La decisión de la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) de presentar una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), contra la asociación de Ancap con una empresa privada en el negocio del portland y la cal, provocó dos posturas totalmente opuestas.

Por un lado, el sindicato entiende que “es un respaldo político importante” que “reafirma la “inconstitucionalidad” del procedimiento de asociación, mientras que el directorio de la estatal entiende que la acción ante el TCA tiene “poca o nula” implicancia, que son “los mismos argumentos” que ya se utilizaron el año pasado y que fueron rechazados.

La presentación de la acción de nulidad fue informada a través de Twitter por el senador socialista José Nunes, quien afirmó que la asociación de Ancap con un privado “viola lo establecido en el artículo 188 de la Constitución, es contrario al interés nacional, y afecta muy negativamente a los departamentos de Lavalleja y Paysandú”.

El recurso fue presentado el pasado viernes y contó con las firmas de la senadora Amanda Della Ventura y la diputada de Paysandú, Cecilia Bottino.

Para la Federación Ancap (Fancap), la presentación de la acción de nulidad ante el TCA “va en línea” con lo que plantean desde septiembre del año pasado, según lo afirmó en diálogo con El País, el secretario general del sindicato, Manuel Colina. A su entender, el accionar del FA representa “un hecho político importante” y si bien cuestionó no haber tenido antes “un respaldo de este tipo por parte de la fuerza política, ni siquiera cuando fueron gobierno”, señaló como positivo “que ahora se haya hecho esa autocrítica”.

En la vereda contraria, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic dijo a El País que la acción de nulidad presentada, no tiene un efecto suspensivo en lo que refiere a la licitación. Por lo que, a su entender, “la argumentación no es buena” y “lleva la discusión al TCA sobre aspectos muy formales”.

Al ser consultado respecto a cómo recibió el directorio de Ancap la noticia del recurso por parte del FA, Stipanicic dijo que de forma “indiferente”, dado que los argumentos que se presentan en el documento “son los mismos” que ya habían sido presentados el año pasado. “Se esperaba que recurrieran al TCA porque les rechazamos el recurso y les abrimos esa vía. El tema es que se les vencieron los plazos para fundamentar el recurso ante Ancap y creo que eso no es bueno para su estrategia ante el TCA”, afirmó el presidente de la estatal. Sin embargo, desde Fancap confían en los argumentos presentados y en paralelo, anunciaron que están definiendo “medidas sindicales sorpresivas” como muestra del rechazo del sindicato ante la asociación con un privado.

“Estamos reclamándole al directorio de Ancap que deje sin efecto la licitación de forma inmediata”, indicó Colina quien además reafirmó que el procedimiento “es inconstitucional porque no se transita por los caminos que dice la Constitución, de que para asociar cualquier parte de una empresa pública hay que generar una ley específica, la cual tiene que obtener los tres quintos de votos del total de los componentes de cada Cámara, para que se pueda asociar la empresa pública con una privada”.

Según Colina, el procedimiento ejecutado por Ancap “deja circunscrito esto simplemente a la voluntad arbitraria de tres directores de Ancap, nosotros lo hicimos ver a todas las expresiones políticas y el Frente Amplio tomó el guante”, indicó.

En octubre del año pasado, Fancap había presentado un recurso administrativo ante el directorio de la empresa estatal, para dejar sin efecto la asociación con un privado en el negocio del portland y la cal.

En ese momento, la sola presentación del recurso generó un efecto suspensivo del proceso, el cual fue luego levantado por el directorio de Ancap bajo la “base del perjuicio económico que genera el negocio” del portland para la compañía estatal, según había explicado Stipanicic en ese entonces a El País.

Los argumentos de Fancap habían sido presentados ante la estatal a través de un documento elaborado por el abogado y catedrático de derecho administrativo, grado cuatro de la Universidad de la República, Álvaro Richino. En ese informe, se habían realizado tres grandes observaciones: que el proceso de asociación va en contra del artículo 188 de la Constitución; que la resolución del Tribunal de Cuentas que aprobó la asociación hace referencia “a dos aspectos de cuestionable legalidad”; y que el procedimiento elaborado por Ancap “viola, en forma clara y definitiva, el principio de igualdad de los oferentes”.

Al rechazar el recurso de Fancap, el directorio había argumentado que el procedimiento especial “no le genera ningún perjuicio al recurrente”, así como tampoco se compartió que se estuviera “vulnerando la buena administración”.

“El contraargumento más fuerte” es que la estatal “ya está asociada en el negocio del cemento” con la empresa argentina Loma Negra “desde mediados de los años 90”, asociación que fue además ratificada en 2010 en ocasión de las inversiones en el negocio de la cal, había dicho Stipanicic en ese momento.

A su vez, el abogado constitucionalista Carlos Delpiazzo y el abogado y profesor grado tres de derecho administrativo, Pablo Schiavi, habían indicado respectivamente, a El País que “el artículo 188 de la Constitución “no agota las posibilidades asociativas de las entidades estatales” y que era “exagerado catalogar (al proceso) como inconstitucional”.