IMPUESTO A LA RENTA MUNDIAL

Ayer culminaron las negociaciones sobre la reforma del sistema tributario internacional que establece que las empresas multinacionales estarán sujetas a una tasa impositiva mínima del 15% a partir del año 2023 y además se definió la forma de cómo gravar la economía del conocimiento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), coordinadora del proceso, dijo en un comunicado, que el “acuerdo histórico” recibió el respaldo de 136 países (incluido Uruguay) y jurisdicciones “que representan más del 90%” del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Asimismo, la OCDE manifestó que con la reforma se reasignarán “más de US$ 125.000 millones de ganancias de alrededor de 100 de las empresas multinacionales más grandes y rentables del mundo” a otros países, “asegurando que estas empresas paguen una cuota justa de impuestos dondequiera que operen y generen beneficios”.

En la recta final de la negociación, la iniciativa recibió el apoyo de países que se habían mostrado reticentes, tales como Irlanda, Estonia y Hungría. Solo cuatro de las 140 jurisdicciones involucradas no se adhirieron finalmente: Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka.

La reforma sobre una nueva fiscalidad internacional de las empresas multinacionales se desglosa en dos pilares. Un impuesto de sociedades mínimo del 15% para aquellas empresas que facturen más de US$ 867 millones y una medida para que los ingresos abonados por las grandes empresas lleguen a los países donde obtienen sus beneficios y no donde tienen su sede social. Esta última medida se aplicará a las multinacionales cuya facturación mundial supere los US$ 23.000 millones y cuya rentabilidad sea superior al 10%.

“El acuerdo global de impuesto mínimo no busca eliminar la competencia fiscal, pero le impone limitaciones acordadas multilateralmente, y hará que los países recauden alrededor de US$ 150.000 millones en nuevos ingresos anuales”, indicó la OCDE en el comunicado.

“Esto es el fin de los paraísos fiscales y el principio de la cooperación”, afirmó consultado por El País, el asesor internacional en tributación Alberto Barreix. Este uruguayo, forma parte de los técnicos dentro del Foro Global de Transparencia Fiscal desde 2009 y también participó del proceso que terminó ayer en el acuerdo como parte del grupo técnico.

Este acuerdo llega en una semana donde Uruguay fue incluido por la Unión Europea (UE) en una lista de países que se comprometieron a eliminar régimenes nocivos en materia tributaria. La discusión para salir de esa lista se centró en si Uruguay debe ir a un criterio de renta mundial, donde se graven las rentas de aquellos residentes fiscales (empresas y personas) en todo el mundo y no solo las que se generan en el país. Eso ocurre con las rentas personales de capital mobiliario (Uruguay grava las que se generan fuera) pero no con el resto.

Ayer el presidente Luis Lacalle Pou consideró en rueda de prensa que “cada país debería impulsar la base tributaria que sea mejor para sus ciudadanos” y agregó que aunque actualmente en Uruguay tributan las personas “que están dentro” del país, “uno no es una isla en el planeta”, en alusión a la tendencia de algunos países de ir hacia una renta universal. Sin embargo, un funcionario de la Unión Europea dijo a El País desde Bruselas el miércoles que “la característica nociva del régimen es que la legislación uruguaya no exige que las empresas cumplan con los requisitos de sustancia, ya sea por ingresos nacionales o por ingresos generados en el exterior”.

Consultado al respecto, Barreix dijo que Uruguay permite que empresas extranjeras realicen “el uso de regalías, sin tener sustancia”. Es decir, empresas extranjeras que ponen en firmas subsidiarias locales las regalías que generan por sus marcas por ejemplo.

Para superar el pedido de la UE y adaptarse al nuevo esquema tributario global (al que Uruguay adhirió), el tema de ir a un criterio de renta mundial o local no es el problema. De hecho, Barreix recordó que “la gran mayoría de los países de OCDE no tienen renta mundial en empresas. Pero sí en personas físicas”.

Por eso, lo que hay que entender es que “esto no es un tema de política fiscal, la política fiscal es negociable. La territorialidad se negocia. Yo recomiendo que no, pero Uruguay la podría mantener”, explicó Barreix.

“Uruguay debe entender, que la política fiscal es negociable. Lo que no es negociable es la transparencia”, aseguró.

Ahí es donde Uruguay tendrá que procesar cambios como el tema de la sustancia de algunas empresas que marca la UE o el hecho de fijar un precio de transferencia ficta en el trading granos, algo que ha reclamado Argentina.

Los otros aspectos que tendrá que analizar Uruguay son los relacionados a los regímenes promocionales para atraer inversiones y las zonas francas.

El País intentó ayer tener la posición del Ministerio de Economía y Finanzas sobre estos temas pero no tuvo respuesta. (Con información de EFE y AFP).