Redacción El País
El Banco Central (BCU) redactó un proyecto de normativa (que dispuso en consulta pública) que comprende al sistema financiero, al mercado de valores así como la normativa de seguros y reaseguros, en materia de control al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El director de Dentons Jiménez de Aréchaga, Federico Lemos, comentó a El País que este proyecto “trae novedades en dos puntos, en primer lugar la definición de personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) y en segundo lugar incorpora la posibilidad de tercerizar el monitoreo de operaciones”.

Las PEP son aquellas que tienen o tuvieron una posición de responsabilidad pública importante (jerarcas, legisladores, embajadores, etc.) y por ende cuentan con un mayor riesgo desde el punto de visa del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En este punto, el proyecto del BCU “desdobla el concepto de persona políticamente expuesta y establece un tratamiento diferencial para PEP locales y del exterior”, señaló Lemos.

“De ser sancionado el proyecto, los PEP del exterior, estarían sujetos a una debida diligencia intensificada (tal como lo están con la normativa actual), y para los PEP locales se establecería una diferenciación entre aquéllos en los que la institución ha identificado una relación comercial de mayor riesgo, que tendrán el mismo tratamiento que los PEP del exterior, y los restantes clientes PEP”, explicó.

“Para aquellos PEP que no son identificados como de mayor riesgo, se deberá obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer o continuar una relación con ellos y realizar un monitoreo más intenso de la relación comercial, incrementando la cantidad y frecuencia de los controles aplicados”, indicó el director de Dentons.

Leonardo Maine/Archivo El Pais

En el segundo cambio relevante, “el proyecto permitiría la tercerización del monitoreo de operaciones” afirmó.

Lemos recordó que “la normativa existente no permite la tercerización del monitoreo de cuentas y transacciones a los efectos de detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Para poder tercerizar dicha actividad se requerirá la autorización expresa del BCU”.

Por eso, consideró que este “cambio es relevante ya que permitiría a las instituciones ser más eficientes en este punto. Hoy es normal que los regulados tercericen muchas de sus actividades operativas en hubs centrales que incluso pueden estar localizados en sus casas matrices, con este ajuste el monitoreo también podrá ser tercerizado repercutiendo en la eficiencia de la operativa”.