La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) plantea la necesidad de que la región —también Uruguay— acelere el paso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, en cuanto a sus procesos de transición hacia la sostenibilidad, para no quedar más atrás de países avanzados.

El organismo sostiene que la región debe impulsar más que nunca el desarrollo “productivo, inclusivo y sostenible”, según un informe en el que destaca a Uruguay en muchos aspectos económicos y sociales, aunque aún con camino por recorrer.

La Cepal considera que las políticas de desarrollo productivo deben jerarquizar a los clústeres (tecnológicos y de innovación) y que se debería intentar un “modelo común” hacia el cumplimento de metas, a pesar de la heterogeneidad de los países de esta región.

Como es habitual en la Cepal, el informe hace énfasis en atender la pobreza que golpea las dimensiones de educación, salud y vivienda, y por ende, al desarrollo, pero esta vez trae más a la mesa la “vulnerabilidad de las personas a los fenómenos extremos”, como el cambio climático. Los efectos en ese sentido están aumentando y son prueba de ello las sequías que marcaron a Uruguay en 2023 y las copiosas lluvias e inundaciones en Porto Alegre (Brasil), algunas zonas de Argentina y Uruguay este año.

Uno de los planteos es que, si bien los recursos del Estado quedaron diezmados durante de la pandemia (muchos países de la región aún no se recuperaron de ese impacto), habría que movilizar más el gasto social para erradicar la pobreza, promover la agricultura sostenible y no descuidar invertir —o atraer inversiones— en infraestructura agrícola (ver aparte).

Además, el informe recuerda que existen nuevos mecanismos y opciones internacionales de financiamiento para tecnologías de avanzada en el agro que se podrían aprovechar más.

La lucha contra la delincuencia organizada, que es una verdadera corriente financiera y de armas ilícitas en la región, es otro de los puntos mencionados en el informe, en donde se advierte sobre el “costo del delito”.

El informe alerta que, de no adoptarse medidas en forma acelerada, solo un 22% de las Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se habrá cumplido en la región para 2030.

Las tendencias desfavorables para América Latina son, fundamentalmente: el lento crecimiento de sus economías, el comercio y la inversión insuficiente, el aumento y la mayor diversidad de los flujos migratorios y las desigualdades en alza dentro de los países.

Asimismo se señala que, a pesar de ser productora de alimentos, la región no está libre de inseguridad alimentaria por los impactos crecientes de la revolución tecnológica y del cambio climático, además de los mayores costos del financiamiento internacional y las nuevas tendencias proteccionistas mundiales.

Sobre el cambio climático, la Cepal calcula que Uruguay sufre un aumento de casi tres días adicionales de exposición a olas de calor, al comparar el período 1986-2005 con 2016-2020, y que la brecha va en alza, con todo lo que esto significa para los ecosistemas y economías. El país de la región más expuesto a este fenómeno es Surinam, que superó los 15 días adicionales en ese lapso.

Esta situación representa una alerta sobre la tendencia decreciente de la productividad regional —o el riesgo a ese nivel—, que en gran parte se podría contrarrestar con mayor inversión tecnológica aplicada al campo.

En cuanto a los sistemas de protección social y cobertura de servicios básicos, Uruguay y América Latina aparecen bastante mejor posicionados que los países de Centroamérica.

Uruguay aparece también entre los países de la región que logró reducir el número de niños menores a cinco años con desnutrición crónica, pero con trabajo pendiente para contrarrestar la pobreza infantil.

Otro renglón en el que destaca especialmente Uruguay, es en cantidad de abonados a Internet de banda ancha fija, que permite alcanzar velocidades elevadas. El informe señala que la masificación de este tipo de servicio permitirá acelerar los procesos de transformación digital y la adopción de tecnologías digitales avanzadas como la inteligencia artificial.

Sobre la transición energética, el informe menciona a varios países que disponen de políticas nacionales de energía, como la Política Energética 2005-2030 de Uruguay, la de México, Chile y Costa Rica.

Entre los programas para la promoción de la eficiencia energética se identifican el Programa Localidades Eficientes de Uruguay y el Plan de Acción Indicativo del Programa de Uso Racional de Energía de Colombia, entre otros. Finalmente, se menciona el programa H2U del Uruguay, la hoja de ruta para una economía de hidrógeno verde de Trinidad y Tobago, la estrategia nacional de hidrógeno verde de Costa Rica y el proyecto “H2 Brasil”, en ese orden.

Cabe agregar que el Acuerdo de París hace un llamado a los países a presentar y actualizar periódicamente sus planes nacionales de adaptación a los Objetivos Climáticos y, a la fecha, 15 países de América Latina y el Caribe han presentado esos planes, pero solo cinco de ellos han avanzado en planes sectoriales de adaptación, entre ellos Uruguay.

Los planes sectoriales, en el caso de Uruguay, están en energía, uso de la tierra y silvicultura, transporte, agricultura, desechos e industria. Aún queda, según la Cepal, infraestructura, vivienda y agua.