CAMBIO CLIMÁTICO

La financiación "verde" está en auge y se posiciona como gran aliada en la lucha contra el cambio climático, pero, dada la falta de regulación, corre el riesgo de ser utilizada por empresas e inversores para lavar su imagen en lugar de tener un verdadero impacto en la descarbonización del planeta.

La financiación "verde", uno de los ejes de debate de la próxima Cumbre del clima de Glasgow, forma parte de las finanzas sostenibles o ESG (por sus siglas en inglés), que son aquellas destinadas a inversiones relacionadas con factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.

Actualmente, la etiqueta de sostenible la otorgan agencias de calificación especializadas, que evalúan proyectos o empresas en función de criterios financieros, ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo mediante metodologías de investigación propia.

La modalidad más extendida son los bonos verdes, emisiones de deuda cuyos fondos se destinan a financiar proyectos relacionados con la lucha contra el cambio climático, como renovables, movilidad eléctrica o eficiencia energética.

"El bono verde es el icono de la financiación sostenible, fue el primer producto en aparecer (la primera emisión la hizo el Banco Mundial en 2017) y es el que más desarrollo ha tenido", explicó el secretario general del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO), Juan Carlos Villanueva.

A estos se han sumado recientemente los bonos ligados a objetivos de sostenibilidad o SLB (Sustainability Linked Bonds) en los que el emisor se compromete a lograr en un plazo objetivos como, por ejemplo, reducir sus emisiones hasta un cierto nivel, de forma que si no cumple será penalizado (pagará más intereses) y si lo supera será primado.

Desde el punto de vista de la inversión, están los fondos sostenibles, que invierten solo en empresas o proyectos que cumplen determinados criterios de sostenibilidad y que van dirigidos a inversores que además de obtener rentabilidad quieren combatir el cambio climático.

"La tendencia es que el inversor discrimine, cada vez más, dónde invierte y dónde no" y ahí es donde cobra importancia lograr la etiqueta "verde" a la ahora de atraer fondos para un proyecto, dijo Salvador Jiménez, consultor del área de Análisis Económico y Mercados de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

La ventaja para el inversor es que así sabe que sus ahorros no se destinan a actividades que van en contra de sus valores éticos y morales, mientras que el emisor ve reforzada su reputación, lo que le permite diversificar y ampliar sus fuentes financiación y rebajar su coste, apuntó Jiménez.

En esta tendencia al alza existe el peligro del conocido como "green washing" o "lavado de cara verde": hacer creer que determinadas inversiones o acciones son más respetuosas con el medio ambiente de lo que en realidad son o que algunas empresas hagan inversiones puntuales sólo para quedar bien, advirtió Jiménez.

"Si esto no se regula se corre el riesgo de que se genere mala reputación en relación a las finanzas sostenibles, la clave está en que haya controles más estrictos", según Jiménez, que recordó que los bancos también están apostando por otorgar "préstamos verdes", tanto a empresas como a consumidores, y que esto requiere también de una supervisión específica.

En regulación queda mucho por avanzar, el fenómeno está comenzando y por ahora no hay nada vinculante, más allá de los compromisos que se adquieren voluntariamente en el folleto que precede a una emisión o en las bases fundacionales de un fondo, advirtió.

Para el secretario general de OFISO, lo importante es que las empresas recurran a este tipo de financiación "como un vector estratégico que ponga de manifiesto su compromiso con la descarbonización de la economía" y que no acudan a ella sólo "puntualmente".

En su opinión, así dejaría de existir la tentación de acudir a la financiación sostenible por cuestiones de marketing y no porque realmente se crea en la economía verde.

"Es un riesgo que existe y contra el que se luchará estableciendo una regulación cada vez más ajustada, severa y estandarizada en todos los países que obligue a aquellos que quieran acudir a este tipo de financiación a cumplir unos requisitos. Por ahora no existen reglas que obliguen y todo es propositivo", apuntó Villanueva.

En paralelo, añadió, el propio mercado irá imponiendo sus propias normas y penalizará a todo aquello que se demuestre que no es sostenible.

A finales de agosto se supo que la SEC, el supervisor bursátil de Estados Unidos, investigaba a DWS, filial de Deutsche Bank, ante la sospecha de que estaba exagerando en el uso de criterios de inversión sostenible para gestionar sus activos.

En un informe, el Banco Central Europeo (BCE) advirtió de que si bien estos instrumentos son importantes para canalizar capital hacia proyectos sostenibles, existen dudas sobre su impacto real y temor al lavado verde.

En su opinión, en el caso de los bonos verdes no se está viendo claramente la relación entre su emisión y la reducción de emisiones de CO2 y en el caso de los fondos ESG, la ausencia de una definición común obstaculiza el análisis de su impacto a largo plazo.

En todo el mundo, las emisiones de bonos verdes sumaron 208.347 millones de euros, más del doble que un año antes (+109 %), y las de bonos SLB (prácticamente inexistentes en 2019) 32.592 millones.

En total, las finanzas sostenibles movieron mundialmente 443.934 millones de euros, el 123% más que en el primer semestre de 2020, y representaron en torno al 1% de la financiación total.

Las compañías más activas en este campo están siendo las energéticas (eléctricas, petroleras y gasistas), encabezadas por la española Iberdrola, que cuenta financiación verde (bonos y préstamos) o ligada a criterios de sostenibilidad por más de 32.000 millones, y las de movilidad eléctrica.

Entre los fondos con más inversiones verdes están Black Rock o el Fondo Soberano Noruego que, en paralelo, están deshaciendo posiciones en activos relacionados con combustibles fósiles.