Punta del Este está lleno de turistas en este momento y más de uno se pregunta qué hacer para quedarse a vivir en Uruguay, o cuáles son los incentivos legales para hacerlo.

Según datos del Ministerio de Turismo, en diciembre pasado ingresaron al país casi 804.800 turistas, esto es, un aumento del 23% interanual, la mayoría para vacacionar en la principal ciudad-balneario del este y sus alrededores. Y en esta situación, la tentación de quedarse a vivir acá, se activa. De hecho, muchos argentinos lo están haciendo desde la pandemia del covid-19 y para escapar de la crisis económica en el país de origen.

El Censo 2023 arrojó que Uruguay no llega a los 3,5 millones de habitantes y que el alza que hubo se debió casi exclusivamente a los 80.000 extranjeros que residen en el país.

La Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) da cuenta del aumento de las inversiones en Uruguay de otros extranjeros; en los últimos tres años abrieron más de 40 cafés en Punta del Este (la mayoría de argentinos) y la semana pasada El País informó que los argentinos plantean invertir US$ 20 millones en un moderno astillero de catamaranes en Colonia, por mencionar solo una muestra del movimiento que se han generado con las facilidades para adquirir la residencia fiscal y otros incentivos tributarios para personas físicas y jurídicas.

No solo se trata de captar argentinos. “Hace un mes y medio el Parlamento brasileño aprobó una norma que genera una carga impositiva para ciertos tipos de ingresos del exterior, y eso representa una oportunidad para Uruguay; se abre un nuevo capítulo para nosotros ante un nuevo mercado”, afirmó Federico Fischer, socio gerente de Andersen en Uruguay, en un evento de la firma en el International College de Punta del Este.

Foto: Ricardo Figueredo

Francesca Magno, gerenta de la división de Residencia e Inmigración de Andersen, comentó en el evento que “también atraemos más a los europeos, estadounidenses, canadienses. Nos llama la atención que ahora vienen de distintos lugares de Estados Unidos y de sitios lejanos como República Checa y los países nórdicos”. Las consultas de particulares y empresas sobre este tema han ido en aumento últimamente. “Antes venían a Uruguay personas que se retiraban, pero ahora también se interesan en venir familias con niños, que planifican su vida acá”, agregó Magno.

El País conversó con Eliana Sartori, directora de asesoramiento Tributario, Legal y Contable de PwC Uruguay, quien señaló: “En 2022 y 2023 se hicieron ajustes en las normativas, pero no hubo nuevos incentivos tributarios. Lo que sí subió es el interés por conocer los que ya existen, algunos empujados por las movidas en otros países, por ejemplo en Brasil en estos días, que repercute positivamente acá”.

Según declaró a El País Fabián Birnbaum, socio fundador de FBM Advisory, “la residencia fiscal, que es muy interesante en Uruguay por ser a 10 años, ha sido muy utilizada por los argentinos, pero en los chilenos también despertó interés al año pasado y los brasileños empezaron a preguntar, aunque hay que ver si vienen”.

Los expertos coincidieron en que los incentivos fiscales, si bien importantes, no son suficientes. “Mover la radicación y la residencia fiscal implica un cambio de estilo de vida y eso no va impulsado solo por temas tributarios. Muchas veces son la gota que derrama el vaso, pero la decisión es más compleja”, afirmó en el citado evento Juan Trócoli, socio y director del departamento Fiscal y contable de Anderson. En esa línea, es claro que pesa en la toma de decisiones, la estabilidad jurídica de Uruguay, incluso más que los incentivos.

Foto: Archivo El País

Los beneficios tributarios, tanto para personas físicas como para empresas, son una política de Estado desde hace décadas, bajo distintos partidos políticos. “La ley de zonas francas, que hoy representan casi el 6% del Producto Interno Bruto (PIB), ha tenido autorizaciones a lo largo de los gobiernos de todos los signos; la residencia fiscal fue iniciada en un gobierno de izquierda y mejorada en el siguiente; la ley de exoneración tributaria de inversiones que empezó en 1996, se mejoró en 2011”, ejemplificó Fischer.

LO QUE NO TENEMOS. Existen barreras que ahuyentan a los interesados, principalmente el hecho de que Uruguay es un país caro —sobre todo en mano de obra y lo que significa mantener una planilla—, y por algunas de sus burocracias, pero según los abogados el peso de la estabilidad en diferentes gobiernos (piénsese que este es un año electoral) y los incentivos ya existentes (no están previstos nuevos para 2024, según la Rendición de Cuentas), actúan a favor.

Trócoli puso foco no solo en los estímulos que Uruguay ofrece, sino en los que “no tiene”. Y aclaró: “No tenemos un impuesto a la herencia, que es algo que valoran los clientes globales; no tenemos un impuesto a la renta personal a nivel mundial (sí hay perforación en un par de rentas, pero no más); tampoco tenemos un impuesto al patrimonio que grave nuestros activos a nivel mundial. Esto último fue uno de los grandes drivers de los argentinos para venirse a Uruguay”, resumió Trócoli.

DESTACADOS. Según Inés Eibe, directora ejecutiva del departamento de Impuestos de Ernst & Young (EY), en diálogo con El País, entre la gran diversidad de incentivos, los más utilizados son el de zonas francas y la exoneración de impuestos sobre la renta a los proyectos de inversión, que pueden llegar al 100%. El que se graven las actividades en Uruguay (no existe acá un criterio global en esa materia) también es un plus.

Veamos algunos beneficios. El tax holiday, promovido desde 2011, establecía que a la persona que viene a vivir a Uruguay no se le gravan los intereses ni dividendos que provengan del exterior por seis años, y este gobierno amplió esa resolución a 10 años (más el año en el que vino). Es recién a partir del año siguiente, cuando pasa a pagar los intereses y dividendos que obtiene del exterior al 12%. “Hay muchas rentas que no se tributan. Por ejemplo, las acciones no son tributables en Uruguay, tampoco la renta por algún inmueble que la persona alquile en Miami u otra ciudad, si la vende tampoco tributa acá; si recibe pensiones o jubilaciones o retribuciones por trabajar fuera de Uruguay tampoco está gravado por nuestro sistema tributario”, detalló Trócoli.

Foto: Archivo El País

Los abogados también destacan que cuando alguien se radica en Uruguay, no tiene que hacer una declaración jurada de todos sus bienes y activos, ni dónde o en qué cuentas bancarias tiene su dinero en el mundo; es decir, no tener que hacer un disclosure del patrimonio es valorado por los extranjeros, según han expresado los clientes en los despachos.

REAL ESTATE. Este sector ha tenido mucho empuje en los últimos años, y acá rigen dos regímenes. Uno, es para la gran inversión económica, que viene del año 2016, con valores para ingresar bastante elevados en ese momento —US$13 millones— y que este gobierno bajó a US$ 2,7 millones. Últimamente, hubo un nuevo ajuste y ahora el mínimo para el inversión es de US$ 4,4 millones.

No obstante el alza, la mayoría de los emprendimientos están apalancados con este régimen, que consiste en la exoneración del impuesto a la renta entre el 5% y 40% de la inversión que se realiza, según los casos. Y si es necesario importar bienes —como equipamiento y materiales para la construcción—, corre la exoneración de impuestos a ese proceso de importación. También abarca la devolución del IVA en equipamiento, materiales, insumos y servicios relacionados a la obra, y la exoneración de impuesto al patrimonio de ocho a 10 años.

Foto: Estefania Leal

El otro régimen es el de vivienda de interés social, que busca promover el desarrollo de ciertas zonas del país, a través de la exoneración total de impuestos al promotor. El inversor también tiene una exoneración en el momento de la compra, ya que no paga IVA u otros impuestos con la escrituración. “Este tipo de inmuebles generalmente son comprados para renta, y están por 10 años exonerado del impuesto a las personas físicas en arrendamiento”, dijo Trócoli.

Eibe puso foco es el régimen de zona franca, que exonera de todo tipo de impuestos a quienes desarrollan su actividad en las zonas francas y vendan sus servicios al exterior. Esto ha generado que se hayan instalado empresas importantes, sobre todo tecnológicas, como MercadoLibre y Globant.

Entre los beneficios a empleados extranjeros en zona franca, se les da la posibilidad de pagar únicamente de su sueldo un impuesto a la renta con una tasa del 12% (mucho mejor que la del resto del mercado, que va de 0 al 36%), a su vez no tienen por qué aportar al sistema jubilatorio al Banco de Previsión Social (BPS).

Existe otro régimen para empresas tecnológicas fuera de zonas francas, que las habilita la exoneración del impuesto a la renta si desarrollan software en el país, o servicios relacionados a tecnología (mantenimiento, etcétera). En el caso de los servicios, se requiere que el 50 % de los costos haya incurrido en Uruguay, para acceder a la totalidad de exoneraciones de impuestos.

La residencia legal lleva 20 días en ser concedida desde que se inicia el trámite para los miembros del Mercosur. Y la residencia fiscal lleva de 15 a 20 días, una vez se demuestran los requisitos, dependiendo de las causales y los movimientos migratorios, señalaron los abogados, quienes dijeron que no están previstos cambios en este año electoral, aunque sí esperan que se difundan más y logren mayor efecto, aprovechando esta temporada que trae extranjeros y el contexto regional que es favorable a una movida en Uruguay.

Uruguay estudia cómo acoplarse sin alejar la inversión.

Los expertos consultados por El País mostraron inquietud por el nuevo “impuesto mínimo global”, impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que consiste en la implementación de una imposición efectiva mínima global del 15 % a las empresas multinacionales que facturen más de 750 millones de euros anuales, y a la que Uruguay debe sumarse ya que votó a favor de ésta.

Los expertos advierten que el nuevo impuesto va a contrapelo de las exoneraciones y otros beneficios tributarios que Uruguay otorga, sobre todo en zona franca, lo que podría ahuyentar la inversión extranjera.

Más allá de voces a favor o en contra, Uruguay recibe presión ya que deberá acoplarse su legislación a lo largo de este año, tratando de evitar que los inversores se desanimen.

En tal sentido, se está estudiando hacer rediseños al régimen tributario, con otros beneficios que compensen lo que se le irá a las empresas con el nuevo impuesto. Según el contador Fabián Birnbaun, se podrían incluir beneficios, por ejemplo, en materia de seguridad social, para las empresas que están abarcadas por el nuevo impuesto global, pero en la medida en que Uruguay está atravesando precisamente una reforma de la seguridad social, es poco probable que se introduzca una nueva variable a ese nivel. “También puede haber otro tipo de compensaciones, se está estudiando”, dijo Birnbaum.

La preocupación radica en que Uruguay es una economía con una dependencia importante de las zonas francas; de ahí la importancia de proteger su competitividad internacional. Sobre este tema, El País entrevistó en el pasado diciembre a Rafael Sayagués, socio fundador de la firma miembro de EY en Centroamérica, quien manifestó que la OCDE reconoce y avala el derecho que tienen los países para establecer medidas compensatorias locales al impuesto global. “Se puede reconocer a la empresa afectada con créditos y beneficios fiscales por generación de empleo, por retención de mano de obras, por crear un centro de investigación y desarrollo, por inversión en tecnología, en economía verde, o en otras cosas”, afirmó.

El analista vaticinó años complicados por el nuevo impuesto legal, según la realidad y mecanismos compensatorios que active cada país.