TRANSPORTE DE CARGA

La evasión tributaria en el transporte de carga supera los US$ 120 millones por año, mientras que el 23% de los trabajadores de este rubro declararon ser informales, es decir, no aportan a ningún sistema de seguridad social. La informalidad en este rubro se concentra principalmente en las empresas más pequeñas y en las que emplean a personas con menor nivel educativo.

Los datos surgen del estudio —al que accedió El País— que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) encomendó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en julio de 2020, en ese entonces bajo la conducción del actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

La investigación fue pedida por el gobierno con el objetivo de obtener información “seria y académica” sobre el mercado, el nivel deevasión fiscal e informalidad laboral, luego de que el MTOP decretara la suspensión del Sistema Integral del Transporte de Carga (Sictrac), un proyecto que buscaba el monitoreo y control en tiempo real de toda la flota de camiones del país.

El sistema —conocido como el “Gran hermano” del transporte de carga— había sido instrumentado en la administración del exministro de Transporte, el frenteamplistaVíctor Rossi, pero fue luego suspendido por Heber trasdenuncias de irregularidadesen el proceso de implementación y múltiples polémicas entre empresarios, trabajadores y gobierno.

El entonces ministro de Transporte afirmó en 2020 que había dejado sin efecto el sistema por entender que estaba “mal instrumentado” y porque se excedía de los “cometidos esenciales” del MTOP.

En ese momento, las autoridades habían señalado que los resultados del estudio encomendado al BID serían “clave” para analizar lareformulación del sistema.

Si bien el estudio —elaborado por las empresas Exante y AIC economía y finanzas— fue culminado en marzo del año pasado, el gobierno no ha publicado los datos, declinó reiteradas solicitudes hechas por El País y hasta negó un pedido de acceso a la información, con el argumento de que haría una conferencia de prensa para compartir los resultados. Sin embargo, esa instancia nunca llegó a concretarse.

Esta semana, El País logró acceder al documento y este es un resumen del mismo.

EVASIÓN. La investigación del BID estimó que la evasión tributaria en el sector ronda los US$ 122 millones anuales, aproximadamente. 

La evasión por concepto de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) se estimó en aproximadamente US$ 67 millones por año, mientras que la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sería de US$ 49 millones. En tanto, la evasión de las contribuciones a la seguridad social, fue estimada en aproximadamente US$ 6 millones.

Por tamaño de empresa, “más del 70% del monto evadido se concentraría a nivel de las microempresas”, indicó la investigación de Exante y AIC. Para llegar a las cifras de evasión de contribuciones a la seguridad social, las consultoras se basaron en la información de la Encuesta Continua de Hogares (ECH); y para calcular la evasión fiscal, se basaron en la comparación entre la facturación potencial del sector y las cifras de ventas declaradas proporcionadas a la Dirección General Impositiva (DGI).

Según las estimaciones, la tasa de evasión de IRAE rondaría el 58% y la tasa de evasión de IVA rondaría el 35%. “Estos cálculos suponen niveles de evasión de impuestos sensiblemente mayores a los que se estima existen en el promedio de la economía”, indicó el documento.

INFORMALIDAD. El estudio encontró que hay un 23% de informalidad laboral, de los cuales la mayor parte se corresponde con las empresas de menor tamaño y que emplean a personas con menor nivel educativo. “La informalidad está asociada a trabajos de menor productividad y a empresas de menor rentabilidad”, afirmó el documento.

Asimismo, se encontró que la informalidad entre los trabajadores del sector es más alto en Montevideo (34%) que en el promedio del interior del país (18%).

SECTOR. El estudio constató que en el sector del transporte de carga interdepartamental e internacional operan algo más de 2.400 empresas, según los registros de la DGI de 2019. Ese total está compuesto por unas 1.700 microempresas (70%), unas 500 empresas pequeñas (21%), 200 empresas medianas (9%) y unas 20 empresas grandes.

El valor de la demanda potencial del sector se calculó en unos US$ 1.070 millones, en base a la cuantificación de la carga transportada y de una estimación de los kilómetros recorridos y las tarifas medias de los servicios de transporte.

En términos de facturación, si bien las empresas medianas y grandes representan menos del 10% del total, concentrarían más del 60% de la facturación del sector.

Desde Exante y AIC señalaron que “hay un espacio relevante de actuación de las políticas públicas para promover una modernización de las empresas del sector, con foco en las de menor tamaño”.

Esa modernización “debería buscarse” a partir de líneas de crédito para la renovación de la flota de camiones y del fortalecimiento de los controles relativos al cumplimiento de la regulación del sector y de las obligaciones tributarias, recomendó el estudio.

El MTOP trabaja en un nuevo sistema de control

"Falta voluntad política", afirman empresarios

El MTOP trabaja en un nuevo sistema de control del transporte de carga terrestre, el cual tiene un objetivo diferente al inicial Sictrac. Según dijeron a El País autoridades de dicha cartera, actualmente trabajan en la elaboración de un sistema que brinde información del uso de las distintas rutas del país y las cargas que circulan, “en el ámbito de las competencias” del MTOP como “regulador del transporte”.

Sin embargo, tanto los empresarios del rubro como los trabajadores entienden que el actual sistema a estudio del MTOP no resuelve los problemas centrales del sector, los cuales refieren a aspectos laborales, salariales, de seguridad y de competencia desleal, entre otros.

El presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC, gremial que nuclea a las principales asociaciones), Ignacio Asumendi, dijo a El País que “falta voluntad política” para resolver los problemas estructurales del sector y señaló que el nuevo sistema en el que trabaja el MTOP “solo daría información” sobre el uso que los camiones hacen de las rutas.

“En abril el gobierno nos prometió una mesa de trabajo” conformada por diferentes organismos del Estado y con el MTOP como articulador, “pero no hemos tenido novedades”, dijo Asumendi. A su entender, el MTOP “solo ataca la parte operativa del transporte pero no va a los problemas de fondo. No parece un Ministerio de Transporte, parece solo un lugar donde registran y trazan empresas y nada más”, afirmó.

El presidente de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional (Catidu), Mauro Borzacconi, dijo a El País que en el transporte “no hay ningún tipo de control” y que “nadie en el gobierno actual ni en los anteriores, se anima a ponerle el cascabel al gato”, en alusión a resolver los problemas estructurales.