Redacción El País
La fintech argentina Wenance (que captaba dinero de inversores para dar créditos y fue denunciada por estafa por unos 600 uruguayos) fue instruida por la Superintendencia de Servicios Financiero del Banco Central (BCU) a cesar sus actividades en Uruguay y multada en 13 millones de Unidades Indexadas (UI, unos US$ 1,959.000) el 2 de abril pasado, pero la firma interpuso un recurso de revocación y jerárquico ante esa decisión.

Así Wenance Uruguay S.A. solicita la suspensión transitoria de los efectos de la resolución del BCU "en virtud que dada la gravedad de la sanción, se estarían generando daños irreparables a la sociedad, lo cual comprometería considerablemente la posibilidad de realizar cualquier actividad tendiente a cumplir con el acuerdo de reorganización que se está realizando con los inversionistas".

En Argentina la fiscal Mónica Cuñarro explicó cómo operaba la eventual asociación ilícita que montó un esquema de estafas de tipo piramidal que tuvo 500 damnificados y definió al empresario Alejandro Muszak, presunto cerebro de la operatoria, como “el jefe de una organización delictiva que funcionaba bajo el nombre de Wenance SA que, a su vez, montó una estructura jurídica financiera para captar de forma irrestricta, habitual y permanente ahorros del público”.

La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU analizó el recurso pidiendo la suspensión de la sanción por parte de Wenance y señaló en una resolución que "Wenance Uruguay S.A. no presenta ninguna evidencia ni solicita el diligenciamiento de prueba alguna tendiente a demostrar que el cumplimiento de la resolución le causa 'daños irreparables' ni presenta documentación alguna que acredite el alcance y los términos del acuerdo de reorganización empresarial que alega se estaría realizando con los inversionistas".

Así la Superintendencia de Servicios Financieros entiende que "hacer lugar a la suspensión transitoria solicitada supone admitir que Wenance Uruguay S.A. pueda continuar realizando actividad de intermediación financiera sin la debida habilitación y autorización, lo que constituye un apartamiento al deber del Banco Central del Uruguay como regulador y supervisor del sistema financiero dispuesto por la legislación vigente".

Además, "la suspensión de los efectos de la resolución provoca perturbación a los intereses generales y derechos de terceros", añadió.

Por ello resolvió "no hacer lugar a la suspensión transitoria de la ejecución de la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros del 2 de abril". Es decir, no dará marcha atrás con el cese de activdades instruido y la multa aplicada a Wenance.

La Nación / GDA

Según la fiscal argentina Cuñarro “la maniobra" de Wenance (de captar fondos de inversores y con ellos otorgar créditos y pagarles luego un interés a los inversores) "debe ser vista y entendida como una estafa piramidal, conocida como esquema Ponzi, pues los esquemas piramidales consisten en captación de víctimas y posterior inversión en una nueva plataforma o proyecto que promete mayores ganancias mientras más participantes se sumen".

"La idea de estos esquemas es que los últimos participantes produzcan las ganancias de los primeros. Cuando deja de haber suficientes adeptos nuevos, otros desean retirar su dinero y no reinvertirlo, la pirámide colapsa y los administradores desaparecen con los fondos ya recogidos. Tienen en común que ofrecen ganancias exorbitantes a corto plazo a partir de generar una comunidad cada vez más grande y que más personas ingresen e inviertan. Un detalle para tener en cuenta es que, al principio, en las estafas piramidales o Ponzi los rendimientos son realmente fenomenales, para que nadie desconfíe y para que crezca el monto de dinero invertido. Y también es cierto que, al principio, los estafadores pagan prolijamente. Hasta que se termina”, indicó en su dictamen.

La representante del Ministerio Público argentino explicó que la organización criminal “tenía una estructura piramidal” y era encabezada por Muszak, en carácter de jefe, seguido por Paola Vallone, Pedro Viggiano, Santiago Hardie, Gustavo Molas y Rodolfo Cleto García “en carácter de organizadores Wenance SA y otras compañías bajo investigación”.

Según Cuñarro, los imputados “diseñaron y pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.

En marzo pasado, el BCU sancionó con la cancelación de sus actividades a la firma de asesoría de inversión Big Capital y la dio de baja del Registro de Mercado de Valores.

Big Capital es una empresa argentina que desembarcó en Uruguay en febrero de 2022, cuando los accionistas de Fimix (con licencia de asesor de inversión) vendieron su participación a los socios de Big Capital, Damián Marizza y Pedro Viggiano (que aparece mencionado en la causa de Wenance en Argentina).

¿Qué pasó para que el BCU le cancelara sus actividades y le diera de baja? Según la resolución del BCU, la Superintendencia de Servicios Financieros le inició actuaciones de supervisión en 2023 en donde constató una “multiplicidad de incumplimientos”.

Entre ellos que Big Capital “no se encuentra desarrollando asesoramiento en inversión o canalización de órdenes de clientes, siendo estas actividades las que definen la licencia” de asesor de inversión.

El BCU encontró que “la actividad principal de la entidad es la colocación a terceros de cesiones de créditos otorgados por Wenance Uruguay S.A.”.

Además, “los ingresos de Big Capital corresponden solo a esta actividad, emitiéndose la totalidad de las facturas a Wenance Uruguay S.A.”, indicó la resolución.

Pero no fue lo único que incumplió la firma, según el BCU. “No se cuenta con los antecedentes personales y profesionales de Viggiano y Marizza, en tanto no fueron presentados durante el trámite de cesión de cuotas sociales y tampoco fue posible obtener esta información en las actuaciones de supervisión”. Esto incumple la normativa del Mercado de Valores.

El BCU citó a ambos socios, pero “Viggiano alegó la existencia de inconvenientes de salud que no le permitían asistir o comunicarse vía Zoom” y Marizza no acusó recibo de las citaciones”, explicó el documento.

Por eso, el BCU concluyó que “la multiplicidad de incumplimientos, la imposibilidad de evaluar al personal superior de la firma, así como la falta de acceso a la información vinculada con su actividad, en particular a los registros que debe mantener como asesor de inversión, no permite ejercer la debida fiscalización por parte de este Banco Central, lo cual supone una infracción grave que amerita la cancelación de actividades”.