En 2024 hay un “elefante en la sala” al que nadie puede evitar: las elecciones presidenciales. Dentro de los temas necesarios a debatir en estas instancias, se encuentran el crecimiento de la actividad, la atracción de inversiones y otro que siempre aparece: el rol que deben tener las empresas públicas en ello. En esta línea, el mercado de valores, agente reconocido por impactar en la economía, pero que a nivel local le falta impulso, aún requiere que los agentes políticos lo vean como “necesario”.

Luego de un 2022 “muy flojo”, la emisión de valores privados en 2023 -a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa)- multiplicó por cinco el monto operado, registrando una operativa por US$ 477 millones, según explicó su gerente general, Eduardo Barbieri. Sin embargo, este crecimiento se vio principalmente debido a las emisiones realizadas en diciembre por la Corporación Vial del Uruguay (CVU), que alcanzaron los US$ 166 millones, y las de UTE, que alcanzaron los US$ 213,9 millones.

A pesar de ser un año electoral, según Barbieri, ven con optimismo el 2024, ya que esperan proyectos de infraestructura que precisan financiamiento, los cuales conforman “un ciclo de inversiones que el país requiere, que son independientes de la coyuntura política”.

Con el fin de dinamizar el mercado de valores, el actual gobierno le dio vida nuevamente a la Comisión de Promoción del Mercado de Valores (CPMV), sobre la cual diferentes agentes del sector se mostaron descreídos acerca de los logros que esta pudiese tener. Al comienzo de su gestión, su presidente, Alberto Estrada, había marcado a la “capilaridad” como una de las líneas de trabajo a tener en la comisión, es decir, que pequeñas y medianas empresas (pymes) tuvieran acceso a financiarse a través del mercado de valores local.

A contramano de ese descreimiento, Barbieri señaló que la CPMV “trabajó mucho, trabajó bien” y destacó que todos “aportaron ideas”.

Entre las acciones que se realizaron, se destacaron las modificaciones en la normativa de emisiones simplificadas -sobre la cual se espera que “pronto” haya nuevas modificaciones- y otros cambios que están en proceso sobre los fondos de inversión y la tributación de los impuestos a la Renta de las Personas Físicas y a la Renta de los No Residentes (IRPF e IRNR), respecto a si computa como resultado del incremento patrimonial.

En esta línea, el gerente general de Bevsa dijo ser “optimista” respecto a la CPMV y señaló que se le debe dar continuidad, sabiendo que es un proceso y no “la octava maravilla”. En ese sentido, afirmó: “Me hubiera gustado que la CPMV fuera independiente del Banco Central (BCU), como en otras partes del mundo. Eso no se ha logrado”.

En tanto, sostuvo que hay cosas a mejorar, que son independientes de la política y cuyas respuestas podrían encontrarse en el mercado. Sin embargo, señaló que se requiere dotar de mayor flexibilidad al mercado de valores local y los procesos de emisión. En cambio, el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Ángel Urraburu, opinó que lo que debe ocurrir es que los partidos políticos “tienen que entender que el mercado de valores es algo necesario”.

Las emisiones locales “ya son cada vez menos. Las emisiones de empresas públicas son tomadas 100% por las AFAP, por lo que forman parte de un mercado paralelo, se colocan y después desaparecen, no tienen más mercado secundario por los 25 años que dure la emisión”, agregó Urraburu. En este sentido, afirmó que, si bien es “muy importante” el financiamiento de la obra pública, no forma parte de un mercado de valores en el que participen todos los ahorristas e inversores.

Una vez que se resuelva “políticamente”, sostuvo que se debe revisar que el pago de IRPF de las colocaciones en el exterior a través de fondos, se realice de la misma manera que lo hacen los que compran emisiones locales, porque sino “la cancha puede estar siendo flechada a favor de invertir en el exterior a través de fondos”, ya que estas inversiones no pagan IRPF. “Creo que es el momento de exonerar de IRPF a todas las emisiones a nivel local. Esa es la primera medida trascendente y que tiene una renuncia fiscal igual a cero. Al Estado le sale cero porque en este momento no hay emisiones locales. Las AFAP no pagan IRPF”, afirmó.

Una de las discusiones que se generan en tiempos electorales es si las empresas públicas deben abrir parte de su capital accionario al mercado de valores local.

Según Urraburu, esto es “elementalísimo” para dinamizar el mercado local, pero ni al Frente Amplio “se le pasa por la cabeza”, ni la coalición se lo planteó en este mandato. “Para hacerlo, todos los partidos tienen que estar de acuerdo”, dijo.

Si bien lo ve “teóricamente conveniente”, opinó que, de abrirse el capital accionario, el financiamiento recaudado no debe llevarse a Rentas Generales, sino que debería ser obligado por ley a potenciar a la respectiva empresa pública, que genere un proceso de inversión en ella. Como ejemplo, puso los planes de inversión de Ancap y UTE en hidrógeno verde, pero esta privatización recaería en una “decisión política”.

En esta misma línea, Barbieri sostuvo que esta apertura ayudaría “notoriamente” a desarrollar el mercado de valores local y sería beneficioso para las empresas públicas, ya que de esta forma uniría los planes de inversión que requieren financiamiento a aquellos inversores interesados en darlo.

Asimismo, sostuvo que esta apertura serviría, como lo ha hecho en otros países del mundo, como factor de control. De este modo se someten las decisiones tomadas por la empresa al control público, promoviendo un seguimiento cercano a los proyectos como a los fondos invertidos, contribuyendo con su transparencia.

Modificaciones. Según Barbieri, se requiere dotar con mayor flexibilidad el proceso de emisión.