Redacción El País
Uno de los objetivos en materia económica del gobierno de Javier Milei en Argentina es recomponer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que estaban en situación crítica.

La autoridad monetaria está comprando dólares casi a diario en el mercado con ese fin y las reservas brutas bajo administración de esa entidad avanzaron hasta US$ 24.487 millones al lunes, lo que supone su mayor nivel desde fines de octubre pasado.

Sus reservas netas (descontados los pasivos que tiene el BCRA, principalmente por la emisión de Leliqs), que eran negativas en poco más de US$ 11.500 millones, si bien siguen en rojo, se redujeron hasta los US$ 7.650 millones.

La situación de Uruguay es bien diferente. Muy lejos de tener reservas netas negativas, el país cuenta con “holgura” de reservas, lo que permitiría atender una crisis y quedar con margen.

Esto surge de la evaluación periódica que hace el Banco Central (BCU) de las reservas que administra y de su suficiencia para hacer frente a diversos riesgos en forma simultánea.

El Central denomina nivel de “reservas de confort” al monto precautorio de dinero (activos externos) que le permitirían cubrir la ocurrencia simultánea de una serie de riesgos.

Para saber cuáles son las “reservas de confort”, un trabajo de los servicios técnicos del Central (Umberto Della Mea, Daniel Dominioni, Ana María Ibarra y Gerardo Licandro) identificó ante una situación crítica, con un 99% de probabilidad, el tiempo máximo en el que el BCU no tendría acceso al mercado en moneda nacional y el gobierno no tendría acceso al mercado internacional.

El trabajo de los técnicos del BCU analizó lo ocurrido entre 1999 y mediados de 2010.

En el caso del BCU, ese lapso sería de cinco meses sin la posibilidad de emitir Letras de Regulación Monetaria (un título de deuda que utiliza la autoridad monetaria para quitar pesos uruguayos del mercado), debido a tasas de interés pedidas por el mercado demasiado elevadas. A su vez, para el gobierno, el lapso sin acceder a los mercados internacionales, sería de un máximo de 13 meses.

Para el BCU, en esos cinco meses habría presiones sobre la tasa de interés, el tipo de cambio y el nivel de precios.

Por otro lado, en los 13 meses en que el gobierno no tendría acceso a emitir deuda en los mercados internacionales, se deben prever los vencimientos de deuda de ese período y atender un mayor déficit fiscal.

El último riesgo a cubrir es el de una corrida bancaria, es decir, el retiro de depósitos en moneda extranjera durante ese período de 13 meses.

En el Informe de Política Monetaria del BCU para el último trimestre de 2023 (divulgado el lunes) se señaló que “el ejercicio basado en la metodología de reservas de confort muestra que, a fines de mayo de 2023, el BCU hubiera requerido US$ 13.992 millones para enfrentar la ocurrencia simultánea de una serie de riesgos” como los mencionados.

Una ocurrencia de todos esos problemas a la vez (falta de acceso a los mercados, corrida cambiaria y corrida bancaria) se dio en el país por última vez en la crisis de 2002.

El informe del BCU detalló que para cubrir los riesgos monetarios y cambiarios, se necesitarían US$ 6.132 millones (de los que US$ 5.596 millones corresponden al servicio de deuda del BCU).

A su vez, para atender los riesgos del sector público no financiero (pagos de deuda más déficit fiscal primario del gobierno central y el Banco de Previsión Social), se necesitaban US$ 3.195 millones.

Por otro lado, los riesgos del sistema financiero implicaban la necesidad de US$ 4.665 millones.

¿Las reservas que administra el BCU son suficientes como para cubrir todos esos riesgos a la vez? A fines de noviembre pasado, “el stock de activos de reserva del BCU se ubicaba en US$ 16.528 millones”.

Por tanto, el ejercicio determina una “holgura de US$ 2.267 millones”, lo que “representa una posición financiera muy sólida”, dijo el informe.

Mientras a Argentina le faltan reservas, a Uruguay “le sobran”. Podría ser una conclusión rápida.

El informe del BCU deja en claro que además de las reservas, para cubrir los pagos de deuda del sector público, “se cuenta con líneas de crédito contingente (ya están aprobadas y se desembolsan apenas el país lo pide) con organismos multilaterales por US$ 1.039 millones”, a fin de noviembre pasado. Eso representa, 1,3% del Producto Interno Bruto.

“En forma adicional, el perfil de vencimientos de la deuda no muestra presiones puntuales en los próximos años: unos dos tercios de la deuda debe honrarse luego de 2027”, explicó el reporte.

“En este marco de solidez financiera, la deuda soberana ha recibido mejoras en su calificación crediticia en nivel y perspectiva en el último año”, añadió. Standard & Poor’s le elevó la calificación de BBB a BBB+ en abril pasado y Fitch la aumentó de BBB- a BBB en junio pasado. A su vez, Moody’s le mejoró la perspectiva de “estable” a “positiva” en mayo pasado. (Con información de La Nación / GDA)