Con el objetivo de descarbonizar la economía y así disminuir el calentamiento global, el mundo busca desarrollar la incipiente industria del hidrógeno verde —aquel que se produce sin la participación de combustibles fósiles—, considerado como uno de los vectores energéticos fundamentales para acelerar la transición energética.

Uruguay busca posicionarse en ese nuevo contexto internacional, junto con otros países de la región, dado que tiene ventajas comparativas para la producción del hidrógeno verde y sus derivados. Por mencionar algunas, el país tiene más de 90% de energías renovables en su matriz eléctrica, alta disponibilidad de agua y la economía uruguaya está catalogada como una de las principales del mundo para la inversión sustentable, según el Índice ESG que elabora el banco estadounidense, JP Morgan.

En Uruguay, hay tres proyectos de hidrógeno verde que ya fueron anunciados por el sector empresarial y las autoridades de gobierno: Tambor Green Hydrogen Hub, un proyecto de las empresas Enertrag y SEG Ingeniería que consistirá en la producción de 15.000 toneladas anuales de hidrógeno verde; H24U, el proyecto piloto ganador del Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), con el que las empresas Saceem, CIR, Air Liquide y Fraylog buscan la conversión a hidrógeno verde de 17 camiones del sector forestal; y el proyecto de HIF Global, una empresa seleccionada por Ancap para producir 180.000 toneladas por año de combustibles sintéticos y 100.000 toneladas de hidrógeno verde por año.

Asimismo, según pudo saber El País, está muy avanzado un cuarto proyecto denominado Kahirós —enteramente de participación privada, liderado por las empresas Ventus, Fraylog y Fidocar—, que también consiste en la conversión de camiones transportadores de carga forestal, que funcionarán en base a hidrógeno en lugar de gasoil.

Sin embargo, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el mundo —y Uruguay no es ajeno a esto— es el financiamiento de los proyectos de hidrógeno verde. Sus altos costos de producción, tecnologías que recién comienzan a desarrollarse, falta de regulación y principalmente el desarrollo del mercado, son algunas de las barreras que actualmente ponen un freno en el impulso de esta industria.

“Uno de los desafíos del hidrógeno verde es precisamente cómo hacer que los proyectos sean financiables por instituciones multilaterales e incluso bancos privados, considerando que dicha industria se encuentra en una etapa primaria de desarrollo”, dijo a El País la abogada especializada en temas energéticos de Ferrere Abogados, Agustina Pérez Lete.

Sobre este punto, la abogada señaló que uno de los riesgos que los organismos multilaterales y la banca privada analizan a la hora de otorgar o no un financiamiento, es la existencia de acuerdos de compra (offtake agreements) a largo plazo con contrapartes de buena reputación. Esto es lo que oficiará como garantía para brindar ese financiamiento y es donde aún faltan certezas.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder), Marcelo Mula explicó a El País que para poder financiar estos proyectos, “lo fundamental es que el producto se venda”, que tenga un comprador (conocido como off taker).

El modelo que está detrás es el de “project finance”, una financiación estructurada muy utilizada en los proyectos de infraestructura del sector energético, cuyas inversiones iniciales son altamente costosas y con períodos de rentabilización muy largos.

En concreto, el modelo establece una financiación basada en los flujos de caja a largo plazo que serán generados por ese proyecto, es decir que los préstamos se van repagando con la venta del producto final. Por ello es clave, según Mula y Pérez Lete, conseguir contratos fijos con clientes y así poder acceder al financiamiento.

El desafío principal, según explicó Mula, es que estos proyectos tienen distintos eslabones y cada uno precisa financiamiento para hacer frente a sus propios procesos. Por lo que, para salir al mercado a conseguir financiamiento, se precisa tener garantizado que el producto final se venderá a determinados compradores. “Es como un ´project finance´ en cascada, pero siempre la fortaleza de todo el financiamiento es el comprador final del producto y eso es lo que vemos que falta todavía: compradores fuertes”, indicó Mula.

En ese sentido, el presidente de Auder explicó que la falta de “off takers” fuertes y consolidados es un desafío al que se enfrenta el mundo y no solo Uruguay. “Imaginemos que uno de los compradores de, por ejemplo, combustibles sintéticos sea una de las grandes empresas petroleras que ya tienen sus clientes. Una de ellas puede decir ´necesito comprar este combustible sintético porque ya hicimos un contrato a largo plazo´, ahí sí fluye el financiamiento pero al menos hasta el año pasado, esos contratos con los ´off takers´ no eran públicos y no estaban a disposición para poder ser usados como una carta (de garantía) ante los bancos. Entonces creo que la dificultad todavía es ese contrato de compra, esa garantía y el punto final para que toda la cadena fluya”, indicó Mula.

Por este motivo, según Pérez Lete, “probablemente las instituciones que decidan financiar este tipo de proyectos, lo harán tomando una postura más conservadora”, con mayores exigencias que acrediten la solvencia del deudor; la adopción de plazos de deuda más cortos en comparación con los proyectos de energías renovables más tradicionales; regulación precisa de los eventos de amortización anticipada; la incorporación de más mecanismos de ´cash sweep´ (hipótesis donde existan más flujos que los previstos en la cuenta del deudor, y que se deberán destinar al pago de la deuda); el mantenimiento exigente de cuentas de reserva; y la implementación de acuerdos en formato “take or pay”, en los que el comprador se compromete a pagar un porcentaje del producto contratado, más allá de que este sea o no consumido.

“Si yo soy un banco y te quiero prestar US$ 100 millones, por ejemplo, con ´project finance´ lo que se establece es que te presto el dinero y con lo que genere el proyecto te amortizo, te cancelo la deuda. ¿Pero tenés un contrato de off take? ¿Tenés un contrato de compra de ese hidrógeno hoy en día? Hoy en día no. ¿Entonces cómo me vas a pagar? Ese es el desafío”, indicó la abogada de Ferrere.

Tanto Mula como Pérez Lete coincidieron en que el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Uruguay, presenta diferencias significativas con lo que fue la primera transición energética en el país, principalmente en lo que refiere a los compradores finales del producto. “En la primera transición uno sabía que iba a haber contratos (vinculados a los proyectos de energía renovable) con UTE como comprador pero acá es diferente”, indicó Mula.

En la misma línea, la abogada de Ferrere dijo que la primera transición energética presentó “menos riesgos” en términos de acceso al financiamiento porque “estaba claro” que los flujos de dinero con los que se pagaría la deuda de los desarrolladores privados, provenían de los contratos PPA (en referencia a la cifra en inglés de Power Purchase Agreement) por la venta de energía a UTE. “Eso casi no tenía riesgos, eran contratos de compra de energía con una empresa estatal y para la institución financiera era un paso mucho más seguro. En este caso recién estamos viendo a quién venderle, no hay un mercado claro”, afirmó.

Pese a ello, en el último tiempo diferentes organismos multilaterales, la banca privada y otras instituciones financieras han dejado clara su intención de fomentar el financiamiento de este tipo de proyectos a través de diferentes programas. Esto, sumado a incentivos fiscales y subsidios que puedan dar los gobiernos, representan una señal de optimismo para el sector.

En este sentido, Pérez Lete destacó la declaración conjunta de ocho instituciones multilaterales, en el marco de la COP 28, en la que anunciaron el propósito de lanzar “un nuevo esfuerzo global” para la cooperación en la promoción de diferentes soluciones financieras que ayuden a movilizar capital del sector privado, a través de instrumentos de mejora crediticia como canjes de deuda y bonos “verdes” o vinculados a la sostenibilidad. Asimismo, la abogada de Ferrere indicó que el plan piloto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado “Clima” —con el que se financiarán 10 proyectos pilotos por un total de US$ 1.000 millones—, es una “buena noticia” para la industria y para Uruguay, ya que es uno de los 10 primeros países elegidos por el organismo multilateral para recibir financiamiento.

Otra de las herramientas de financiación destacadas por el sector privado uruguayo, fue el aporte de US$ 10 millones que otorgó el gobierno a través del Fondo Sectorial del Hidrógeno Verde, una iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Laboratorio Tecnológico Uruguayo (LATU) que finalmente seleccionó a H24U como primer proyecto piloto del país.

Desde el BID entienden que “Uruguay tiene la oportunidad de destacar mediante el desarrollo de su economía del hidrógeno” y que “las exportaciones y el potencial del mercado interno son altamente atractivos”. Además, indicaron que el gobierno uruguayo, así como la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), “desempeñarán un papel importante” en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y sus derivados. Para lograr aprovechar ese potencial, el organismo multilateral señaló que el país deberá avanzar en el desarrollo de normativa, “regulación clara para la producción, almacenamiento y transporte de hidrógeno”, así como también trabajar en “acelerar los plazos de aprobación” de los permisos necesarios para llevar adelante los proyectos. “También tendrán que analizar posibles incentivos para la atracción de inversiones, estimular la demanda interna y la fabricación de componentes de desarrollos tecnológicos. Además, la cadena de valor del hidrógeno requerirá inversiones en infraestructura en la fase inicial (producción de materias primas y electricidad, y producción de hidrógeno), en la fase intermedia (conversión del hidrógeno y transmisión y distribución) y en la fase final (dispensación y aplicaciones de uso final), equivalentes a US$ 2.000 millones para 2030 y US$ 6.700 millones para 2040, lo que requerirá una combinación de financiación privada y pública”, remarcaron.

De acuerdo con la abogada de Ferrere, “la dificultad que tiene Uruguay es que está a la par del mundo” en cuanto al desarrollo de la economía del hidrógeno verde, “no es que pueda basarse en los antecedentes de otros países porque están todos en el mismo proceso, haciendo frente a los mismos desafíos. No hay mucha certeza y está todo en una etapa de desarrollo muy incipiente”, indicó Pérez Lete. Dado que el financiamiento es uno de los desafíos clave para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, según Pérez Lete, “es fundamental” que los otros retos: tecnológicos, regulatorios y de mercado de compra: “se desarrollen en simultáneo porque están todos vinculados”.

En esta línea, el abogado y socio de Guyer & Regules, Juan Manuel Mercant había señalado —al participar de un evento sobre hidrógeno verde, organizado por El País— que “hay una tensión temporal” entre las necesidades reales del mercado actualmente y la cantidad de oferta de hidrógeno verde que los proyectos que están en carpeta pueden llegar a ofrecer. “Para cualquier gobierno que tenga que imaginar incentivos o nuevas regulaciones, siempre hay una tensión temporal entre definir si hacerlo demasiado pronto, o esperar a que esa demanda esté más confirmada y ahí sí otorgar incentivos. Siempre es preferible mover primero que llegar tarde. A nivel mundial, hay 240 proyectos de hidrogeno verde, Uruguay tiene condiciones, está bien posicionado, naturalmente se tiene que mover rápido, no apresurarse, pero sí tener un sentido de urgencia y concretar”, indicó.

Las expectativas del sector privado uruguayo están puestas en que este año se pueda avanzar en la definición de múltiples aspectos que aún están inconclusos en los proyectos anunciados en el país. Según Mula, 2024 “va a ser clave” en este sentido, porque más de un proyecto “tiene que tomar la definición de inversión y cuando eso ocurra es porque está abrochado el financiamiento”. A su entender, este año que recién comienza va a centrarse en intentar “hacer viable los proyectos anunciados desde todos los puntos de vista: financiero, administrativos y regulatorios”.

En la misma línea, la abogada de Ferrere –cuyo estudio participa en Tambor Green Hydrogen Hub–, indicó que el apoyo del gobierno uruguayo para obtener financiamiento en ese proyecto “ha sido fundamental”, así como también destacó la elaboración, por parte de las autoridades, de la Hoja de Ruta de Hidrógeno Verde. A su entender, este documento “oficia como un respaldo institucional fuerte” para las empresas uruguayas en el mundo.

En términos de oportunidades, Pérez Lete consideró que Uruguay debe apostar a la exportación hacia los mercados europeos, ya que Estados Unidos “está apostando fuertemente a desarrollar su propia industria local”, por lo que no cree que haya oportunidades para el país en ese sentido. En cuanto a la región, la abogada de Ferrere dijo que para Uruguay será “un desafío” competir con otros países de América Latina que están avanzados en el desarrollo de esta industria, como es el caso de Chile. “No sé si vamos a poder competir con Chile que es mucho más fuerte en desarrollo, pero igual tenemos varios factores que nos hacen distinguirnos a nivel regional más allá de ser un país chico”, concluyó Pérez Lete.