URGENCIA
Entre US$ 104 millones y US$ 184 millones es lo que el organismo le pide al Estado para mitigar parcialmente la crítica situación económica que atraviesa y cubrir los déficits operativos.
Tres meses después de que el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) presentara ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), un documento con un paquete de medidas planteadas por el organismo para solucionar su déficit -entre ellas el pedido de un “préstamo puente” al Estado- y ante la solicitud del gobierno de que se cuantificara el impacto de cada una de las propuestas, la Caja Profesional llegó a un número.
Entre US$ 104 millones y US$ 184 millones es lo que el organismo le pide al Estado para mitigar parcialmente la crítica situación económica que atraviesa y cubrir los déficits operativos crecientes desde la implementación de la reforma estructural que deberá hacer la Caja hasta el año 2026.
Para estimar el monto del préstamo solicitado, la asesoría técnica de planificación y control de gestión junto con la asesoría económico actuarial de la Cjppu, elaboraron dos escenarios: medio y pesimista en los que contemplaron proyecciones diferentes y dos posibles fechas de implementación de la reforma: el 1 de enero de 2022 y el 1 de enero de 2023.
Según el documento técnico -al que accedió El País- aún en la proyección más favorable (escenario medio y teniendo en cuenta que la reforma se implementaría en 2022), el monto del préstamo solicitado al Estado ascendería a alrededor de US$ 104 millones, unos $ 3.725 millones a valores constantes de diciembre de 2019.
En tanto, en la proyección más desfavorable (escenario pesimista y con un horizonte de implementación de reforma a partir de 2023), el importe de préstamo ascendería a unos US$ 184 millones, unos $ 6.579 millones a valores constantes.
“El importe del préstamo en cada escenario se estimó como la suma de los déficits operativos a partir de la fecha en la que se supone que se implementaría la reforma”, explicó el documento de la Cjppu.
Asimismo, el cálculo excluyó los importes estimados asociados a otras soluciones planteadas por el directorio de la Caja, tales como: aumentos permanentes (en el entorno del 20%) y transitorio (en el orden del 5%) de la recaudación en la tasa de aportes de los afiliados activos y la contribución de más dinero por parte de los pasivos (jubilados), a partir de una posible consideración del importe del IASS (que se recauda de los pasivos de la Caja), como ingreso del organismo. Esas medidas consideradas en forma conjunta “retrasarían alrededor de 11 años” que el patrimonio proyectado de la Cjppu se volviera negativo.
“Esta metodología subestima el importe del préstamo, en la medida que los déficits operativos posteriores a 2026 no están computados. Asimismo, dado que se supone su otorgamiento a partir de la fecha de implementación de la reforma, hasta dicho momento la Caja continuaría registrando una pérdida de reservas (inversiones) para cubrir los déficits operativos proyectados”, advirtió el documento técnico.
Es decir que los déficits continuarían más allá de ese plazo, por un período que además dependería de que se implementaran las soluciones planteadas por el directorio de la Caja, adicionales a lo previsto en el anteproyecto de reforma estructural que fue presentado ante la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) el año pasado.
Repago del préstamo.
Para analizar la viabilidad del repago del préstamo, la Cjppu se basó en proyecciones actuariales y analizó tres escenarios hipotéticos que cuantifican el efecto del préstamo sobre el patrimonio proyectado.
En este sentido, la cuota del préstamo se estimó mediante los siguientes supuestos: el período de repago del préstamo sería 20 años; y la tasa de interés anual se asimiló a la tasa de rendimiento de un bono del Estado uruguayo en Unidades Previsionales (UP), con plazo de 20 años. Dicha tasa al 23 de julio de este año era de 2,208% anual.
En función de esos supuestos definidos, el monto estimado de la cuota anual del préstamo variaría entre US$ 6,2 millones en un escenario medio y US$ 11 millones en un escenario pesimista ($ 232 millones y $ 410 millones a valores constantes, respectivamente), dependiendo del escenario considerado y la fecha de entrada en vigencia de la reforma.
“Su magnitud es tal que representaría en el caso más favorable (escenario medio) casi 41%” de los gastos de administración de la caja del año 2019 (equivaldría a multiplicar esos gastos por 1,4), y en el caso más desfavorable (escenario pesimista) la cuota equivaldría al 72% de esos gastos, sería como si los gastos de 2019 se multiplicaran por 1,7.
“Como conclusión final, la capacidad de repago del préstamo depende de la implementación de posibles soluciones adicionales a las planteadas en la reforma (anteproyecto), y aún en este caso, los resultados podrían variar significativamente”, advirtió el informe técnico de la Cjppu.
Gobierno y la CESS.
El País se comunicó con autoridades del MTSS para saber si el gobierno evalúa asistir económicamente a la Caja pero decidieron no hacer declaraciones. Sin embargo, desde la CESS la postura es determinante: “Corresponde que la entidad (por la Caja Profesional) sugiera las medidas correctivas necesarias, teniendo en cuenta que la asistencia financiera estatal o la imposición de alguna otra carga sobre el resto de la sociedad no serían medidas de recibo”, afirmó en el borrador de recomendaciones de reforma jubilatoria elaborado por el oficialismo.
Déficit estimado y patrimonio
El monto estimado de los déficits de la Caja Profesional para el período 2021-2026 oscilaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en el escenario medio. En tanto, en el escenario pesimista, el monto estimado de los déficits del organismo para el período 2021-2026 oscilaría entre US$ 238 millones y US$ 329 millones.
Por otra parte, los datos del informe técnico de la Caja Profesional reflejaron que si se consideran los escenarios medio y pesimista, el patrimonio mediano proyectado resultaría negativo alrededor de 8,2 y 6,8 años más tarde que en un tercer escenario que consideraría solo los cambios contenidos en el anteproyecto de reforma aprobado (sin consenso) por el Directorio del organismo y presentado ante la Comisión de Expertos en Seguridad Social.