POLÉMICA

El gobierno resolvió ampliar el contrato con Puerta del Sur S.A., el concesionario de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce, y otorgarle también la explotación, administración y operación de seis aeropuertos más en el interior en forma directa. Además amplió en 20 años el plazo de concesión del aeropuerto de Carrasco.

Si bien el gobierno había anunciado que preparaba un llamado a licitación para otorgar la concesión de seis aeropuertos en el interior del país, finalmente optó por otorgársela directamente a Puerta del Sur S.A. (propiedad del grupo Corporación América que lidera el argentino Eduardo Eurnekian). Esto puede traer polémica a nivel político.

Este lunes 8 de noviembre, Puerta del Sur S.A. suscribió un “acuerdo de ampliación y modificación del contrato de gestión integral del aeropuerto internacional de Carrasco con el Estado - Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa Nacional”, señaló la empresa en una comunicación al Banco Central (BCU) en el día de ayer, firmada por Martín Radesca, apoderado de la compañía. La comunicación al BCU corresponde, al tener Puerta del Sur deuda emitida en el mercado de valores.

Esta ampliación y modificación del contrato, se hizo “al amparo de lo establecido en la ley 19.925 (ley de creación del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales)”, agregó.

Esa ley, promulgada el 18 de diciembre de 2020, facultó al Poder Ejecutivo a “otorgar mediante procedimiento competitivo y a renovar, modificar, ampliar el objeto o prorrogar concesiones o contratos de concesión para la construcción, conservación y explotación, conjunta o separadamente de los aeropuertos ubicados en el territorio nacional, a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por un plazo máximo de hasta 50 años”.

Además, estableció que “en caso de prórroga de concesiones o contratos de concesión vigentes el plazo de estas no podrá superar los 50 años desde el inicio del contrato original”.

Según la comunicación que envió Puerta del Sur al BCU, “a través de la modificación y ampliación” del contrato, “entre otras cuestiones, se amplió el objeto de la concesión de forma de comprender adicionalmente a la gestión del aeropuerto de Carrasco, la construcción, conservación, explotación, administración, operación y mantenimiento conjuntamente” de seis aeropuertos en el interior, “en lo que refiere a las actividades aeroportuarias y no aeroportuarias, incluyendo todas las actividades comerciales”.

Las seis terminales mencionadas son: aeropuerto internacional de Rivera “presidente general Oscar D. Gestido”; aeropuerto internacional de Salto “Nueva Hespérides”; aeropuerto internacional de Carmelo “Balneario Zagarzazú”; aeropuerto internacional de Durazno “Santa Bernardina”; aeropuerto internacional de Melo; y aeropuerto internacional de Paysandú “brigadier general (aviador) Tydeo Larre Borges”.

Además, “a través de la ampliación y modificación” del contrato con Puerta del Sur, “se extiende el plazo de la concesión en relación con el aeropuerto de Carrasco y los aeropuertos del interior por 20 años adicionales desde el 20 de noviembre de 2033 hasta el 20 de noviembre de 2053”, indicó la comunicación de la firma.

El gobierno había anunciado que llamaría a licitación para dar a concesión estos seis aeropuertos. El pasado 19 de mayo, tras una reunión con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el director de Secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez dijo en rueda de prensa que los ministerios de Economía y Defensa venían trabajando hace dos meses en la elaboración de la documentación necesaria para la licitación, relevando los aspectos técnicos y de recursos humanos de las terminales aéreas.

Martínez había explicado esa vez que se preveía una inversión inicial de parte de los privados de unos US$ 65 millones y que a lo largo del período de gobierno podrían superar los US$ 200 millones.

Al ampliarle y modificarle la concesión a Puerta del Sur, el gobierno finalmente optó por otro camino, lo que puede traerle cuestionamientos a la interna de la coalición

En la comunicación de Puerta del Sur al BCU, la empresa señaló que “de conformidad con el artículo 2 de la ley” 19.925, “como contrapartida” por la ampliación y modificación del contrato de concesión “Puerta del Sur S.A. se obliga por sí o a través de sus accionistas, controlante, sociedades vinculadas, afiliadas o relacionadas a realizar una inversión de US$ 67 millones en los aeropuertos del interior”.

La concesionaria de los aeropuertos de Carrasco, Laguna del Sauce, y ahora seis aeropuertos del interior, deberá abonar en forma anticipada el saldo de capital de las obligaciones negociables que emitió en el mercado de valores.

Esas obligaciones tuvieron un cambio resuelto por asamblea de los inversores que las poseen el pasado 6 de octubre. Allí, se incluyó una cláusula que estableció que si se modificaba el contrato de concesión de Puerta del Sur, se tornaba “exigible de forma anticipada el saldo de capital” de esos títulos de deuda. Eso deberá ocurrir “a más tardar dentro de los 120 días corridos siguientes a la fecha de la modificación y ampliación” del contrato de concesión.

El capital adeudado es de unos US$ 8,7 millones (sin los intereses) de los US$ 87 millones que emitió Puerta del Sur en 2007. Las obligaciones negociables vencían originalmente en octubre de este año, pero la empresa logró con los inversores una prórroga de las últimas cuatro cuotas el año pasado, ya que por el COVID-19 el aeropuerto perdió actividad.

Cabildo Abierto había criticado ley y anticipado lo que ocurriría

La decisión del Poder Ejecutivo de concesionar directamente los seis aeropuertos del interior a Puerta del Sur, va a traer polémica. Es que cuando se aprobó la ley que facultó al Poder Ejecutivo a llamar a licitación por esos seis aeropuertos (o modificar y ampliar contratos), los legisladores de Cabildo Abierto -integrante de la coalición de gobierno- y el senador del Partido Nacional (PN) Juan Sartori votaron en contra.

En esa ocasión el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, planteó en sala que “el proyecto encierra una suerte de privatización de aeropuertos internacionales” y agregó que la empresa que tiene la concesión de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce queda “en una posición de privilegio” y “va a ser favorecida” ya que “no se establece claramente cuál es la contraprestación y se le prorroga 20 años, porque ya hoy tiene concesión por 30 años desde que comenzó, en 2003 (...) Seguramente es la empresa que va a ser favorecida con esa concesión”.

Además, el pasado 12 de abril en declaraciones a La Diaria, el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal cuestionó en duros términos la ley que facultaba al Poder Ejecutivo a concesionar seis aeropuertos del interior.

“Dentro de la Red Nacional de Aeropuertos, los únicos dos rentables son Carrasco y Laguna del Sauce. ¿Quién va a ser tan tonto de presentarse a una licitación si las dos terminales rentables ya están concesionadas?”, señaló Cal en esa ocasión. “Acá hay joda. El Frente Amplio (FA) antes de irse del gobierno hace este favor con un proyecto privatizador, y para nuestra sorpresa el PN lo apoya, desconociendo las consecuencias”, criticó.

Cal dijo en abril que “la joya de la corona” es la extensión hasta 50 años de la concesión de los dos aeropuertos de mayor actividad. “Todo esto es para conseguir más años y lo demás no importa. En el Parlamento propuse cambiar los años y darle participación al Poder Legislativo en la decisión sobre una mayor concesión, y me saltaron del FA y el PN; me dijeron: ‘Tenemos las mayorías para votar el proyecto’”, añadió esa vez.