IVAN KIRICHENKO

En el Estado uruguayo no existen criterios para fijar los sueldos de sus funcionarios. Un chofer puede ganar más dinero que un ministro, un portero más que un ingeniero, un secretario más que el rector de la Universidad de la República, y un encargado de fotocopias más que la directora del Hospital de Clínicas. Y a pesar de que a principios de su mandato el presidente Jorge Batlle denunció la situación, hasta el momento el caos salarial se mantiene.

El tema recobró fuerza la semana pasada, cuando los sueldos de la Junta Departamental de Maldonado cobraron estado público. El secretario general del cuerpo gana $ 85 mil nominales, el director general $ 65 mil, los once jefes de sector $ 33.800 cada uno, los tres choferes $ 22.100 cada uno, y los cuatro auxiliares de servicio —sirven café y hacen mandados— $ 19 mil cada uno.

Sin embargo, un profesor grado 5 de la Universidad de la República, con 40 horas semanales de dedicación al cargo, cobra alrededor de 14 mil pesos, el rector de la Universidad gana unos $ 40 mil, y la directora del Clínicas unos $ 21 mil. Meses atrás, El País reveló que en la Junta Departamental de Montevideo un funcionario que sirve café cobra unos $ 19 mil, un encargado de sacar fotocopias $ 25 mil, y un administrativo $ 35 mil.

En el Estado existe una fuerte brecha salarial entre dos grandes áreas: la Administración Central (ministerios y Presidencia, unos 95 mil funcionarios), y los entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos municipales, donde los sueldos promedio son superiores; en los organismos del artículo 220 de la Constitución (enseñanza pública, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Poder Judicial) los sueldos también están sumergidos.

Sin embargo, el contraste entre los sueldos cobrados por funcionarios que realizan iguales tareas, puede encontrarse a metros de distancia. Por ejemplo, en Antel un chofer cobra unos $ 24 mil, y un técnico de informática $ 18 mil. Los sueldos son fijados por cada organismo, y se arrastran desde hace ya varios años, dado que desde la década de 1990 está prohibido el ingreso de nuevos funcionarios públicos.

De todas formas, lo que se mantiene variable son los ingresos extrasalariales, que constituyen un alto porcentaje de las retribuciones de los funcionarios, y que en muchos casos duplican o triplican al salario básico. La fuerza negociadora de cada sindicato, y la ubicación de los funcionarios en dependencias donde se recauda dinero, son factores que históricamente influyeron para que la plantilla tuviera mejores beneficios extrasalariales. Por ejemplo, los funcionarios de la Dirección General de Casinos cobran, además del sueldo, un porcentaje de las ganancias del organismo —proventos— por los cuales sus ingresos mensuales rondan en promedio los $ 30 mil, según estimaciones de fuentes oficiales consultadas por El País.

CUENTA PENDIENTE. En octubre de 2000, Batlle denunció públicamente que en el Estado hay funcionarios "de primera, de segunda, de tercera y de cuarta", lo cual en rigor es cierto si se toma en cuenta que el salario promedio en Salud Pública es menor a $ 5 mil, que en el Ministerio de Industria es de unos $ 13 mil, que en el Banco Hipotecario hay diez porteros que cobran más de $ 17 mil, y que un peón de UTE cobra $ 25 mil.

Si bien el asunto se instaló en la opinión pública, la crisis económica y financiera desvió luego el centro de atención del gobierno, y determinó que el problema se mantuviera, reconoció el director del Comité Ejecutivo Para la Reforma del Estado (Cepre), Pedro Aramendía, consultado por El País. No obstante, Aramendía remarcó que un logro del actual gobierno es haber confeccionado lo que es básico para establecer una política de recursos humanos, y que hasta el año pasado no existía: una base de datos precisa sobre los sueldos del Estado.

El Cepre tiene hoy estudios actualizados sobre los sueldos de la Administración Central, por intermedio del Sistema de Retribuciones, un programa informático creado durante este gobierno. A juicio del jerarca, a partir de la base de datos se debería atacar el problema de los sueldos, pero ese curso de acción debe ser una política de Estado, y por lo tanto quedará en manos del próximo gobierno.

"En un escenario normal, este gobierno habría puesto un énfasis mucho mayor en este tema, pero la crisis desvió el foco de atención", comentó. Entre fines de 2002 y principios de 2003, el Parlamento y el Poder Ejecutivo aprobaron un tope salarial, por el cual ningún funcionario puede cobrar más del 60% del sueldo del presidente de la República; hablando en plata, el límite es hoy unos $ 82 mil.

Sin embargo, en la práctica la medida no tuvo efectos, ya que en la Administración Central no hay sueldos que superen el tope. Sí existen en los entes, pero para imponerles el límite, el artículo de la ley debía ser aprobado en el Parlamento por una mayoría especial de dos tercios de los legisladores, lo que no sucedió.

INJUSTICIA. Pero aún cuando el tope hubiera tenido efectos prácticos inmediatos, según Aramendía los problemas reales no parecen estar sólo en la punta de la pirámide salarial del Estado. De acuerdo con un reciente estudio del Cepre, los funcionarios públicos que desempeñan tareas más sencillas cobran mucho mejor que los empleados privados que realizan iguales trabajos, y la relación es a la inversa si se comparan las retribuciones de los profesionales y de los altos cargos directrices (El País, 4/4/04).

"La inequidad salta a la vista. ¿Qué justicia salarial hay en el Estado, si yo, que soy telefonista en una empresa privada, gano 6, y pago mis impuestos para que vos, que sos telefonista en una oficina pública, ganes 10? La gente percibe que existe una injusticia, y eso termina desprestigiando a los funcionarios públicos", subrayó. La solución, según Aramendía, debería ser gradual, y consistiría en ajustar los sueldos de forma diferencial, hasta que los salarios en el Estado se racionalicen tanto entre los diferentes organismos públicos, como en su relación con el mercado. Además, los ajustes diferenciales harían perder validez y respaldo popular a las protestas de los sindicatos, ya que si se oponen, en realidad lo que reclamarían sería "mayor inequidad".

El desequilibrio salarial que existe entre el Estado y el mercado privado influye también en la calidad de los servicios públicos, según Aramendía. "Existe un efecto negativo en la gestión, porque la gente mejor calificada trabaja con menos ganas, o busca un segundo o tercer empleo, o directamente se va, porque en el mercado recibe mejores ofertas salariales, afirmó.

Si bien hay diferentes opiniones sobre la posibilidad de reducir los sueldos de los funcionarios, en la administración pública existe consenso sobre la inconveniencia de hacerlo, en virtud de que el Estado se expondría a juicios de incierto desenlace. Antes de llegar a la Justicia, las contiendas de esa naturaleza deberían ser dirimidas en última instancia por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Su presidente, Eduardo Brito del Pino, dijo a El País que hasta el momento el organismo no ha recibido contenciosos de ese tipo para su estudio.

Los cargos políticos y de particular confianza en los ministerios de Uruguay están entre los peor pagos de Latinoamérica, según datos preliminares de un estudio que elabora el Comité Ejecutivo Para la Reforma del Estado (Cepre), a los que accedió El País. Sólo los cargos directrices de los ministerios de Venezuela cobran sueldos más bajos que los de Uruguay, de acuerdo con el estudio.

Los ministros uruguayos cobraban en junio de 2003 un sueldo nominal de U$S 1.724; los subsecretarios U$S 1.524, los directores de unidad ejecutora U$S 953, y los directores de división U$S 713. Las unidades ejecutoras son las grandes áreas de acción dentro de un ministerio; por ejemplo la Dirección Nacional de Vialidad es unidad ejecutora del Ministerio de Transporte. Y las divisiones son reparticiones específicas dentro de cada unidad ejecutora.

En Argentina, el sueldo de un ministro y de un subsecretario es prácticamente igual que en Uruguay, pero un director de unidad ejecutora gana el doble, y un director de división argentino recibe tres veces y media lo que cobra su similar uruguayo.

Los ministros bolivianos ganan U$S 2.995, los costarricenses U$S 3.131, los colombianos U$S 3.313, los brasileños U$S 4.088, los ecuatorianos U$S 5.656, los chilenos U$S 6.620, y los mexicanos U$S 22.847. Estos últimos cobran el doble que los ingleses (U$S 11.313), y más del cuádruple que los españoles (U$S 5.374). En el fondo de la tabla están los venezolanos, que ganan U$S 1.077.

El estudio del Cepre calculó los sueldos uruguayos sobre la base del promedio vendedor el dólar interbancario de junio ($ 26,71). En ese mes, los ministros uruguayos ganaban, en términos nominales, $ 46.049, los subsecretarios $ 40.717, los directores de unidad ejecutora $ 25.455, y los directores de división $ 19.040.