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La nueva administración tributaria en América Latina tiene mayores facultades y más y mejor información para controlar el pago de impuestos. Pero eso además le de la posibilidad de ser una mezcla de “Gran hermano” con “Amazon”: tiene en tiempo real todas las transacciones de la economía, por sectores económicos, zonas geográficas y tipo de contribuyente lo que le da una fuerte capacidad de fiscalización, pero también poder ofrecer servicios a personas, empresas y hasta el propio Estado (como Amazon que sabe los intereses del consumidor y le sugiere ofertas).

En el documento “Propuestas para la terapia tributaria en la pospandemia”, elaborado por los asesores fiscales internacionales Alberto Barreix y Jerónimo Roca para la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina -que El País divulgó en la parte de iniciativas la semana pasada- se analiza la nueva administración tributaria.

“La factura electrónica fiscal es uno de los aportes de América Latina a la lucha contra la evasión, a la transparencia tributaria y a la digitalización de las administraciones tributarias”, dicen los autores.

“La implementación de la factura electrónica” además “supone una disminución de los costos operativos y, por tanto, del costo de cumplimiento de los contribuyentes (ahorro de papel, de espacio físico para almacenamiento, reducción de gastos de envío). Estos beneficios alcanzan a los pequeños y medianos contribuyentes gracias a que las administraciones tributarias proveen facturadores electrónicos gratuitos”, añaden.

“Para la implementación de la factura electrónica, los países de la región han seguido dos grandes procedimientos. Los países pioneros (Chile en 2003 y, luego, Brasil y Argentina) la fueron diseñando e implementando sobre la marcha, aplicando sus propios recursos. El mismo procedimiento han seguido administraciones tributarias más pequeñas, como las de Ecuador y Uruguay. Recientemente, otras administraciones tributarias, en general de menor porte, han tercerizado gran parte de la implementación de la factura electrónica. Ejemplos de ello son Costa Rica, Paraguay y Belice, que está iniciando el proceso”, explica el documento.

“Fuera del continente, Corea del Sur, Taiwán y recientemente Cabo Verde han implementado la FE. También lo está haciendo Italia, con autorización de la Unión Europea, que por decisión judicial supranacional no permite que la administración tributaria restrinja la libertad (económica) del contribuyente (en este caso, disponiendo cómo debe facturar)”, agrega.

Los organismos impositivos de la región “ya poseían información sobre activos, deudas, rentas, ventas y otras transacciones, incluyendo las de comercio exterior, en la mayoría de los casos autodeclaradas por los contribuyentes. Con la factura electrónica se ha agregado información detallada y en tiempo real de las transacciones entre empresas (B2B, por sus siglas en inglés) y también, aunque con diferente grado de detalle según los países, de las ventas de empresas a consumidores finales (B2C, por sus siglas en inglés)”, señalan Barreix y Roca.

“Por otra parte, con el avance de la transparencia fiscal internacional y, en particular, con la aprobación de las leyes contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, se ha levantado el secreto bancario en casi todos los países de la región, lo permite que la administración tributaria acceda a las cuentas y transacciones bancarias, y se ha obligado a declarar el beneficiario final de las empresas”, añaden.

Además, y siempre en el contexto de la transparencia fiscal internacional, las administraciones tributarias pueden obtener datos mediante el intercambio de información por requerimiento (EOIR, por sus siglas en inglés) y el intercambio automático de información (AEOI, por sus siglas en inglés) sobre cuentas y transacciones bancarias con otras jurisdicciones (incluida información relativa a la participación en la cadena de propiedad del país requirente de empresas o personas físicas residentes en la jurisdicción del país informante)”, recuerdan.

Pero a esto “es previsible” que se sume la “nueva información proveniente de la implementación y cobro del IVA y el impuesto sobre la renta a los servicios digitales, así como de la atribución de la renta de las empresas multinacionales entre los diferentes países en los que operan”, estima el informe.

Y “si se asume que en el futuro se implementará la factura electrónica (fiscal) internacional, se podría acceder a información sobre todas las operaciones de comercio exterior, inclusive servicios y otras transacciones financieras conexas, en especial rentas de capital”, expresa el reporte.

“Esta factura internacional sería un elemento fundamental para el control de precios de transferencia en bienes y servicios y de la elusión, y permitiría poner en igualdad a proveedores domésticos y del exterior en términos de facturación, tanto para el país de origen como el de destino”, agrega.

Todos esos datos nuevos, más los que ya obraban en poder de los organismos impositivos, podrían ser explotados “con nuevas técnicas de análisis (riesgo, aprendizaje automático, otras técnicas de inteligencia artificial, etc.)”, indica el documento.

Incluso, con la información de la factura electrónica —y de las otras fuentes mencionadas— “pasa a tener un papel central una nueva fiscalización inteligente ‘de escritorio’ que, con base en los perfiles de riesgo y el análisis de transacciones, identifica los desvíos respecto al comportamiento esperado del contribuyente y le propone a este la corrección correspondiente, reduciéndose significativamente el porcentaje de auditorías sin éxito (aquellas que, una vez finalizadas, no implican ningún cambio en la declaración original del contribuyente)”, sostienen Barreix y Roca.

A esto se suma que la administración tributaria podrá entrar “en una etapa de prestación de servicios, como el factoring (que ayude al financiamiento de las empresas) y otros y el monitoreo en tiempo (casi) real de la economía”, explican.

¿Cómo funciona esto último? “La factura electrónica permite el seguimiento en tiempo real de todas las transacciones de la economía, por sectores económicos, zonas geográficas y tipo de contribuyente, con lo cual se vuelve una herramienta poderosa para el monitoreo de la evolución de la economía y para una toma de decisiones de política económica temprana e informada”, aseguran Barreix y Roca.

“Por ejemplo, los índices de actividad económica que los bancos centrales publican con un rezago de dos a tres meses podrían estar disponibles ahora en tiempo real”, señalan.

“Adicionalmente, desde hace ya tiempo se ha explorado la utilización de la información tributaria como apoyo a la elaboración de algunas variables de las cuentas nacionales. Con la factura electrónica, esta posibilidad se ha convertido en realidad y es probable que las encuestas contratadas para construir determinadas variables sectoriales ahora solo sean necesarias como control de las variables construidas a partir de la información de la factura electrónica”, afirman Barreix y Roca.

“Con la digitalización y la acumulación de información, se ha inaugurado una nueva etapa en la evolución de las administraciones tributarias: la de servicio de datos fiscales, no solamente relacionados con el cumplimiento de los contribuyentes”, también “relacionados con su actividad económica y servicios al propio Estado”, dice el informe.

Entre los servicios del organismo impositivo al contribuyente que disminuyen sus costos de cumplimiento, Barreix y Roca identifican tres. Uno de ellos es “la provisión gratuita de los servicios web de factura electrónica, de soluciones de factura electrónica que operan en equipos móviles, y de la nómina electrónica . También debería proveerse un sistema de contabilidad y liquidación fiscal simplificada, eliminando o reduciendo obligaciones accesorias (por ejemplo, llevar libros), como en las positivas experiencias brasileña y chilena”, recomiendan.

El segundo es que “usando la información proveniente de la factura electrónica, Chile ha dado el paso de proponer la declaración del IVA a los contribuyentes que, si están de acuerdo, simplemente la aceptan. Algunas administraciones tributarias de la región ya habían hecho lo mismo con el impuesto sobre la renta personal (Colombia, Chile, Perú y Uruguay), con diferente grado de éxito. La complejidad de la liquidación del impuesto sobre la renta de empresas hace que no sea trivial proponer la declaración de este impuesto. No obstante, no es descabellado pensar en esta posibilidad”, dicen los autores.

El tercero y último es la “devolución de impuestos más ágil, en particular a los exportadores”, indica el informe.

Pero, el servicio que más puede ayudar a las empresas (sobre todo a las micro y pequeñas) es el de factoring. Este “permite liquidez inmediata mediante la transferencia o cesión de los derechos (de cobro) de un documento (factura electrónica) a un tercero, quien otorgará el financiamiento al emisor y se encargará de la cobranza al deudor”, señala el documento. Es decir, una empresa que emitió una factura y la va a cobrar en 90 días por ejemplo, podría hacerse del dinero antes cediendo el cobro de la misma a otra. Es una forma acceder al crédito. La factura electrónica da mayor impulso a esto debido a “la mayor velocidad y seguridad de las transacciones electrónicas”, expresa el informe.

Hay otros servicios que podría dar el organismo recaudador: por ejemplo “el Estado de Paraná (Brasil) ha desarrollado una aplicación para que los ciudadanos puedan consultar en tiempo real el establecimiento (georreferenciado) que vende al menor precio el bien o servicio que pretenden adquirir”, indican Barreix y Roca. “El Estado de Rio Grande do Sul ha utilizado la información de precios de la factura electrónica como un parámetro para hacer más eficientes las compras públicas y evitar los sobrecostos, en particular en rubros como los medicamentos”, añaden.

Otro servicio para el Estado es el control de precios de transferencia en exportaciones y de evaluar la competencia en sectores de la economía.