Hoy se votará en el Parlamento el proyecto que propone la instalación de una planta de elaboración de mosto concentrado, sobre el que la mayoría de los agentes públicos y privados que integran el sector vinícola está en contra. Entre la propuesta original y el artículo a votar, hubo cambios. Mientras productores de vinos ven que estos cambios llevan a que el proyecto sea un “fuego que ya se apagó” -lo veían “inviable a menos que tuviera una subvención-, algunos impulsores del proyecto explicaron que si repercute negativamente al sector, no se implementará.

El artículo que originalmente no integraba la redacción original de la Rendición de Cuentas, pero que fue incluido por Cabildo Abierto y contó en un principio con el apoyo del Frente Amplio, propone la instalación de una planta industrializadora de uva para la elaboración de mosto concentrado, jugo y azúcar de uva. El costo de la planta se estima que rondaría US$ 1,3 millones.

A su vez, fija que se destine a esa planta un porcentaje anual de la producción de uvas de las variedades de menor demanda en el mercado, por su “calidad enológica”, que deberá contar con la aprobación de los dos delegados del Centro de Viticultores del Uruguay (CVU) -gremial impulsora del proyecto-, que integran el directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) -la primera propuesta establecía que el mínimo a destinar a la planta era seis millones de kilos anuales.

En tanto, establece que, de no fijarse el porcentaje antes de la fecha a establecer, quedará vigente el del año anterior.

Este proyecto ya contaba con el rechazo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Inavi y otros agentes del sector como la Organización Nacional de Vinicultores (ONV), en el que los privados lo veían como “inviable” ya que generaría pérdidas en el sector por los altos costos en la producción del mosto concentrado.

Esto llevaría a que se tuviera que bajar el precio de la uva de $ 15 a $ 7,50 para ser competitivos a la hora de exportar, sin tener ganancias, lo que generaría pérdidas de US$ 1,3 millones anuales al sector, según el análisis de la ONV. Asimismo, la gremial y el Inavi habían indicado que el costo de producción en Argentina o Chile es la mitad que en Uruguay, por lo que no se tendría en cuenta el producto local, como tampoco hay un excedente de uva suficiente como para dedicar a esta producción ni que el consumo local de la misma fuese suficiente para su absorción.

A su vez, otra de las críticas había sido que se establece un llamado por parte del Inavi, para la instalación de la planta, cuando ya hay tres, dos en funcionamiento y una que no lo está (pero que podría estarlo). Una de ellas había costado entre US$ 400.000 y US$ 450.000 para su instalación, la tercera parte que costaría la que propone el proyecto.

Sin embargo, este martes hubo una reunión intergremial de los agentes privados del sector, con la participación de la gremial impulsora del proyecto y el resto de gremiales -que integran bodegas, enólogos, representantes de turismo enológico, exportadores, productores de vino y uva- que lo rechazan.

Luego de la misma, las gremiales opositoras enviaron una misiva a parlamentarios -a la que accedió El País- en la que señalaban nuevamente su no conformidad con el proyecto de la CVU y solicitaban que se retirara del articulado el mínimo de seis millones de kilos anuales de uva que serían destinados a la producción de mosto concentrado.

En tanto, en diálogo con el medio, el integrante de la ONV, Gustavo Redin, explicó que este nuevo articulado que quita ese mínimo, “es como un fuego que ya se apagó” y que lo “mejor es que no salga ningún artículo”. Del mismo modo, señaló que en el directorio del Inavi hay ocho votos, por lo que, al requerir de la aprobación de los dos delegados del CVU pero contando con el resto en contra, se debería tomar el porcentaje del año anterior, el cual es cero.

A su vez, expresó que la génesis del proyecto surge de “una preocupación genuina” de que no haya una oferta mayor a la demanda, que haría que se “derrumbe” el precio de la uva. Por esto, afirmó que los mayores compradores de uva, “saben que si eso pasa, en algún momento se termina el proveedor”.

“Hay una preocupación genuina, no solo por lo moral, sino porque precisa que su proveedor esté bien”, agregó.

“En esa estamos todos juntos”, sostuvo.

No obstante, señaló que con este proyecto se pretende “achicar la oferta con el peor negocio de todos los que hay”.

Por otra pare, el directivo del CVU que estuvo en la reunión intergremial, Fernando Imperiale, expresó a El País que si el proyecto repercute negativamente en el sector, “en el correr del tiempo”, es una herramienta que no se utilizaría. Asimismo, señaló que en la reunión encontraron las disconformidad del resto del sector sobre la propuesta junto con la exposición de los impactos negativos que traería, por lo que van a replantearla en la reunión que tendrá hoy la gremial.

Sin embargo, dijo que desde la CVU buscan una “herramienta previsora” para cuando haya un sobrestock de uva y que no se tomen medidas cuando ya están cursando el problema. “La planta de mosto es una herramienta previsora”, afirmó y agregó que “no quiere decir que se use”.

A su vez, dijo que se les planteó la posibilidad de la destilación de vino, mientras que se puede continuar con la reconversión de la plantación de variedades de uva de menor calidad enológica por otras de mayor penetración en el mercado, para lo que precisarían “un fideicomiso, un aporte extra del MGAP o un crédito que Inavi puede pagar a largo plazo”.

En tanto, el Inavi ya cuenta con una herramienta “previsora” que son las “prestaciones vínicas”, con las que el Inavi resuelve el porcentaje de la producción a retener de vino de todas las bodegas, que no se podrá comerciar en el mercado interno, en caso que haya un excedente de uvas. Ese vino, podría ser exportado, destilado o quitado directamente del mercado.