OTRO TEMA DE FONDO

El ministro Víctor Rossi lo confirmó luego de que la Justicia lo habilitara.

Tras darse a conocer el fallo del Tribunal de Apelaciones Civil de segundo turno, a favor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) sobre el Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac) -que estaba suspendido desde el 11 de febrero-, el ministro de dicha cartera, Víctor Rossi, confirmó a El País que el “Gran hermano” del sector (como se conoce al sistema de rastreo satelital de camiones) “seguirá adelante” y se implementará este año.

Según informó ayer el semanario Búsqueda y confirmó El País, el recurso de amparo que había sido concedido por el juez Gabriel Ohanian a la empresa Sitrack (por no haber podido participar del proceso de homologación para proveer el sistema) fue revocado.

Respecto a la resolución judicial, Rossi dijo a El País que le causó “mucha satisfacción” e hizo énfasis en que “dio la razón en todo” al Ministerio de Transporte.

El fallo al que accedió El País rechaza la solicitud de Sitrack al señalar que “la pretensión de amparo es inadmisible” puesto que se trata de cuestiones “opinables” y que la ilegitimidad denunciada no se “exterioriza con claridad y contundencia” ni “aflora a la superficie del conflicto”, una condición que la Justicia entiende necesaria para conceder el recurso.

Además, la sentencia indica que no se obstaculizó la libre competencia como sí denunció la empresa. Sitrack había criticado que el proceso de homologación de empresas proveedoras del sistema fue “poco transparente” y “direccionado” para crear un monopolio en el que Sit S.A. y Bidafox S.A. (ambas propiedad del empresario Carlos Baladón, según Búsqueda) fueran las únicas habilitadas para ofrecer el servicio. Entre los principales argumentos, la empresa cuestionó la exigencia de que los servidores (encargados de transmitir los datos que arroje el Sictrac) estén físicamente en Uruguay; dicha compañía los tiene en Mendoza.

Respecto al fallo judicial, el director de Sitrack, Kenneth Van Rompaey, dijo a El País que la sentencia “asume una postura extremadamente restrictiva en materia de amparo” y calificó la actuación del Tribunal de “lamentable”.

Sobre los pasos a seguir, Rossi comentó que se hará “alguna corrección” al sistema y señaló además que la intención es que se homologue al mayor número de empresas para brindar el servicio, aunque dijo que muchas veces son las compañías las que demoran en responder ante alguna exigencia que plantea la secretaría de Estado.

Sin embargo, a principios de febrero, empresas proveedoras del servicio de monitoreo confirmaron a El País que luego de que las críticas hacia el Sictrac adquirieron notoriedad pública, el proceso de homologación, las modificaciones al sistema y la comunicación con el MTOP se agilizaron.

Van Rompaey dijo que su empresa ya no tiene más instancias para revertir la situación y que ahora deberán esperar a ver qué decide el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). No obstante, confirmó que la intención de la compañía es iniciar una acción de nulidad del decreto. “Eso puede llevar mucho tiempo y al no tener el amparo judicial el daño va a ser irreparable”, indicó el director.

A pedido del diputado nacionalista Juan José Olaizola, el pasado miércoles el ministro Rossi compareció ante la Comisión de Transporte de Diputados junto al subsecretario de dicha cartera, Jorge Setelich y al director Nacional de Transporte, Felipe Martín, para explicar el funcionamiento del sistema de monitoreo y responder inquietudes sobre su implementación.

En defensa del Sictrac y las críticas que ha recibido por parte del sector transportista, el ministro expresó que “ser un transporte profesional de carga implica cumplir con una serie de normas y llevar adelante un conjunto de actividades que están reguladas y que implican obligaciones de parte de los transportistas”, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

En relación a las quejas que recibió el proceso de homologación, Rossi reconoció que “de parte del Ministerio y de la Dirección de Transporte no tuvimos suficientemente en cuenta una puja, legítima, por el negocio que se generaba en el sector de los proveedores de estos instrumentos. Precisamente, es desde ese sector que surge el recurso de amparo y se genera polémica, planteando una serie de dudas sobre la aplicación del instrumento”.

El ministro dijo que el instrumento está “plenamente vigente”, recalcó la necesidad de contar con el sistema y admitió que “deberá abrirse camino corrigiendo y precisando todo lo que sea necesario para que funcione bien, dé garantías a todas las partes y sea obligatorio”.

La instalación del Sictrac provocó una ruptura en la Intergremial de Transporte Pro-fesional de Carga Terrestre (ITPC), ya que la directiva defiende el nuevo sistema pero parte de las gremiales que la integran están en contra.

Sobre este punto, el presidente de la gremial, Mauro Borzacconi, dijo a El País que el Sictrac es “necesario para la supervivencia del transporte” pero explicó que cuando las gremiales rechazan el sistema al argumentar que “las condiciones no están dadas”, a lo que están haciendo referencia es “a la forma de liquidar los sueldos y retribuciones en el sector”, a la que calificó de “inviable” en la realidad económica actual.