Las proyecciones sobre el impacto del cambio climático en la macro-economía de los países son desalentadoras en todo el mundo, y Uruguay no es una excepción.

Según Christopher Evans, economista del Fondo Monetario Internacional (FMI) -quien disertó en las XXXIX Jornadas del Banco Central (BCU) del pasado jueves-, la mayor repercusión del fenómeno climático en el país es por las sequías, mucho más que por las inundaciones que también ocurren, según la época.

Las sequías le costaron a Uruguay al menos el 1% del PIB en los últimos cuatrimestres de 2022 y 2023, según un estudio del FMI sobre el país. Las pérdidas son aún mayores si se toman otros estudios realizados en esta materia, como uno del Banco Mundial, que -basado en un modelo diferente al FMI- determinó que la sequía histórica de 2023 (medida en términos anuales) impactó el 2% del PIB de Uruguay.

“Proyectamos que el efecto podría llegar al 2,4% del PIB en unos años, si no se toman medidas”, lanzó Fernando Giuliano, economista para Uruguay del BM, también ponente en el citado evento.

En términos generales, el BM afirma que los efectos negativos de las sequías podrían aumentar un 20% en Uruguay en los próximos años, aunque esto dependerá también de otros factores.

Giuliano aclaró que las sequías suelen disminuir el PIB anual un 0,2%, pero una vez cada 40 años, la caída del PIB supera el 2% en el país.

“La caída del PIB obedece a la baja del valor agregado del sector agropecuario, que en promedio desciende 2,1% y, cada 40 años, en más de 17%”, afirmó. “Esto se traduce en una caída de las exportaciones de un 0,5% en promedio, y de más de un 4,5% cada 40 años”, agregó el economista.

Explicó que el daño de la sequía es más agudo en la agricultura (por la afectación de los cultivos de estación), pero es más persistente en la ganadería (por vacunos que no nacen).

Según el modelo económico que maneja, el 87% de las pérdidas ocurre en el primer año de la sequía y el resto en el segundo. Y en el caso de la ganadería, el 60% de las pérdidas se dan en el primer año, 30% en el segundo y 10% en el tercero.

Lo cierto es que, en los últimos 20 años, muchos países sufrieron precipitaciones por debajo de la media histórica, lo que ocasionó anomalías recurrentes en el agua disponible de los suelos. En esa línea, Evans señaló que Uruguay es similar a Nueva Zelanda: ambas son economías pequeñas y abiertas al mundo, con un sector agrícola importante y sequías que las afectan.

“Para estos países, recomendamos políticas para mejorar la sostenibilidad del agua”, como forma de mitigar impactos negativos a futuro, apuntó el economista del FMI.

Los expertos diferencian dos tipos de riesgos en relación al cambio climático: los “riesgos físicos” (que son fundamentalmente las sequías y las inundaciones) y los “riesgos de transición” (aquellos cambios en los mercados que se generan a partir del impacto climático, como, por ejemplo, negocios que surgen con el eje en las energías renovables, la creación de impuestos a los combustibles fósiles, o normativas en este tipo de sectores).

Andrea Barón, analista económico del BCU, planteó que los riesgos de transición vinculados al cambio climático representan retos en términos de estabilidad financiera, en la medida en que las carteras de préstamos de los bancos podrían estar muy expuestas a sectores vulnerables.

La analista hizo foco en metodologías que ha desarrollado el BCU para medir la exposición de Uruguay al riesgo de transición en términos de PIB, exportaciones y crédito, llegando a la conclusión que esta exposición, en términos del PIB, es alta. De hecho, casi todos los sectores de la economía nacional son vulnerables al cambio climático, desde el agroindustrial, a las exportaciones de bienes y créditos bancarios.

“La incertidumbre que implica la transición a una economía con bajas emisiones de carbono introduce nuevos retos a los bancos centrales a la hora de estimar el producto potencial, la brecha del producto y la inflación”, detalló.

Asimismo, señaló que en los últimos años se ha dado una creciente atención a los riesgos climáticos en los análisis de estabilidad financiera de los bancos centrales. En Chile, el Índice de Estabilidad Financiera (IEF) de 2022, que analizó la exposición financiera a sectores con alta huella de carbono, encontró que el 42% del crédito comercial se encontraba expuesto a estos sectores. Y en Brasil, el IEF evaluó la exposición de la cartera de crédito a riesgos de transición basándose en las emisiones sectoriales, y halló que el 8% de la misma estaba en riesgo.

Lo cierto es que las actividades pueden verse afectadas positiva o negativamente en una transición desordenada hacia una “economía verde”.

Barón señaló así la importancia de ir “modelando” sobre estas realidades -quizás más que otros países, considerando el alto grado de exposición al impacto del cambio climático en la economía nacional- y planteó “seguir trabajando para elaborar una taxonomía verde, que servirá a los inversores”, afirmó.

Cabe agregar que el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Uruguay corresponde a la agricultura, a diferencia de la mayoría de los países en los que están vinculadas al sector de la energía.

“Las proyecciones económicas deben considerar cada vez más los riesgos del cambio climático, porque así se pueden definir mejor las políticas públicas”, instó Juan Labat, coordinador del área Ambiental del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien ofició de moderador en el evento del BCU.

Sin embargo, a la hora de hacer proyecciones, las variables vinculadas al medio ambiente aún no están siendo evaluadas con el peso de otros valores de la macroeconomía (como inflación, tasas de interés, etcétera), advirtió Giuliano. “Se requieren más análisis sobre riesgos de cambio climático en los informes de la institucionalidad fiscal en Uruguay”, ejemplificó. Esto es, evaluaciones periódicas que tengan en cuenta las sequías.

Por su parte, Serafín Frache, profesor e investigador de la Universidad de Montevideo (UM), destacó los avances de Uruguay con la firma del Acuerdo de París en 2015, la creación del Ministerio de Ambiente en 2020 y la definición de una Estrategia Climática Nacional a largo plazo en 2021, y el lanzamiento de un bono indexado a resultados climáticos en 2023. En ese contexto, mencionó que existen herramientas para desarrollar políticas alternativas que protegen la productividad de los nuevos shocks ambientales.

De acuerdo a un modelo sobre las emisiones en Uruguay que desarrolló con su equipo, Frache afirmó que “las emisiones de gases caen según sean las inversiones y el ordenamiento de políticas”, las que incluyen los incentivos que se puedan definir. Es decir, los crecimientos sectoriales proyectados varían según los escenario de inversión.

Hizo referencia a los “paquetes de baja inversión” (como los fertilizantes no contaminantes) y los de “alta inversión (como la movilidad eléctrica de transporte masivo) a los que se puede recurrir. La innovación puede mitigar impactos climáticos y económicos negativos, como por ejemplo, las técnicas avanzadas para un buen manejo del riego de los suelos, o para conseguir mejores semillas.