OMC
Cinco delegaciones hicieron planteos ante Comité de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El gobierno respondió y defendió la medida.
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El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio -que funciona dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC)- se encarga de que las normas y procedimientos de cada país “no sean discriminatorios ni creen obstáculos innecesarios” para las transacciones de mercancía.
Dicho órgano recibió durante 2019 planteos de cinco países -entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea (UE)- acerca de la disposición de etiquetado obligatorio de alimentos con exceso de sodio, grasas o azúcares, que comenzará a regir en Uruguay desde marzo.
Según los documentos que hizo públicos la OMC, el tema fue tratado en las tres reuniones del Comité durante el año pasado, presentando Uruguay sus argumentos a favor de la medida. Fuentes al tanto del asunto, informaron a El País que el tema no está en agenda para la próxima reunión que se realizará en marzo, lo que significa que los países que presentaron la queja quedaron conformes con la respuesta del gobierno o que analizan derivar su reclamo a otro órgano.
La norma en cuestión es un decreto que emitió el Poder Ejecutivo en agosto de 2018, considerando “la fuerte escalada del sobrepeso y la obesidad en todos los grupos etarios”, así como que se duplicó en los últimos años la venta de alimentos con excesiva cantidad de azúcares, sal y grasas, al tiempo que se triplicó la comercialización de bebidas azucaradas. “La evidencia científica señala que es necesaria la implementación de medidas tanto educativas como regulatorias”, indicaba el texto.
El sector industrial se opuso al etiquetado obligatorio, expresando que encarecía los costos de producción e importación, además de que afectaba a exportadores que debían realizar un packaging específico de un producto para cada país. Es que Uruguay optó por seguir el modelo chileno de etiquetado y no alineó las disposiciones con las vigentes a nivel del Mercosur, que establecen un semáforo que indica el riesgo de cada alimento.
Estos mismos argumentos fueron planteados por delegaciones de países miembros en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de OMC.
En la reunión de noviembre, el delegado de Estados Unidos sostuvo -según figura en las actas- que apoyan “los objetivos de salud pública” que persigue el etiquetado obligatorio en Uruguay, pero tienen “varias preocupaciones”.
Planteó que “el decreto puede contribuir a la confusión del consumidor y Uruguay no parecería haber considerado alternativas menos restrictivas del comercio”.
En ese sentido, Estados Unidos pidió al gobierno que “considere si los símbolos de ‘señal de stop’ octogonales en blanco y negro requeridos, y el requisito de que los símbolos deben contener las iniciales MPH además de la declaración de que el producto está en ‘exceso’ de un determinado nutriente, puede hacer que los consumidores eviten productos que podrían ser parte de una dieta equilibrada, como alimentos y bebidas endulzados bajos en calorías y sin calorías”.
Además, el acta dice que “nuevamente” ese país “instó a considerar si los esquemas de etiquetado alternativos o un enfoque voluntario podrían proporcionar a los consumidores información similar de una manera menos onerosa y costosa para los productores y al mismo tiempo lograr el objetivo de salud válido de Uruguay”.
En la misma reunión de noviembre, el represente de Costa Rica ante el Comité “apoyó las preocupaciones” de Estados Unidos, al tiempo que “cuestionó la base científica del sistema de etiquetado de Uruguay”.
La nación centroamericana reiteró un pedido hecho en instancias anteriores: que la discusión se realice “en el contexto del Codex Alimentarius”, que unifica normas y disposiciones sobre alimentos y funciona dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En encuentros previos del órgano que se reúne tres veces al año, habían expresado su preocupación sobre la norma de etiquetado obligatorio de Uruguay las delegaciones de la UE, Colombia y Guatemala.
En el caso de Colombia, uno de los documentos entregados por Uruguay aclara que hubo una reunión bilateral y se procedió al “retiro inicial de esta preocupación”.
Una fuente del ámbito comercial explicó a El País que se busca que en el Comité de Obstáculos Técnicos “haya un intercambio de información y respuestas de consultas entre los miembros, para llegar a una solución o si no los reclamantes pueden llevar al asunto al Consejo de Mercancías” -tercer nivel de gobierno dentro de la OMC, integrado por todos los miembros y que preside temporalmente Uruguay-.
En última instancia, pueden recurrir al Órgano de Solución de Diferencias de OMC, un tribunal de arbitraje que está paralizado desde diciembre por el bloqueo de Estados Unidos.
En una respuesta elevada al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio el 23 de julio pasado, el gobierno uruguayo defendió los efectos del etiquetado obligatorio de ciertos alimentos así como los procedimientos utilizados para la elaboración de la normativa.
“La base científica considerada para la medida es la proporcionada por la autoridad sanitaria regional, OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud), cuya autoridad al respecto no debe ser puesta en duda”, señaló Uruguay.
También se explica que aunque a nivel mundial “se han desarrollado diversos sistemas de rotulación nutricional frontal”, no existe “consenso sobre cuál es el mejor”, por lo que el método elegido por Uruguay “se basó en un elevado número de estudios nacionales, con participantes de distintos grupos etarios y nivel socio-económico”. El sistema adoptado “obtuvo resultados superiores a otros”, mencionando el “semáforo” que adoptó el Mercosur y otros como el francés (etiquetado nutricional de cinco colores) y el australiano (calificación con estrellas).
En respuesta a Costa Rica, el gobierno expresó que “reconoce al Codex Alimentarius como la principal referencia normativa internacional en materia de alimentos”, y allí se prevé “la inclusión de información nutricional suplementaria, tal como se plantea en la normativa” local.
En el documento presentado ante el Comité, se afirma que “el rótulo frontal permitirá a los ciudadanos seleccionar alimentos de forma informada para alcanzar una dieta saludable y equilibrada”. Tras conocerse que el control de esta medida no será prioridad del nuevo gobierno, según informó El Observador, la diputada frenteamplista y exsubsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, pidió que “la industria no gane”.
Los planteos en el comité de la OMC.
Pidió a Uruguay “considerar si los esquemas de etiquetado alternativos o un enfoque voluntario podrían proporcionar a los consumidores información similar de una manera menos onerosa y costosa para los productores y al mismo tiempo lograr el objetivo de salud”.
Costa Rica pidió que la discusión sobre temas de etiquetado de alimentos se realice dentro del Codex Alimentarius, un código que unifica normas y funciona dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Colombia, junto a la Unión Europea y Guatemala fueron otras delegaciones que mostraron “preocupación” por la normativa de etiquetado en reuniones previas del Comité de OMC. En el caso de Colombia, hubo una reunión bilateral con Uruguay y retiró el planteo.
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