Redacción El País
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), que atraviesa una complicada situación financiera, avanza en la gestión del cobro a deudores de timbres profesionales con la contratación de una profesional para ir por el remate de bienes de los morosos.

Un comunicado del instituto previsional, señaló que más allá del embargo de bienes, medida que rige actualmente, se “busca continuar con la gestión judicial por la vía de apremio, que permitirá investigar los bienes de las empresas deudoras y posteriormente rematarlos para recuperar los montos adeudados y los intereses correspondientes”.

Para ello, el directorio de la Cjppu había realizado un llamado para convocar a empresas interesadas en gestionar la cartera de morosos por gravámenes establecidos por el artículo 71 de la ley 17.738, correspondiente a timbres profesionales.

Estefania Leal/Archivo El Pais

En agosto de este año adjudicó esta tarea a una profesional y ya le fueron entregadas las primeras 60 carpetas de juicios ejecutivos iniciados por la Caja a empresas morosas, para continuar con la gestión judicial por la vía de apremio, señaló el comunicado.

Las autoridades de la Cjppu expresaron que, la vía de apremio implica, dentro de otras posibles medidas a adoptar a partir del embargo genérico, continuar con la investigación de bienes de las empresas deudoras y posterior remate de los mismos, con el fin de recuperar los montos adeudados y los intereses correspondientes.

“Las empresas que presenten deudas y quieran evitar las medidas de ejecución dispuestas deberán regularizar su situación por los canales habituales ante las oficinas de la Caja, a la mayor brevedad”, se indicó en el comunicado del directorio del instituto previsional.

Además, se señaló que en octubre entrará en vigencia el nuevo régimen para la regularización de adeudos (ley 20.334, aprobada este mes en el Parlamento), el cual ofrecerá descuentos de hasta el 50% en multas y recargos a los deudores de timbres profesionales.

Foto Archivo El País.

“Esta es una excelente oportunidad para que las empresas regularicen su situación y así eviten las acciones judiciales”, remarcó la Caja.