Políticas ineficientes sin medición, falta de transparencia en el proceso de selección de personal y decisiones no ajustadas a Derecho, fueron algunos de los principales riesgos señalados por una unidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la operativa del Instituto Uruguay XXI.

El informe -realizado por la Auditoría Interna de la Nación (AIN), unidad ejecutora del MEF- señaló que la agencia responsable de la promoción de exportaciones, inversiones e imagen país, Uruguay XXI, tiene “debilidades” en algunos aspectos de su funcionamiento, las cuales “deberá a la brevedad” corregir para mitigar su “importante nivel de riesgo”.

La auditoría fue realizada en diciembre de 2022 con el objetivo de evaluar el grado de avance de las acciones implementadas por Uruguay XXI, luego de que en 2020, una auditoría de la AIN encontrara que el organismo presentaba debilidades que suponían un riesgo “alto” y “medio” y que debían ser atendidas.

En ese entonces, la auditoría había informado sobre cuatro hallazgos en los que Uruguay XXI debía adoptar medidas para mejorar. Más de dos años después, la AIN concluyó que de los cuatro aspectos señalados, el organismo implementó las acciones previstas solo en uno de los casos; en otros dos aspectos lo hizo de forma parcial; mientras que en otra no implementó ninguna modificación.

El primer hallazgo que había sido señalado por los auditores en 2020, ponía el foco en el incumplimiento del Consejo Directivo de Uruguay XXI -el órgano máximo del instituto- en algunas de sus atribuciones como por ejemplo: la designación y destitución del personal, así como también en la aprobación del presupuesto, memoria anual y estados financieros.

La nueva auditoría encontró mejoras parciales en este punto, lo que hizo que el nivel de riesgo bajara de alto a medio. En concreto, el organismo sometió a aprobación del Consejo Directivo el presupuesto, memoria anual y estados financieros correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021, pero no modificó lo referido a la designación y destitución del personal del instituto, por lo que el riesgo asociado a esta práctica es que “se adopten decisiones no ajustadas a Derecho”, advirtió la AIN.

El segundo hallazgo detectado en 2020 refería a debilidades respecto al proceso de selección y contratación de servicios tercerizados y consultorías.

En ese entonces, la auditoría había concluido que no existía “evidencia de la acreditación de los requisitos y aptitudes” que Uruguay XXI valoraba en los procesos de selección, así como tampoco había certificación de firmas que aseguraran “la fecha cierta de la suscripción del contrato, habilidad y autenticidad de las firmas de los otorgantes”.

También había encontrado que de los 27 llamados realizados por el organismo en 2019, el 89% de los términos de referencia no establecían los criterios y escalas de puntuación con los que los postulantes serían evaluados.

De estas debilidades -las cuales habían sido calificadas por la AIN como de riesgo “alto”-, el instituto tomó medidas que levantaron las observaciones señaladas de forma parcial y el riesgo bajó a “medio”.

En concreto, Uruguay XXI amplió los medios de difusión de los llamados e incorporó criterios y escalas de evaluación para los postulantes.

Sin embargo, no implementó todas las recomendaciones, por lo que la reciente auditoría indicó que hay riesgos por la “falta de transparencia en el proceso de selección”, así como la posibilidad de “interposición de recursos” por parte de “posibles damnificados” y la impugnación de contratos celebrados.

El tercer aspecto en el que Uruguay XXI estaba exhortado a mejorar, tenía que ver con los indicadores de impacto, es decir, índices de gestión que permitieran evaluar y medir las acciones llevadas adelante por el organismo. Esta área fue catalogada en 2020 con un nivel de criticidad “alto”, categoría que mantuvo en 2022 debido a la falta de mejoras.

Sobre este punto, el informe de la AIN puntualizó que “no se ha comprobado avance alguno en la elaboración de documentación que contemple el compromiso de entrega de información” por parte de las empresas exportadoras vinculadas con Uruguay XXI. Esa carencia “impide evaluar y medir el impacto de las acciones realizadas por el organismo”, señaló la auditoría.

La falta de cumplimiento del organismo en estos aspectos, provoca riesgos relacionados con políticas ineficientes sin medición, así como la toma de decisiones sin información de calidad, sentenció el informe.

En este sentido, la auditoría concluyó que Uruguay XXI “no implementó” las mejoras necesarias y le recomendó promover acuerdos con otros organismos para poder acceder a información cualitativa de los niveles de inversión generados por las empresas extranjeras promovidas por el instituto.

“No se han concretado acciones a efectos de levantar las consideraciones formuladas respecto al hallazgo de los indicadores de impacto”, aseguró el informe.

El único de los hallazgos que había sido informado por la AIN, en los que Uruguay XXI mejoró, fue el relacionado con el control sobre las rendiciones de viáticos.

“Las principales acciones realizadas corresponden al hallazgo de rendiciones de viáticos, para el cual se ha definido, aprobado y difundido un nuevo procedimiento y se diseñó un nuevo formulario de rendición que permite visualizar el cumplimiento normativo y delimitar las responsabilidades de las partes intervinientes”, concluyó la auditoría.