La frase “Uruguay es caro” sigue generando polémica y diversas preguntas. La discusión surge a partir de una convocatoria del Banco Central (BCU) para analizar el nivel de precios en el mercado local, a la que se presentaron dos trabajos de investigación: uno del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y otro de CPA Ferrere. A partir de esos estudios, El País recogió opiniones de representantes de asociaciones y cámaras empresariales. A esas y otras inquietudes sobre la investigación del CED, responde el economista del CED Ignacio Umpiérrez, en entrevista con El País. Umpiérrez fue uno de los autores de dicho estudio junto a Deborah Eilender, Ignacio López, Flavia Roldán y Agustín Iturralde.

— ¿Qué repercusión tuvo los resultados del estudio del CED?

—La recepción fue positiva, porque es un tema poco abordado de esta forma en Uruguay. Niveles de precios es un concepto que se lo asocia mal a la inflación. Y no necesariamente los países caros tienen problemas de inflación, o viceversa. Es bueno distinguir la inflación de los niveles de la formación de precios en los mercados. Por eso el informe despertó receptividad. La riqueza del informe es también que analiza el tema de los precios desde el punto de vista microeconómico.

— En El País recogimos opiniones sobre el informe del CED y varios entrevistados plantearon que, como Uruguay es un país pequeño, tiene un problema de escala que encarece los precios finales, sin que se pueda hacer mucho al respecto. ¿El problema de escala es insalvable?

—El tema de la escala podría ser un punto compartible. Sin embargo, si Uruguay es caro en bienes transables (aquellos que se comercian con el exterior), la escala no es uno de los factores principalmente determinantes en las diferencias de precios entre países. Es decir, que sea caro en esos casos puede deberse a temas impositivos, arancelarios, tarifas, a los costos de distribución o de la cadena logística, o a la formación de precios a nivel salarial, que termina poniendo más o menos rigideces a los precios o márgenes de las empresas. También puede ser por barreras no arancelarias, que afectan la formación de precios en algunos mercados, entre otros aspectos. Por eso, el tema de la escala del país en los bienes transables no es uno de los factores principales a la hora de explicar diferencias de precios. Sí es más relevante en servicios o bienes no transables.

—Representantes de la Cámara de Industrias (CIU) dijeron a El País que el estudio del CED debería haber puesto foco en los temas de mayor peso que ellos entienden que llevan a que Uruguay sea caro: el tamaño del Estado, las pérdidas que origina Ancap o el precio de los combustibles. Y no entienden porqué ustedes se enfocaron, por ejemplo, en el análisis del precio de la pasta de dientes u otros productos que ven como “problemas menores”.

—Nuestro trabajo se enfocó, básicamente, en los bienes transables. Hay muchos servicios en Uruguay que pueden verse afectados en su formación de precios por un montón de ineficiencias como las que ellos mencionaron, pero cuando uno cruza la frontera, ve la diferencia de precios entre uno y otro lado, y ahí el “costo país” no explica esa diferencia. Por eso tenemos que ver en los fundamentos microeconómicos el por qué está esa diferencia de precios. Nuestro trabajo no se enfocó en servicios, los sí pueden estar más afectados por ineficiencias del sector público, sino en bienes transables. Y la diferencia de esos precios la vemos en la pasta de dientes, la mayonesa, o en un café. Ahí no hay un tema de costo país por detrás. No analizamos el mercado de los combustibles, de la salud o la educación, o servicios no transables.

—¿El tamaño del Estado, las burocracias, impuestos, tarifas, aparecen en el estudio como factores que, directa o indirectamente, terminan encareciendo el producto final?

—Sí, hay tres derivadas de política pública del trabajo realizado. Uno de los factores que encontramos como estadísticamente significativos, tiene que ver con barreras no arancelarias. Y ahí, la decisión de que existan estas barreras, es una decisión de política pública. En particular, estoy hablando de los registros sanitarios a la hora de importar los productos, que afecta la formación de precios, en función de la intensidad de la competencia en esos mercados y la cantidad de importadores. Otra debilidad de política pública es que los desvíos en los precios tienen impacto negativo en el valor de precios agregados a la economía. Parece obvio, pero lo ratificamos. Además, esos impactos son regresivos desde el punto de vista de la distribución del ingreso, porque la mayor parte de los productos donde Uruguay es más caro es en alimentos y productos de tocador, en los cuales los hogares de ingresos más bajos consumen la mayoría de sus ingresos. Y la tercer derivada de política pública tiene que ver con un tema de competencia. Uruguay debería promover una mayor competencia, ya que en la comparación con estándares internacionales, estamos con niveles de concentración en los mercados de moderados a elevados. Me refiero a concentración a nivel de importador, a la cantidad de empresas o share de las empresas en los niveles de importación. Eso no es ni bueno ni malo, pero cuando hay restricciones con los registros sanitarios y otras cosas, son indicios de que se deberían incentivar prácticas que promuevan una mayor competencia en estos mercados, y que impacten positivamente a nivel de precios.

—Algunos comerciantes señalan que existen pocas marcas en el país, y la Asociación de Supermercados (ASU) dice que hay pocos proveedores, ¿qué arroja el estudio sobre eso?

—Estoy de acuerdo con que hay pocos proveedores para los productos transables, sobre todo en los de tocador e higiene personal. Las marcas no son muchas, tampoco en el mundo. En general, no hay una gran variedad de marcas. De hecho, como las preferencias de los consumidores por esas marcas son altas, hay pocas; es el propio mercado el que regula la cantidad de marcas. Pero, eso no significa que tengan que existir pocos proveedores, importadores o distribuidores. Notamos que la competencia es menos intensiva a nivel importador.

—¿Hay pocas marcas, básicamente, porque las multinacionales han ido comprando a las nacionales, u otras razones?

—Probablemente pueda ser esa una razón, y también la preferencia de los consumidores. En general esas empresas realizan grandes inversiones en promocionar sus productos y, por ende, los consumidores van adquiriendo preferencias y desarrollando una relación con determinadas marcas. Por otra parte, si bien las marcas son pocas, también es cierto que hay mucha variedad dentro de cada una. Es decir, una pasta de dientes de una marca determinada, tiene variedades muy grandes de productos para distintos niveles de ingresos, con diversas especificidades. Lo que se podría hacer es incentivar que más importadores traigan las mismas marcas.

—¿Qué pasará de ahora en más con el informe?

—El tema de los precios en Uruguay va a estar en la campaña electoral y es de debate público. El tema de la competencia también debe abordarse con mayor énfasis desde la política pública, independientemente del signo de gobierno. De este informe pusimos fragmentos en un documento que presentamos a todos los partidos políticos, y esperamos aporte al debate.

—Las leyes no sancionan el dominio de un mercado, sino el abuso de posición dominante. ¿Ven que las grandes marcas “apabullan” a las demás en la dinámica del mercado?

—Estoy de acuerdo en que ni la concentración de mercado per se es un problema de la competencia, ni que los acuerdos de exclusividad entre privados, es decir entre las empresas productoras y distribuidoras per se, son un problema de competencia. Simplemente, hay que mirar todos los eslabones de la cadena y donde se ve que hay menos intensidad de la competencia es en el eslabón importador. Allí podrían generarse incentivos para promover que más distribuidores o importadores puedan traer las marcas desde distintos lados. Los acuerdos de exclusividad no son buenos o malos en sí, sino la barrera de los registros sanitarios que se exigen.

—¿Esa sería una solución a ese problema, entonces?

—No lo pusimos en el informe, pero algo que pensamos que podría incentivar el mercado es que, cada vez que un producto esté registrado en Uruguay, no necesariamente cualquier importador que lo quiera ingresar, tenga que volver a registrarlo (registro sanitario) en nuestro país. Eso podría ser un incentivo a que más importadores puedan establecerse en este mercado.

— Otro tema que plantearon involucrados en el proceso de comercialización, es que el Laboratorio Tecnológico (LATU) demora mucho en otorgar certificaciones y que no siempre las ven necesarias. ¿Qué surgió en la investigación de ustedes al respecto?

—Esa es otra derivada de política pública. En Uruguay en general hay un enfoque de controles sanitarios ex-ante. Es decir, se controla la mercadería antes de que ingrese al país y antes de comercializarla. Un cambio interesante que se podría hacer y aplican otros países, como la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, por la sigla en inglés) en Estados Unidos, son controles ex-post. Esto es, el importador entra la mercadería, realiza una declaración jurada sobre el producto haciéndose responsable, y puede venderla. La autoridad sanitaria realiza solo controles posteriores. Si se incumple la normativa, aplican sanciones. El ex-post facilita procesos.

Aunque la mayoría de la población y empresas en el país comparten la percepción de que “Uruguay es caro”, hay quienes consideran que no es tan así, considerando el nivel de vida que se tiene en el país.

Al respecto, Umpiérrez afirmó: “Estoy de acuerdo en que un país es caro o barato respecto a algo, es decir, se debe medir generalmente en términos relativos. En ese sentido, el enfoque de nuestro informe tuvo como marco teórico la ‘Ley de un solo precio’, que dice que el precio de un bien transable (es decir, que se comercializa con el exterior), debería valer lo mismo en distintas partes del mundo, en ausencia de barreras comerciales o restricciones al comercio. Sabemos que eso no pasa y que hay desvíos a esa ley. Ahí investigamos, entonces, cuántos y cuáles son esos desvíos en el caso de Uruguay. Y en general encontramos desvíos con la mayor parte de los países que conformaron la muestra, que fueron 43 países, entre emergentes y desarrollados. Confirmamos así que ser caro es un problema de Uruguay”.

Otra inquietud que recabó El País -en este caso, de parte del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu)- es que, desde que el producto ingresa al país a la venta al consumidor final, en ese tránsito “todos pellizcan”, es decir diversas entidades cobran por cada pasaje: del mayorista al minorista, las intendencias si el producto va al interior, y otros pasos intermedios.

Consultado sobre ese proceso, Umpiérrez respondió: “Esa parte del mercado, entre que se importa y se comercializa el producto al público final, escapa a la investigación que realizamos en el CED. No podemos reconstruir la cadena por un tema de falta de acceso a esa información. Pero probablemente haya un potencial problema de doble marginalización a lo largo de la cadena. Y es probable que mercados que ya tienen problemas en la intensidad de la competencia en su fase inicial, esos problemas se arrastren en toda la cadena”.

No descartó que en el CED realicen otros trabajos enfocados en mercados no transables, en los que la formación de precios tienen mucho que ver más directamente con ineficiencias del sector público, o temas impositivos, entre otras debilidades estatales.