CROWDFUNDING

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La semana pasada la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU), publicó documentos para “facilitar todo lo relativo al funcionamiento de las plataformas de financiamiento colectivo del mercado de valores”.

Las plataformas de financiamiento colectivo o crowdfunding, son mercados de negociación de valores de oferta pública, abiertos a la participación directa de los inversores y reservados a emisiones de montos reducidos, con el objetivo de brindar un canal de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas.

Dentro de los documentos publicados por el BCU para facilitar la solicitud de licencias de eventuales interesados, están el procedimiento de autorización de empresa administradora de plataformas de financiamiento colectivo y el modelo de código de ética para emisores en estas plataformas. No obstante, hasta la fecha no hay ninguna plataforma registrada ante el Central.

En este sentido, el abogado especialista en mercado de capitales de Ferrere Abogados, Federico Lemos, señaló semanas atrás en el webinar enmarcado en la presentación de la ley Fintech chilena que la regulación aún “no ha sido un éxito” como sí lo fue la de dinero electrónico.

A su vez, destacó que si bien el BCU ha medido bien los tiempos en otras regulaciones, como su “sana” posición actual sobre los criptoactivos, en relación a los administradores de plataformas de crowdfunding, el “contenido obligacional” para estas es “muy difícil de trasladar a algo rentable”, por lo que estaría “bloqueando” el eventual interés de posibles administradores.

Lo que sucede, es que la entidad administradora será registrante, agente de pago y representante de los tenedores de valores, cumpliendo un triple rol, que en las emisiones comunes se canalizan en distintos agentes y contratos. En tanto, en conversación con El País Lemos agregó que también se podría agregar otro rol, ya que la plataforma actúa como mercado de valores, porque las emisiones se transan allí.

En este sentido, afirmó que la suma de los roles obligatorios, en conjunto con otras obligaciones como las políticas de gobierno corporativo y el debido conocimiento de los inversores, “tornan poco atractiva la licencia por temas de costos”.

Del mismo modo, agregó que hay obligaciones que se pueden “sistematizar” como el conocimiento del cliente, ya que una vez registrado en la plataforma se cuenta con sus datos, pero el rol de entidad representante no se podría, por lo que tendría que “atender todas las preocupaciones de los pequeños inversores”.

La regulación indica tanto límites en montos de inversión como de emisiones, en donde un mismo pequeño inversor no podrá superar las 40.000 Unidades Indexadas (UI) -alrededor de US$ 4.000- de inversión por emisión ni 120.000 UI -alrededor de US$ 13.000- en valores emitidos en una misma plataforma de financiamiento colectivo.

Para superar estos montos, deberá presentar una declaración jurada ante el BCU para no integrar la categoría de pequeño inversor, declarando que sus activos financieros superan el millón de UI (alrededor de US$ 100.000).

En tanto, el límite regulado para los montos en circulación por emisor, en el conjunto de plataformas de financiamiento colectivo, no podrán superar los 10 millones de UI (alrededor de US$ 1 millón).

Debido a la potencial cantidad de inversores y el monto límite de una emisión, Lemos sostuvo que “es muy difícil ajustar los honorarios”, ya que hay un monto por el que una entidad no está dispuesta a asumir tantos riesgos. Al final del día, es un deber fiduciario con los titulares de esos valores”.

Dentro de las soluciones posibles, destacó la creación de una figura de entidad representante especializada, con una menor cantidad de obligaciones.

En tanto, con respecto a los documentos publicados por el BCU, se encuentra el procedimiento de autorización, que contiene luego de determinados pasos formales, como la presentación de la solicitud y el análisis de la documentación, el análisis de legalidad, oportunidad y conveniencia.

Este, tiene por objetivo contar con la seguridad razonable de que la empresa que se está autorizando muestra solvencia financiera, además de “rectitud y aptitud” para el desarrollo del negocio que va a llevar a acabo.

Este análisis comprende diversos aspectos. Uno de ellos, es que la estructura de propiedad y conjunto económico, el cual busca “tener empresas en donde se identifique claramente quiénes ejercen el efectivo control de la empresa”, según señala el procedimiento. Los controlantes y accionistas deben ser personas “rectas y aptas” para poder ejercer dicho control. En el caso de grupos económicos deben “ser claras las relaciones comerciales y operativas de la empresa con el grupo, analizando a su vez las características del grupo” como “negocios, reputación y antecedentes”, agrega.

A su vez, otro de los aspectos a analizar es la solvencia tanto de la empresa como de los accionistas directos e indirectos. Asimismo, se analizará el plan de negocios, considerando la factibilidad económico-financiera y razonabilidad de la propuesta de negocio, en donde se contempla los clientes objetivo, productos, servicios a ofrecer y supuestos de proyecciones.

Gobierno corporativo y código de ética para registrarse

La documentación de análisis que publicó el BCU, también se plantea analizar el gobierno corporativo, para identificar la estructura organizacional, cargos y responsabilidades, funciones y relación jerárquica y funcional de autorización de una plataforma. “La estructura debe ser consistente con la operativa prevista”, señala el procedimiento, en donde el “personal superior debe ser idóneo”, requiriendo “estructuras de control acordes al tamaño y complejidad de la operativa prevista”.

A su vez, también se analizarán los aspectos operativos y tecnológicos, con el fin de verificar que la empresa esté preparada para “operar con adecuados niveles de seguridad” y, que los servicios a tercerizar, “sean razonables y estén correctamente respaldados en contratos”.

En tanto, también se contempla dentro del procedimiento, el análisis del origen de los fondos, para la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

El tiempo estimado de la autorización por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU es de 10 meses, sin contar los tiempos de tramitación fuera del BCU, señala el comunicado.

Otro de los documentos, que publicó el Central es el relativo al código de ética, que esboza las responsabilidades éticas y profesionales en el marco de su actividad como emisor de valores de oferta pública, en un mercado de negociación a través de una plataforma de financiamiento colectivo.

Dentro de estas responsabilidades, se encuentran el realizar las actividades con imparcialidad, abstenerse de utilizar indebidamente la información privilegiada y la no manipulación del mercado, entre otras.