El gobierno ha trabajado en su Estrategia Nacional contra el Lavado de activos para no caer en listas internacionales que podrían perjudicar al país, pero aún no termina de aprobarla. Mientras, se discute el financiamiento de los partidos políticos, sobre eventuales actos de corrupción, las amenazas que presenta el crimen organizado regional para Uruguay, y todo en un contexto de campaña electoral. ¿Qué líneas de acción maneja la estrategia? El País accedió al borrador del documento que tiene el gobierno entre manos.

Este miércoles se reunió la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que integran Presidencia de la República, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), autoridades de diferentes ministerios, del Banco Central (BCU) y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

La idea en esa reunión, era aprobar la Estrategia Nacional para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, para el período 2024- 2029, año en que Uruguay será evaluado nuevamente por el organismo intergubernamental Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Sin embargo, el documento no se aprobó.

Integrantes del sistema antilavado dijeron a El País que se espera por una nueva reunión de la comisión para aprobar la estrategia. En la del miércoles, se circularon los comentarios de los integrantes sobre el borrador del documento.

El gobierno viene trabajando para contar con esta estrategia desde 2022, año en que se realizó la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado, bajo el liderazgo de la Senaclaft y el asesor internacional Alejandro Montesdeoca, que luego fue aprobada en 2023. El objetivo de este diagnóstico del sistema antilavado uruguayo era determinar las amenazas a las que se enfrenta el país y sus vulnerabilidades para que estas se filtren.

Las principales amenazas externas, según la ENR, están en los activos generados por los delitos de narcotráfico, contrabando, trata de personas, estafa, tráfico de armas, delitos tributarios y corrupción. En tanto, los principales sectores de actividad potencialmente utilizados para canalizar activos de origen ilícito o con finalidad ilícita, son el sector financiero, estructuras societarias, el mercado inmobiliario, las zonas francas, sociedades anónimas deportivas, el uso de efectivo, entre otros.

Entre las principales vulnerabilidades del sistema uruguayo antilavado están la insuficiencia de recursos, la falta de coordinación entre los supervisores del sistema, la baja percepción de riesgo y bajo nivel de reportes de operaciones sospechosas por parte de los sujetos obligados en materia de prevención de lavado, la ausencia de mecanismos de intercambio de información, la fuerte presencia del mercado informal en algunos sectores -como el inmobiliario-, la falta de regulación de los activos virtuales.

En 2019, tras ser evaluado, Uruguay fue incluido en el proceso de seguimiento intensificado del Gafilat, por presentar ciertas deficiencias, que de no corregirlas para la próxima evaluación, podría caer en una lista pública del GAFI. La siguiente evaluación se espera que sea en 2029.

Entrar en una de estas listas podría generar un impacto negativo en la reputación del país, así como un exhaustivo proceso de revisión de avances para poder salir de ellas. Las consecuencias de esto podrían significar impactos para el sector financiero, el sector real y el sector público.

Foto: Estefania Leal

Para corregir las deficiencias del sistema antilavado local y evitar caer en una lista internacional, la Senaclaft, junto a Montesdeoca, conformó la Estrategia Nacional para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, que traza las acciones específicas que debe realizar a corto plazo (entre junio de 2024 y febrero de 2025), mediano plazo (entre marzo de 2025 y marzo de 2026) y largo plazo (entre abril de 2026 y abril de 2027) cada uno de los actores que integran el sistema antilavado, junto con su nivel de prioridad.

Según el borrador de la estrategia al que accedió El País, la misma “constituye la materialización de un conjunto de decisiones tomadas al más alto nivel del gobierno uruguayo, que tienen como objetivo central prevenir, detectar y reprimir con eficacia estos delitos transnacionales, a efecto de brindar una respuesta técnica y operativa a los desafíos nacionales en seguridad y lucha contra el crimen organizado”.

Los objetivos “específicos” de la estrategia son fortalecer los mecanismos de prevención en los sectores público y privado para detectar actividades ilícitas, la promoción de una “adecuada” coordinación interinstitucional entre los organismos públicos competentes para el diseño y la implementación de las políticas públicas antilavado, “asignar con mayor racionalidad y eficiencia los recursos humanos, financieros y tecnológicos”, mejorar la efectividad del sistema en la persecución penal de los delitos de criminalidad organizada.

A su vez, para alcanzar estos objetivos, la estrategia se sustenta en los ejes rectores: marco normativo, fortaleza institucional, inteligencia financiera, supervisión y control y cooperación internacional.

Las líneas de acción, aún por aprobar, se encuentran dentro de 26 objetivos.

El primer objetivo es la “revisión integral” del sistema antilavado, en donde se propone la “posibilidad de establecer un nuevo diseño institucional para el mismo”.

Entre las alternativas que presenta están la creación de una “Unidad Ejecutora” dentro de Presidencia, un organismo autónomo fuera de Presidencia para el funcionamiento de la Senaclaft o en el ámbito del BCU, la unificación de la Senaclaft y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Central.

En caso de mantenerse el sistema en su diseño actual, propone “establecer mecanismos de coordinación entre los supervisores”.

Otro de los objetivos trata del fortalecimiento de las estructuras administrativas y dotación de recursos a las entidades competentes, asegurando “funcionarios propios y estables” en los organismos que integran el sistema antilavado.

Asimismo, este objetivo marca la incorporación a largo plazo de la “inteligencia artificial y las nuevas tecnologías a la actividad de la UIAF, tal como están haciendo la gran mayoría de las unidades de inteligencia financiera a nivel global y regional”.

A su vez, también presenta otros objetivos referidos al fortalecimiento de los procesos de supervisión específica antilavado y la investigación y detección de estos delitos.

En esta línea, consigna la modificación de tipo penal para aclarar el delito de asistencia de lavado de activos (el cual genera ciertas distorsiones a la hora de conformar estadísticas de la persecución de este delito en la actualidad). Además, propone la realización de investigaciones económico-financieras en forma paralela a las investigaciones de las actividades delictivas precedentes.

También promueve la “incorporación de técnicos de la Jutep a los equipos multidisciplinarios de investigación en aquellos casos en que la corrupción es delito precedente. mediano”.

Por otra parte, plantea organizar un “sistema de capacitación permanente para los funcionarios del sistema represivo, sobre mecanismos de investigación patrimonial y tipologías de crimen organizado”, así como también “explorar oportunidades de asistencia técnica por parte de organismos internacionales y otros países”, para las capacitaciones.

Otro de los objetivos que plantea la estrategia, con horizontes temporales de corto y mediano plazo, es el fortalecimiento de “los mecanismos de la lucha contra la corrupción y el lavado de activos vinculados con esta”. Para esto, entre las líneas de acción propone la tipificación de la corrupción privada y la “aprobación de una ley sobre financiamiento de los partidos políticos que contenga medidas dirigidas a prevenir” el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

A su vez, también se plantea como objetivo el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional, para el que se propone, entre sus líneas de acción, la posibilidad de incorporar los delitos precedentes faltantes con relación a los estándares del GAFI, como lo serían el tráfico ilícito de mercaderías robadas y otros bienes, delitos ambientales, piratería, soborno, uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación de mercado.

Foto: Archivo

Asimismo, entre otros objetivos se encuentra el fortalecimiento de mecanismos de identificación de actividades de lavado vinculadas a delitos tributarios y aduaneros, para lo que se propone fortalecer las unidades especializadas en antilavado en la Dirección General Impositiva (DGI), Banco de Previsión Social (BPS) y Dirección Nacional de Aduanas.

En esta línea, también se plantean, dentro de otros objetivos, la modificación reglamentaria del artículo 8 de la ley Contra el Lavado de Activos, para establecer responsabilidades y mecanismos específicos para que los organismos públicos puedan cumplir con lo establecido por este. El ar- tículo refiere a la adopción de políticas y procedimientos antilavado.

Asimismo, plantea a mediano plazo que se realice un estudio de los riesgos de los diferentes organismos públicos y “establecer un mecanismo progresivo de incorporación al sistema de prevención” antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.

Foto: Estefania Leal