares de la nueva reglamentación europea. Para ese envío, realizó un proceso de georreferenciación y geolocalización de los establecimientos de donde se extrajo la madera para los chips y una evaluación para determinar que no existió deforestación desde el año 2020, que es el plazo requerido por la normativa europea, según el MGAP. Algo similar se deberá hacer con otras producciones que se quiera exportar a la UE. El País entrevistó a Carlos Faroppa, director general forestal del MGAP, quien fue categórico al afirmar que las nuevas condiciones de la UE no garantizan que los países mejoren en sustentabilidad como afirma el bloque. Además, puso foco en que cumplir con esos protocolos elevará los costos en este país, pero que el tema “precios” no está siendo contemplado por la UE. “Los compradores ponen sus condiciones”, dijo el ingeniero. Aquí un extracto de la entrevista.

— ¿Cuál es la situación del sector forestal en este país?

— El sector maderero encontró su madurez. Luego de más de 35 años de ley forestal, estamos en una nueva fase de desarrollo. Tuvimos una etapa de exportación de madera en rollizos, luego chips y más adelante celulosa. Ahora estamos yendo hacia productos más elaborados en bioeconomía y también hay procesos de inversión importantes con industrias de gran porte de madera aserrada, sólida o de bobina que se van a instalar en Treinta y Tres, Melo, Rivera. Varios proyectos están en construcción o en proceso de aprobación para instalarse, que representan entre US$ 300 millones y US$ 400 millones de inversión industrial para los próximos tres años.

— En ese contexto, uno de los desafíos de Uruguay es prepararse para las nuevas exigencias que ha definido la Unión Europea para la compra de productos. ¿Cómo avanza Uruguay en esa materia?

—Podemos presentarnos ante el mundo como un país libre de deforestación, y así vamos a intentar manejarnos con la Unión Europea y sus nuevas restricciones. Creo que lo más válido de Uruguay es que conserve sus condiciones para que se sigan desarrollando sus sectores. En la medida en que no haya cambios en las normativas acá, habrá más desarrollo forestal, agrícola y tecnológico, teniendo en cuenta que Uruguay a lo que apunta es, más que a la conservación, a la sustentabilidad, y eso nos pone en mejores condiciones ante la Unión Europea. La sostenibilidad de los sistemas de Uruguay es lo más importante. Por eso Uruguay tiene un bosque nativo reservado y creciente. Es uno de los pocos casos del mundo donde este tipo de bosque ha crecido. También tiene un marco normativo acorde y planes de uso de manejo adecuado del suelo.

—¿Eso quiere decir que estamos preparados para las condiciones de la Unión Europea, que comenzarán a regir el próximo 30 de diciembre?

—El MGAP tomó decisiones sobre en qué camino vamos. Desde que el Parlamento de la Unión Europea votó este protocolo, Uruguay está preparando su base documental a través de este Ministerio, que la va a poner a disposición. Uruguay ya tiene una buena base de información de todos los bosques nativos registrados y mapeados, planes de uso y manejo de suelos, trazabilidad ganadera, de dónde viene el vacuno, si viene de un lugar libre de deforestación, si cumple con las razones sociales y los beneficios económicos o fiscales.

Leonardo Maine

—¿Cómo van a sistematizar toda esa información?

—Lo que se va a generar con el aporte de Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el trabajo del MGAP es una plataforma donde se junte la información, que va a decir si esa carne, cuero, soja, madera o celulosa que se quiere vender al mercado europeo, viene de lugares que no se deforestaron y cumple sostenibilidad mental, social y económica. Ese es nuestro trabajo.

—¿Se puede decir que Uruguay ya cumple todas esas exigencias y que solo queda formalizarla o comprobarla ante la Unión Europea?

—Lo que tenemos que hacer es unificar la información, pero sí ya se cumplen o se van a cumplir las exigencias. Puede ser que alguien no las cumpla, porque en ésto están los productores privados que exportan, por lo que habrá un padrón separado para quienes no puedan cumplir con las exigencias. Pero en general, se cumplen. El productor va a obtener un certificado del MGAP, toda la información sobre la planta de celulosa, la planta de silos, el frigorífico o empresa que sea, que se procesa con los datos del predio, las constancias de libre deforestación, o la trazabilidad ganadera. Eso lo debe hacer cada empresa.

—Los productores han señalado que las exigencias de la Unión Europea son “excesivas”. ¿Usted cómo las ve?

—Considero que, a diferencia de los que dice la Unión Europea, estas nuevas exigencias no ayudan a la preservación. La preservación tiene que venir por otro lado: por el intercambio tecnológico y la asistencia técnica y económica. Por otra parte, si yo-empresa hago todo esto que me piden, ¿me van a bonificar el precio? No, ni siquiera eso. Lo que están haciendo (las empresas) es tratar de juntar las bondades de años de trabajo para poder seguir exportando. La Unión Europea no se está fijando en las reglas que pone, que no son reglas claras, porque no hizo protocolos. Dejó libre a que cada país haga su presentación, pero hay mucho sin aclarar. Uruguay ya definió todo el esquema teórico y ahora pasamos al esquema práctico de instrumentación de cómo va a ser esta plataforma con la ayuda de INAC. Será muy complejo, porque cada vez que salga un embarque, por ejemplo de carne, va a tener que llevar una cantidad de información detrás de esa producción.

—¿Esos procesos agregan burocracia, que es justamente lo que se quiere recortar acá?

— Claro que sí. Es impuesta de afuera, pero sí va a agregar. Y en realidad, es un costo. El gobierno decidió -y el Ministro de Ganadería en particular-, que la primera etapa, que es la del certificado predio a predio, va a tener un costo que lo asume el Estado. Y los pasos siguientes van a ser costos para las empresas. Ahí aumentarán los precios de exportación. Hoy por hoy lo que la unión Europea va a decir es si el producto entra o no entra al mercado. En el futuro, veremos si hace una diferenciación de valor de precio en los mercados.

—¿Podría llegar a haber alguna consideración sobre el precio que acompañe las nuevas exigencias?

—No puedo decir cómo van a evolucionar las cosas y qué va a pasar en cuanto a las ganancias acá. El problema ahora es la consideración de que no son condiciones de protección ambiental lo que están haciendo. En realidad, son otro tipo de protección y no nos prometen mejor precio. La Unión Europea pone más condiciones y no dice nada del precio.

Leonardo Maine

— Usted dice que las nuevas condiciones no aseguran sosteniblidad ambiental, ¿qué buscarían, entonces?

—Esto es parte de una política que se ha ido fijando la Unión Europea, autoimpuesta hacia adentro, con agendas 2030 y 2050. Y la traslada a sus importaciones. No negamos que haya ese interés, pero, si uno recuerda un discurso de Macron con Lula, en el cual dice que el acuerdo de Mercosur-Unión Europea es antiguo y que hay que ponerle un componente ambiental, en realidad lo que están haciendo es proteger a sus productores. Pero, bueno, si Uruguay está en buenas condiciones, y lo está, intentemos llegar a esas exigencias con todo lo que tenemos: con el bosque nativo, leyes de preservación, inversiones, registros, mapeos. Tenemos una trazabilidad que no tiene nadie en el mundo, que no sé si alguien la paga, sí la calidad, pero es un bien enorme de Uruguay. No tenemos tasa de deforestación, y si la tenemos, es mínima. Por eso es que también consideramos que cuando entremos en el mercado europeo bajo las nuevas exigencias, si bien todos vamos a entrar con un nivel de maestría igual, Uruguay va a ir bajando el nivel de riesgo rápidamente, en función de la información que va a ir suministrando.

—¿Eso nos dará una ventaja comparativa en relación a muchos otros países?

—Consideramos que hay una oportunidad, pero el tema del precio que nos queda claro porque las condiciones las pone el comprador. Lo primero que va a decir es, “¿usted me puede vender o no me puede vender?” Y el precio se verá en la medida que haya quienes empiecen a no cumplir y si hay volúmenes faltantes. De repente ahí sí habrá aumento del precio. Pero ahora no hay una política de incentivos o de precios en la Unión Europea. Por más que el consumidor final, digamos en Amsterdam, vea que un producto tiene cero deforestación y de repente pague más por éste, eso no se reflejará acá bajo las condiciones de la Unión Europea. No todavía.

—¿Piensa que comenzará a regir desde el 1 de enero considerando que aún se están definiendo muchas cosas en la Unión Europea?

—Comienza a regir en esa fecha, sí. Lo que todavía no se sabe es cuál será organismo verificador del bloque y hay países muy disconformes. Australia ya planteó la queja para una postergación. Estados Unidos, más o menos, la pidió también. Y nosotros estamos trabajando para llegar a tiempo, porque lo peor que nos puede pasar es no llegar. Cumplir los protocolos no nos garantiza mejor precio, como dije, pero sí que podamos entrar al mercado europeo sin problemas.