Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Ante la negativa a convalidar una devaluación abrupta del peso argentino que impulsaría aún más a los niveles de inflación en Argentina (que alcanzó 104% en los 12 meses a marzo), el ministro de Economía, Sergio Massa, viene apelando a distintas medidas de emergencia con las que busca ganar tiempo para llegar a las elecciones presidenciales de octubre sin un cimbronazo cambiario.

El último de esos intentos es el lanzamiento del llamado “dólar agro”, un tipo de cambio diferencial por el que buena parte de la producción agrícola podrá exportarse a un dólar de 300 pesos argentinos, un 40% por encima de la cotización de 215 pesos argentinos del mercado oficial.

El objetivo de este incentivo cambiario no tiene secretos: apunta a que el sector agroexportador apure la liquidación de divisas para recomponer las reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)luego de la fuerte sangría registrada durante el primer trimestre. Con esa meta, el beneficio estará vigente solo hasta el 31 de mayo para el complejo sojero, mientras que para unas 30 economías regionales se extenderá hasta el 31 de agosto.

Aunque todavía resta que el Ministerio de Economía dé precisiones sobre qué producciones finalmente serán alcanzadas, en el anexo del decreto con el que se lanzó la medida fue incluida una extensa lista de ítems que van desde lácteos y frutas hasta yerba, aceite y azúcar.

“El problema que genera el dólar diferencial, extendiéndose ya a varios sectores además de la soja, es que marca una referencia no solamente para los productos de las economías regionales que se venden en el mercado interno, sino para la economía en general. Queda claro que el gobierno ya piensa en un dólar de 300 pesos argentinos como referencia más que en el tipo de cambio oficial que tenemos hoy. Con eso, las presiones inflacionarias seguirán al alza”, dijo a El País el economista Pablo Repetto, director de Research de Aurum Valores, en Buenos Aires.

Enfrentado a una encrucijada que no ofrece salidas fáciles a la crisis, Massa decidió priorizar la acumulación de reservas para conformar un colchón capaz de amortiguar las presiones cambiarias que históricamente se registran en Argentina en los meses previos a las elecciones presidenciales.

En la actualidad, el stock de reservas netas –aquellas realmente disponibles para enfrentar una corrida cambiaria o hacer frente al pago de importaciones- asciende a apenas unos US$ 2.500 millones.

De hecho, luego de acumular ventas netas por unos US$ 3.100 millones en lo que va del año ante el derrumbe de las liquidaciones provocado por la peor sequía de los últimos 60 años en Argentina, el gobierno tuvo que pedirle al Fondo Monetario Internacional (FMI) que flexibilice las metas trimestrales de acumulación de reservas acordada el año pasado.

Frente a ese panorama, el gobierno dejó atrás los viejos conflictos del kirchnerismo con el sector agrario y decidió apelar al único sector que le puede aportar dólares en el corto plazo. En el sector privado estiman que los productores sojeros mantienen en silobolsas entre 5 y 7 millones de toneladas de la campaña anterior. Si ese stock se liquida a partir del beneficio cambiario otorgado por el gobierno, el ingreso de divisas durante la vigencia de la medida ascendería a unos US$ 5.000 millones. En tanto, el gobierno estima que las mayores exportaciones de las economías regionales podrían aportar otros US$ 4.000 millones en los próximos meses.

“El principal propósito de la medida es intentar acumular algo de reservas dado que están en una situación sumamente crítica. Sin embargo, el problema es que se trata más que nada de un adelantamiento de ingresos futuros: lo que se consiga ahora no estará disponible después”, dijo Repetto.

Si bien las liquidaciones del sector agropecuario fortalecerán, al menos parcialmente, el stock de reservas netas en los próximos meses, la devaluación segmentada lanzada por Massa contiene una serie de efectos colaterales adversos.

El principal es que podría acelerar aún más a una inflación que en marzo pasado trepó al 7,7% -la más alta desde abril de 2002- y ya acumula 104,3% en los últimos 12 meses.

“(Por esta medida) la inflación aumentará por dos razones: en forma directa, porque algunos productos verán incrementar su valor de venta por la devaluación y, en forma indirecta, porque el aumento de la brecha cambiaria provocada por una mayor emisión monetaria generará una ronda de ajustes de precios generalizada”, dijo a El País Elisabet Bacigalupo, economista senior de la consultora Abeceb, en Buenos Aires.

Una de las consecuencias de la medida dispuesta por el gobierno es que quienes logren exportar a un tipo de cambio de 300 pesos argentinos difícilmente quieran seguir abasteciendo al mercado local a precios que se rigen según el tipo de cambio oficial de 215 pesos argentinos.

Ante ese riesgo, el gobierno pretende comprometer a las empresas exportadoras a que participen del programa Precios Justos, una iniciativa acordada con supermercados, cadenas mayoristas y empresas proveedoras de bienes de consumo masivo para moderar los aumentos de precios de una serie de productos de la canasta básica. No obstante, ese programa ha venido perdiendo fuerza desde su lanzamiento en noviembre del año pasado.

El otro efecto de la medida es que el Banco Central deberá realizar una elevada emisión monetaria para cubrir la diferencia entre las compras a los exportadores que deberá hacer a un dólar de 300 pesos argentinos y las ventas a los importadores al tipo de cambio oficial de 215 pesos argentinos.

En caso de que se cumplan las expectativas más optimistas del gobierno y finalmente se liquiden US$ 9.000 millones en los próximos meses, la emisión neta del Banco Central ascendería a 2,7 billones de pesos, el equivalente al 50% de la base monetaria.

El riesgo es que semejante nivel de emisión frente a una demanda de pesos que continúa cayendo otorgue un impulso adicional a los precios e incremente la presión sobre los dólares paralelos.

En medio de las fragilidades que presenta la economía argentina, Massa está dispuesto a asumir nuevos costos, incluso el de acelerar aún más la inflación, a cambio de evitar una devaluación abrupta del peso antes de las elecciones presidenciales de octubre. Con ese objetivo, los anuncios de nuevos paliativos se vienen sucediendo cada vez con mayor frecuencia.

“Desde que asumió, Massa viene lanzando medidas en forma permanente, pero buena parte de ellas han sido simples globos de ensayo que trataron de generar un mejor clima económico sin abordar los problemas de fondo de la economía argentina”, señaló Repetto.

“Ante eso, cada tanto debe lanzar un nuevo movimiento que genere algún efecto en el mercado. El problema es que, al igual que cuando se abusa de un medicamento, este tipo de medidas al final producen acostumbramiento y los efectos se diluyen cada vez más rápidamente”, añadió el economista.