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La Unión Europea (UE) aprobó una ley que obliga a las empresas en el bloque a garantizar que sus productos no han provocado deforestación ni degradación forestal y está ultimando procedimientos para hacerla valer.

¿Cuáles son los productos que cubre la nueva legislación y que podría complicar las ventas que se hacen desde otras partes del mundo, como Uruguay a la UE? La lista es larga: ganado, cacao, café, aceite de palma, soja, madera, así como los productos que contengan, se hayan alimentado de -o se hayan fabricado con- estas materias primas (como el cuero, el chocolate y los muebles), según reza el texto de la ley. Cabe agregar que, durante las negociaciones, la Eurocámara consiguió añadir el caucho, el carbón vegetal, los productos de papel impreso y una serie de derivados del aceite de palma.

La ley hará que los países que quieran seguir exportando a la UE deban cumplir con los nuevos requisitos. En el caso de Uruguay, basta pensar en las exportaciones de la carne, la soja, la madera y la celulosa, entre otros productos, cuyos ingresos por ventas en el exterior son fundamentales para la economía nacional.

Aunque no se vetará a ningún país ni materia prima -así lo aclara la UE- las empresas solo podrán vender productos en el bloque, si el proveedor de los mismos ha emitido una declaración de “diligencia debida”, la cual deberá certificar que el producto no procede de tierras deforestadas, ni ha provocado degradación forestal, tampoco de bosques primarios irremplazables.

Asimismo, las empresas en la UE deberán demostrar que estos productos cumplen la legislación correspondiente del país productor, incluída la relativa a los derechos humanos, y que se han respetado los derechos de los pueblos indígenas afectados, tal como lo solicitó el Parlamento Europeo.

Ese parlamento consiguió también incluir una definición más amplia de “degradación forestal” que incluye la conversión de bosques primarios o bosques de regeneración natural en plantaciones forestales, o en otras superficies boscosas.

La disposición se enmarca en el “Pacto Verde” que ha desarrollado -y con el que se ha comprometido- la UE, y no ha sido fácil ya que se la ha señalado de proteccionista por sectores dentro y fuera del bloque europeo.

Una pregunta que cabe preguntarse es cómo logrará la UE cumplir con una ley tan estricta en esta materia; es decir, cómo logrará desarrollar los controles correspondientes sobre el origen de tan diversos productos provenientes de distintas partes del mundo.

Algunos controles ya se están poniendo en práctica en el bloque europeo, pero el alcance de esta ley es mucho más abarcativo.

El País consultó con altos representantes de la UE en Bruselas -que prefirieron reservar el anonimato- sobre la situación específica de Uruguay, y piensan que el país no tendrá mayores problemas, dado que ya cumple con gran parte de las exigencias que incluye la nueva ley, aunque deberá desarrollar mecanismos de certificación correspondientes. En otras palabras, deberá comprobar que cumple las exigencias.

En tal sentido, es probable que Uruguay sea clasificado como un país de “riesgo bajo” (en materia ambiental) por parte de la UE, a diferencia de por ejemplo Brasil, que podría caer en la clasificación de “riesgo alto”, considerando la deforestación que avasalló la Amazonía, sobre todo durante el gobierno de Jair Bolsonaro.

De todas formas, en mayor o menor grado, todos los países que tengan a la UE en su lista como destino de exportación, deberán mejorar sus estándares y prácticas en relación a sus productos. Desde la UE, la ley es vista como una “exigencia interna” y una “oportunidad de mejora” para los países fuera del bloque. Desde América Latina, surgen algunas voces en contra ante exigencias que ven difíciles de cumplir y que tildan de restrictivas.

La UE clasificará los países, o partes de ellos, como de bajo, medio o algo riesgo mediante una evaluación detallada. La porción de controles que se realizará a los operadores dependerá del nivel del riesgo del país: 9% para los países de alto riesgo, 3% para los de riesgo medio y 1% por los de bajo riesgo, señala el documento. Los productos procedentes de países clasificados como de bajo riesgo estarán sujetos a un procedimiento simplificado de diligencia debida.

“Las autoridades competentes de la UE tendrán acceso a la información pertinente facilitada por las empresas, como las coordenadas de geolocalización, y realizarán controles con ayuda de herramientas de seguimiento por satélite y análisis de ADN para comprobar de dónde proceden los productos”, señaló un documento facilitado a periodistas en la sede de la UE en Bruselas.

En cuanto a las sanciones, se señala que, por incumplimiento, estas “deberán ser proporcionadas y disuasorias, y la multa máxima deberá ser de al menos el 4% del volumen de negocio anual total en la UE del operador o comerciante infractor”. Es decir, el comercio que en Europa venda productos que no cuenten con la “diligencia debida”, estará en infracción y la penalización variará en función de la gravedad. El acuerdo entre los países de la UE sobre la nueva ley, fue aprobada por 552 votos a favor, 44 votos en contra y 43 abstenciones. Según la UE, nada la detendrá.

La Unión Europea (UE) adoptó el lunes un nuevo marco legal para la transferencia de datos personales a Estados Unidos, crucial para la economía digital, tras varios fallos de la justicia europea invalidando los dispositivos anteriores.

“El nuevo marco UE-Estados Unidos de protección de datos personales garantizará la seguridad de los flujos de datos para los europeos y aportará seguridad jurídica a las empresas de ambos lados del Atlántico”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado.

Los dos acuerdos establecidos anteriormente para permitir a las empresas transferir estos datos de Europa a Estados Unidos habían sido invalidados por el temor a la vigilancia de los servicios de inteligencia estadounidenses.

Estos recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE fueron presentados por el defensor de la privacidad austriaco Max Schrems. El lunes anunció que volvería a llevar el caso a los tribunales, argumentando que el nuevo texto no mejoraba la protección de los datos personales de los europeos.

“Ya tenemos opciones para un nuevo recurso, aunque estamos cansados de este ping-pong jurídico”, dijo Schrems. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, dijo que se espera nuevas batallas judiciales.

La introducción de un nuevo marco es esencial para gigantes digitales como Google, Meta y Amazon, que se quejan de la falta de normas claras sobre transferencia de datos entre ambos lados del Atlántico.

Meta recibió en mayo una multa récord de 1.200 millones de euros por incumplir las normas europeas de protección de datos con su red social Facebook.

En julio de 2020, la justicia europea concluyó que el “Privacy Shield” utilizado por las empresas estadounidenses no protegía contra posibles “injerencias en los derechos fundamentales de las personas cuyos datos se transferían”. Desde entonces, las empresas han recurrido a soluciones jurídicas alternativas para continuar con estas transferencias, a la espera de un sistema más sólido y permanente.

Von der Leyen y el presidente estadounidense Joe Biden alcanzaron en marzo de 2022 un acuerdo de principio sobre un nuevo marco jurídico para responder a las preocupaciones expresadas por la justicia.