Los delitos relativos al crimen organizado continúan evolucionando, al punto que comienzan a relacionarse entre ellos e, incluso, a vincularse con el terrorismo. En este contexto, el gobierno uruguayo trabaja en la Estrategia Nacional para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, la cual tiene dentro de sus objetivos la detección temprana de “procesos de radicalización” y líneas de acción respecto a las políticas migratorias.

La Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo está en proceso de aprobar el borrador de la Estrategia Nacional antilavado para el período entre 2024 y 2029, al que accedió El País y del que se publicó un resumen este viernes en la parte referida al lavado.

Ya en 2022, el gobierno uruguayo conformó la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que sirvió como insumo para la estrategia en la que se trabaja hoy. Este diagnóstico realizado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y el asesor internacional Alejandro Montesdeoca, fue aprobado en 2023.

Dentro de los hallazgos de la ENR se presentó que el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos que originan fondos ilícitos, son las principales amenazas que Uruguay enfrenta en materia de lavado de activos.

Del mismo modo, marcó que el sistema local cuenta con vulnerabilidades que podrían permitir que se filtren los fondos de orígenes espúreos, como la falta de recursos, la baja percepción del riesgo de que esto suceda y el bajo nivel de reportes de operaciones sospechosas que hacen los sujetos obligados.

La evaluación señaló, respecto al financiamiento del terrorismo, que las amenazas y vulnerabilidades antes mencionadas también están presentes frente a este delito. No obstante, la ENR señala que Uruguay no presentaría un “riesgo alto de ser escenario de acciones de organizaciones, grupos o individuos de extracción terrorista”.

Sin embargo, destaca que no se puede descartar el uso del territorio nacional como país de tránsito, siendo la principal amenaza la eventual conexión de grupos criminales locales con organizaciones del exterior.

El borrador de la Estrategia Nacional que maneja el gobierno para combatir estos delitos y mitigar sus riesgos, recoge estas amenazas y vulnerabilidades y profundiza que “informes de Inteligencia manejan una hipótesis de posible corrimiento de algunas actividades ilícitas desde la triple frontera Paraguay/Brasil/Argentina, a la frontera de Santana Do Livramento (Brasil) – Rivera (Uruguay), dada la caracterización geográfica de dos ciudades gemelas con frontera seca, así como la similitud de la existencia de comunidades árabes y comercios fronterizos”.

En tanto, sostiene que “no se cuenta con las herramientas necesarias para detectar de forma temprana y oportuna, procesos de radicalización que se puedan dar en nuestra sociedad”.
A su vez, marca como vulnerabilidad, el “libre tránsito de personas, fundamentalmente en las fronteras, debido a la alta permeabilidad de la región, así como también, en la falta de controles migratorios apropiados, y registro de ingreso y egreso al país de individuos, cualquiera sea su procedencia”.

Ante estas deficiencias, la Estrategia marca objetivos con distintos niveles de prioridad y horizontes temporales para su cumplimiento.

Entre los objetivos, traza como línea de acción el realizar actividades de capacitación sobre la aplicación de las sanciones financieras dirigidas al financiamiento del terrorismo orientadas a los sujetos obligados.

A su vez, propone realizar y difundir protocolos y ejercicios simulados de congelamiento de fondos relacionados con las listas de sanciones de las Naciones Unidas sobre este delito.

Por otra parte, apunta a la detección “temprana de procesos de radicalización”, para lo que plantea realizar una evaluación de riesgo específica sobre la eventual exposición del país a estos procesos y, con los resultados que se obtengan, implementar acciones para mitigar los riesgos identificados y establecer protocolos de actuación aplicables a los organismos involucrados.

En tanto, agrega el objetivo de fortalecer las políticas migratorias, a través de un mayor control del flujo migratorio en los puestos de frontera con Brasil y Argentina y la revisión de las políticas de visado y residencia en el país.

También plantea unificar procesos de control fronterizo y dotar de recursos a la Dirección Nacional de Migración y Dirección Nacional de Aduanas. “Procurar la colaboración de Argentina y Brasil. Deberá incluirse un programa de capacitación y concientización del riesgo existente”, agrega.

También establece que se modernice la base de datos migratorios y que se evalúe “el sistema tecnológico y actualizarlo en función de las necesidades detectadas”.

Además, se plantea analizar la “implementación de inteligencia financiera a partir de la información recibida” por parte del Banco Central sobre transferencias electrónicas transnacionales realizadas desde y hacia Uruguay.

En materia de cooperación internacional en la parte vinculada al financiamiento del terrorismo, la Estrategia Nacional apunta a “poner mayor énfasis en las tareas de inteligencia que puedan realizarse en las zonas de frontera con Argentina y Brasil, principalmente en las ciudades de Rivera, Chuy, Colonia, Fray Bentos, Paysandú y Salto”.

En esta línea, también propone evaluar la “posibilidad de que, a través de un acuerdo con Argentina, Brasil y Paraguay, se comparta información y análisis estratégico para dar trazabilidad a los fondos provenientes y con destino a los países de la región de la Triple Frontera (con énfasis en las zonas geográficas de mayor riesgo) y analizar en forma consolidada las transacciones de remesas”.

Por otra parte, la estrategia también pretende combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, para lo que se proponen medidas luego de evaluar el riesgo que tiene el país frente a este delito, así como también que se realice un “análisis del mercado local de empresas que se dediquen a la producción o manipulación de productos y precursores químicos que puedan formar parte de la elaboración de armas químicas y ser utilizadas en actos terroristas”.

“Evaluar la posibilidad de que se cuente con la colaboración de dicha industria en la realización del trabajo”, finaliza.