LA CRISIS DE 2002

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Hace 20 años ocurrían dos hechos (antecedidos por otro casi un mes antes) que suponen el comienzo de la última gran crisis económica que vivió Uruguay: la de 2002.

Un día como hoy, pero de hace 20 años el Banco Central (BCU) intervenía y suspendía su actividad por 90 días al Banco Galicia Uruguay, propiedad del banco argentino homónimo, que venía soportando una fuerte corrida de depósitos. Apenas 24 horas después de la intervención del Banco Galicia, el 14 de febrero de 2002, la calificadora de riesgos Standard & Poor’s quitaba el grado inversor a la deuda uruguaya.

Previamente en enero, se conocía un fraude de los accionistas minoritarios del Banco Comercial.

Esos hechos pautaron lo que vendría después. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación?

“Durante el año 2001 se verificó una importante expansión de los depósitos en moneda extranjera, en particular de no residentes”, señaló el paper “La crisis bancaria uruguaya de 2002” elaborado en octubre de 2003 por el por entonces integrante de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del BCU, Martín Vallcorba.

“El total de depósitos en dólares aumentó 16% en el año (US$ 1.727 millones), en tanto que los efectuados por agentes no residentes crecieron 34% (US$ 1.266 millones)”, añadió.

Según el documento “Crisis bancarias y regulación. Algunas claves para el nuevo marco regulatorio de la intermediación financiera”, de septiembre de 2003 del por entonces jefe del Departamento de Estudios de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del BCU Jorge Polgar, “entre julio y noviembre de 2001, los depósitos de no residentes en los bancos del sistema uruguayo crecieron más de US$ 1.100 millones (22% en cinco meses). Como en el pasado, las turbulencias en Argentina hacían crecer los depósitos de no residentes en los bancos uruguayos”.

Pero, “este patrón de comportamiento de los depósitos de no residentes se quebró en diciembre de 2001, cuando el Banco de Galicia Uruguay y, en menor medida, el Banco Comercial, comenzaron a sufrir una corrida de no residentes. Estos bancos, que hasta noviembre de 2001 inclusive habían estado aumentando su captación de depósitos de no residentes, eran los dos mayores del sistema privado en volumen de depósitos”, agregó.

Vallcorba recordó que los retiros de dinero del Banco Galicia por parte de argentinos, se dieron “a partir de las dificultades que enfrentaba su accionista -el Banco Galicia y Buenos Aires- en Argentina, situación que generaba dudas sobre el futuro de la institución uruguaya, en particular teniendo en cuenta las restricciones a la movilidad de capital impuestas en ese país”, es decir al “corralito”.

A eso se suma que, “el Banco Comercial estaba estrechamente vinculado, a través de los hermanos (Carlos y José) Rohm, (tenedores del 11% de las acciones de Banco Comercial y encargados de su gerenciamiento), al Banco General de Negocios en Argentina”, explicó Polgar. Los accionistas mayoritarios del Comercial eran los bancos internacionales JP Morgan Chase, Credit Suisse First Boston y Dresdner Bank.

En diciembre de 2001 “de los depósitos que salían de Banco Galicia y Banco Comercial (US$ 250 y US$ 30 millones respectivamente) la casi totalidad encontraban refugio en el resto de los bancos del sistema uruguayo”, indicó el trabajo de Polgar.

“En enero de 2002, por el contrario, si bien continuó operando este fenómeno de flight to quality, de los aproximadamente US$ 200 millones de depósitos de no residentes que perdieron el Banco Galicia y el Comercial, solo poco más de la mitad fueron captados por el resto de las instituciones del sistema”, añadió.

En menos de un mes, la corrida bancaria se generaliza. “El 23 de enero es detenido en Argentina Carlos Rohm y el 31 de enero toma estado público el fraude de por lo menos US$ 215 millones en el Banco Comercial”, recordó Polgar. “El 13 de febrero el Banco Central del Uruguay dispone la suspensión de actividades del Banco de Galicia y al día siguiente la deuda pública uruguaya pierde el grado de inversión”, añadió.

“A partir de allí la corrida adquirió carácter sistémico y la totalidad de instituciones del sistema comenzaron a sufrir fuertes retiros de depósitos”, aseguró el por entonces jefe del Departamento de Estudios de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del BCU.

“La caída de los depósitos durante el mes de febrero fue superior a los US$ 1.250 millones en el total del sistema”, complementó Vallcorba.

El 19 de febrero, el gobierno informa que se alcanzó un acuerdo con los accionistas del Banco Comercial por el cual los bancos accionistas participan “con una aportación conjunta de 100 millones de dólares en la capitalización” de dicho banco. El Estado uruguayo pasaba también a ser accionista (y a gerenciar el banco) tras el aporte de US$ 33 millones.

“Alguien acaba de perderse un avión” dijo el 25 de febrero ante el directorio del Banco Central el por entonces gerente del Área de Estudio y Regulación del Sistema Financiero del BCU, Fernando Barrán, al culminar la presentación (junto al gerente de la División Política Económica del BCU, Umberto Della Mea), que había realizado “sobre la situación de las reservas internacionales y el sistema financiero uruguayo”, consignó el libro “Una mirada al medio siglo de historia del Banco Central” de Ariel Banda, Julio de Brun, Juan Andrés Moraes y Gabriel Oddone.

“Las reservas internacionales netas del Banco Central, que habían iniciado el año en US$ 2.956 millones, habían caído US$ 940 millones hasta el 21 de febrero de 2002. Dos tercios de esa cifra eran atribuibles al recurso que las instituciones financieras habían hecho de sus colocaciones en el BCU para enfrentar retiros de depósitos”, añadió el libro.

“Con reservas internacionales en caída libre, el depositante del sistema percibe que la capacidad del Banco Central para actuar como prestamista de última instancia respaldando los depósitos en moneda extranjera está seriamente lesionada; la alternativa de una pesificación ‘a la argentina’ surgía como una posibilidad. Esa pérdida de disponibilidad de reservas internacionales también afectaba la capacidad del Estado uruguayo para afrontar sus obligaciones; en consecuencia, empezaba a ponerse sobre la mesa la eventualidad de un incumplimiento en la deuda como el de Argentina”, recordó el libro del BCU.

“Barrán y Della Mea concluían que era necesario establecer ‘negociaciones inmediatas con los organismos multilaterales (de allí la urgencia de ‘tomar el avión’ a Washington), a los que se les solicitaría no solo recursos sino también asistencia técnica”, añadió.

El por entonces ministro de Economía y Finanzas Alberto Bensión expresó ante la comisión de Hacienda del Senado en abril de 2002 que los primeros dos meses de la crisis habían sido los “más difíciles, dramáticos y duros que ha debido atravesar la conducción económica del país” en la historia reciente.

Se instala una “tormenta perfecta”. Es que “a partir de ese momento, y hasta que se decretó el feriado bancario el 29 de julio (de 2002), se comenzó a gestar un círculo vicioso por el que la salida de depósitos del sistema bancario, la pérdida de activos de reserva por parte del BCU y el aumento del riesgo-país se retroalimentaron, profundizando los problemas”, aseguró Vallcorba.

¿Por qué sucede esto? El libro de los 50 años del BCU, apuntó a que se dieron “algunas señales equívocas sobre el tratamiento que la plaza otorgaría a los depositantes no residentes surgidas tras la intervención y posterior puesta en proceso de moratoria judicial del Banco Galicia Uruguay, las dudas de los accionistas mayoritarios del Banco Comercial (los bancos JP Morgan Chase, Credit Suisse First Boston y Dresdner Bank) en otorgar un respaldo patrimonial a esa institución y sus colaterales y el omnipresente sentimiento de que la crisis experimentada por Argentina a fines de 2001 se trasladaría finalmente a Uruguay”.

Además, desde el 25 de febrero en adelante “las discrepancias sobre el papel del Banco Central en el manejo de la crisis tensaron la relación entre los miembros del directorio, particularmente entre la mayoría colorada, el entonces presidente César Rodríguez Batlle y la entonces vicepresidenta Eva Holz, y la entonces directora por la minoría blanca, Rosario Medero”, añadió el libro.

A estos aspectos, Polgar suma otros, como “la existencia de fallas en el diseño de la red de seguridad del sistema financiero y la debilidad fiscal, la dolarización del sistema financiero y los efectos de la modificación del régimen cambiario, la presencia de bancos con alta exposición al riesgo argentino en sus activos, los bancos gestionados y la existencia de bancos con problemas de solvencia previos a la crisis (ver aparte), la ocurrencia de fraudes que tomaron estado público y carencias en materia de regulación bancaria”.

Vallcorba indicó que si bien “el mejor esquema de supervisión difícilmente pueda evitar la existencia de fraudes, por lo que su ocurrencia no necesariamente obedece a problemas regulatorios o de supervisión”, lo que sí “claramente es competencia de los organismos de contralor es desarrollar una adecuada supervisión, de forma de detectar ‘a tiempo’ los fraudes y adoptar en forma diligente las medidas adecuadas. Para ello se debe disponer del conjunto de herramientas necesarias para actuar, lo que sí constituyó una falla de la red de seguridad”.

Parte de las causas de la corrida bancaria en 2002 hay que buscarla en una crisis previa: la de 1982. En aquel momento “el Estado rescató los bancos insolventes y se afirmó así la percepción existente en los agentes de que no solo el Estado intervendría en casos de crisis, sino que todos los depósitos del sistema quedaban garantizados. Este seguro implícito y gratuito del Estado permitió, en definitiva, que instituciones percibidas por el público como insolventes o, al menos, problemáticas, no solo no sufrieran corridas de depósitos sino que aumentaran su captación. La regulación bancaria perdía así un aliado poderoso: la disciplina de mercado”, escribió Polgar.

“La intervención del Estado en los bancos gestionados (ver aparte) evitó el cierre de instituciones, posibilitó que los depositantes recuperaran sus depósitos, que los trabajadores bancarios mantuvieran su fuente laboral, y por concentrar más del 60% del crédito en bancos públicos o gestionados, facilitó la refinanciación de los deudores. Aunque a un elevado costo, pudo haberse considerado en su momento que en un análisis costo-beneficio la solución ensayada para las instituciones insolventes fue exitosa”, agregó.

Sin embargo, “los bancos gestionados continuaron experimentando pérdidas sin que se verificaran modificaciones importantes, lo que en la práctica dificultó o, según el caso, imposibilitó su posterior venta a bancos privados de reconocida reputación. Los bancos Pan de Azúcar y Caja Obrera, por ejemplo, que fueron adquiridos por el Estado en 1985 y 1987 respectivamente, continuaron registrando pérdidas hasta 1996 inclusive”, remarcó.

El agente financiero de Uruguay en Estados Unidos en 2002, Carlos Sténeri, recordó en una entrevista con El País en septiembre de 2017 que en los 80 y 90 hubo “un sistema político que votó leyes de refinanciación que después pegaban en los balances de los bancos y entre ellos, en los bancos que se quebraron. Ya el banco Comercial cuando viene escorado, era por esas refinanciaciones”. Agregó que “los bancos con mejores o peores banqueros fueron sobreviviendo, con el guiño del Banco Central, que si aplicaba la regulación estricta tenían que dejar de operar hace tiempo. Esa realidad se desnuda cuando aparece la crisis.

Polgar indicó que “facilitado por la falta de autonomía del regulador, los bancos gestionados funcionaron con tolerancia regulatoria, permitiéndose que funcionaran en condiciones de insuficiencia patrimonial y de encajes”. Así, terminaron siendo “zombies” del sistema financiero: “pertenecían al mundo de los muertos pero, como resultado de la brujería, habitaban en el mundo de los vivos”, ejemplificó Polgar.