1/1:  20110412 595x400 ()

ANDRÉS OYHENARD

Cansadas de ver disminuidos sus presupuestos por el pasaje de camiones pesados fruto del boom del agro, tres intendencias aplicaron un tributo para hacerse de capital privado para reparar rutas. Forestales dicen que es inconstitucional.

Al malestar de los transportistas de cargas por la decisión de tres intendencias (Tacuarembó, Cerro Largo y Lavalleja) -que se suman a Rocha- por pretender cobrar un impuesto sobre el transporte de carga pesada, se agregó el de la Sociedad de Productores Forestales que rechazó esta medida y la calificó de "inconstitucional".

Sin embargo, el jefe comunal de Tacuarembó y presidente del Congreso de Intendentes, Wilson Ezquerra, defendió la aplicación de este tributo porque, en su caso, la administración "esperó demasiado tiempo un compromiso" de cooperación y coordinación por parte de las firmas forestales. No obstante, aclaró que si el sector privado cambia su postura la comuna "podría dejar sin efecto el cobro de esta tasa" que equivale al 0,04% de una Unidad Reajustable por tonelada transportada. En un camión de 30 toneladas representa unos $ 600.

"Hay algunas voces que dicen que la Intendencia no va a volcar estos tributos a la reparación de los caminos deteriorados que no tienen derecho a afirmarlo", criticó Ezquerra. En ese sentido, señaló que su administración realizó 10 kilómetros de bitumen en la Ruta 59 que es el eje transversal de la forestación -une la Ruta 5 con la 43- a "costo total de la comuna". Tacuarembó tiene 4.500 kilómetros de caminería rural de las cuales mantiene unos 1.000 kilómetros por año.

"Queremos encarar una caminería diferente. En la Ruta 59 todos los años hacemos un recarga de material de hasta 20 centímetros que dura seis meses. Hay que tratar de buscar los fondos para tener una inversión inicial muy fuerte con un pavimento bituminoso que permita que la inversión dure más tiempo", explicó.

Ezquerra dijo que el costo de mantenimiento por kilómetro es de US$ 14.000. Así, el mantenimiento anual de la Ruta 59 -que tiene 105 kilómetros- es de unos US$ 1,5 millones.

Agregó que con la partida de US$ 550 del Ministerio de Transporte se pueden hacer unos 60 kilómetros, el resto corre por cuenta de la comuna.

El director nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte, Luis Lazo, informó ayer a El País que su cartera destinó unos US$ 100 millones a las intendencias del Interior para atender el mantenimiento de la caminería rural para este quinquenio. Es decir que por año Transporte destina US$ 20 millones para las distintas comunas del país. Para aquellas administraciones que no tienen actividad forestal en su jurisdicción se vuelcan US$ 7 millones. Mientras que los departamentos madereros tienen un adicional a ese monto para distribuirse entre sí de US$ 13 millones. Lazo dijo que por ahora el Ministerio está cumpliendo con las transferencia de fondos.

En este sentido, el resto de las comunas están en la misma situación que Tacuarembó, Cerro Largo, y Lavalleja aunque aún no está claro si van a sumarse a la medida.

Inconstitucional. Para el gerente de la Sociedad de Productores Forestales, Edgardo Cardozo, el cobro de una tasa por el pasaje es "inconstitucional", "discriminatoria" y "exagerada". "Acá estamos hablando de un impuesto y no de una tasa porque no existe una contraparte específica. De hecho, ya existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la tasa que cobra la comuna de Rocha actualmente", recordó. El gremialista dijo que esta Intendencia sigue cobrando al transporte de madera el impuesto pese al fallo de la Justicia.

La Intergremial de transportistas también analiza la inconstitucionalidad de la medida pese a que anunció que trasladará el peso del impuesto al costo de los fletes incrementándolo en un 10%, dijo el gerente Humberto Perrone a El País.

SOLUCIÓN. La Sociedad de Productores Forestales le sugirió una propuesta hace cuatro años al Congreso de Intendentes para que forme una comisión con representantes de las intendencias, Transporte y los productores para que se asegure que el dinero que puedan volcar las empresas tenga como destino los caminos que utiliza el sector, dijo Cardozo. Pero, "la intendencia de Tacuarembó nunca respondió a esta propuesta; no fueron los privados". El empresario citó el caso de Rivera donde las empresas forestales hicieron acuerdos para el mantenimiento de caminos en el gobierno pasado.

Por otro lado, el dirigente señaló que el aporte que pretenden las comunas de Lavalleja, Tacuarembó y Cerro Largo "está fuera de la realidad". Explicó que esto implica un sobrecosto de US$ 28 por año por tonelada de madera en pie cosechada que significa un 5% de la producción del promedio del país. "El sector productivo no puede seguir pagando tributos para atender la burocracias de las intendencias", criticó Cardozo. Precisó que su gremial no se opone a aportar, pero exigió un tratamiento "transparente" de ese dinero.

10% Es lo que prevé ajustar las tarifas de fletes la Intergremial de transportistas de carga ante la tasa que aprobaron algunas intendencias.