TRIBUTOS

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Las economías más desarrolladas del mundo avanzaron en el acuerdo para implementar un impuesto mínimo global para ajustar la manera en la que tributan las compañías multinacionales los impuestos a la renta empresarial. El pasado jueves, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que un total de 130 países del mundo se sumaron al acuerdo sobre fiscalidad internacional y Uruguay es uno de ellos.

Los países que se unieron a la declaración de la reforma internacional representan más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB) global y únicamente quedaron por fuera nueve países de los 139 que conforman el llamado marco inclusivo para combatir la Erosión de Base y Transferencia de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), un proyecto de la OCDE y el G20 que tiene como objetivo abordar la evasión fiscal, mejorar la normativa a nivel internacional y garantizar mayor transparencia.

Esos nueve países que aún no se han adherido a las reformas son: Irlanda, Hungría, Estonia, Barbados, Kenia, Nigeria, Sri Lanka y San Vicente y las Granadinas.

El acuerdo tiene dos pilares fundamentales a través de los cuales buscan reformar las normas fiscales internacionales. Por un lado, se intentará imponer un impuesto que obligue a las grandes empresas y a los gigantes digitales a tributar donde obtienen sus beneficios económicos y no donde las compañías deciden declarar sus ganancias; y por otro lado, se estimula la promoción de un acuerdo global para una tasa mínima de impuestos a las compañías de al menos un 15%.

De acuerdo con la OCDE, el paquete de dos pilares es el resultado de las negociaciones coordinadas el organismo “durante gran parte de la última década”, el cual “agrega la certeza y estabilidad muy necesarias al sistema tributario internacional”.

El primer pilar de la reforma fiscal internacional tiene como cometido garantizar “una distribución más justa de los beneficios y los derechos fiscales entre los países con respecto a las empresas multinacionales más grandes, incluidas las empresas digitales”, explicó la OCDE. Bajo esa finalidad, las medidas implican reasignar algunos derechos impositivos sobre las empresas multinacionales de sus países de origen a los mercados donde tienen actividades comerciales y obtienen beneficios, independientemente de si las compañías tienen presencia física allí o no.

En tanto, el segundo pilar busca “poner un piso a la competencia sobre el impuesto sobre la renta de las empresas mediante la introducción de una tasa impositiva corporativa mínima global que los países pueden utilizar para proteger sus bases impositivas”.

Según manifestó el organismo internacional, bajo el pilar uno “se espera que los derechos impositivos sobre más de US$ 100.000 millones de ganancias se reasignen a las jurisdicciones del mercado cada año”. En tanto, estiman que el impuesto a la renta corporativa mínima global bajo el pilar dos (con una tasa mínima de al menos el 15%) “generará alrededor de US$ 150.000 millones en ingresos fiscales globales adicionales” por año.

Asimismo, la OCDE explicó que “también se obtendrán beneficios adicionales de la estabilización del sistema tributario internacional y la mayor certeza tributaria para los contribuyentes y las administraciones”.

En la declaración de la OCDE se afirma que como parte del acuerdo del primer pilar, habrá una exención para las empresas de servicios financieros y recursos naturales. No obstante, esas compañías sí estarán sujetas a la tasa impositiva mínima.

El secretario general de la OCDE, Mathías Cormann, subrayó que “después de años de trabajo y de negociaciones intensas, este paquete histórico de medidas garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su justa contribución en impuestos en todo el mundo”.

En este sentido, el organismo afirma que el paquete de dos pilares va a proporcionar “un apoyo muy necesario” a aquellos gobiernos del mundo que precisen “recaudar los ingresos necesarios para reparar sus presupuestos y sus balances”, al mismo tiempo que invierten en servicios públicos esenciales, infraestructura y las medidas necesarias para ayudar a la recuperación de la crisis ocasionada por el COVID-19.

En relación a si este acuerdo pretende acabar con la llamada “competencia fiscal” entre los países del mundo, Cormann señaló que no sino que tiene como objetivo “limitarla” mediante reglas multilaterales y afirmó que “tiene en cuenta los intereses de todas las partes, incluidos los de pequeñas economías y países en desarrollo”.

También afirmó que esperan que ahora esto se traduzca en “un acuerdo final” de aquí a finales de año, como se había previsto. El objetivo de la OCDE es que se pueda comenzar a implementar a partir del año 2023. Los participantes en la negociación establecieron un calendario ambicioso para la conclusión de las negociaciones. Esto incluye una fecha límite de octubre de 2021 para finalizar el trabajo técnico restante, así como un plan para la implementación efectiva en 2023.

Según indicó a El País, Juan Troccoli, socio de Andersen en Uruguay y quien dirige el departamento fiscal y contable de la firma, las novedades “son importantes” y agregó que “pareciera que se pisa el acelerador para poder implementar este tema”. (Con información de EFE)

Algunos detalles de la reforma acordados en la negociación

En el primer pilar, las empresas incluidas serán las multinacionales con una facturación global superior a los 20.000 millones de euros anuales (unos US$ 23.733 millones, al tipo de cambio de ayer) y una rentabilidad superior al 10%. Para el segundo pilar, el acuerdo determinó dos reglas entrelazadas que juntas conforman las Reglas Globales contra la Erosión de la Base (Reglas GloBE, por sus siglas en inglés). Por un lado, una Regla de Inclusión de Rentas (RIR) y por otro lado, una Regla de Pagos Insuficientemente Gravados (RPIG).

El funcionamiento de la primera regla “se basa en los principios de las reglas tradicionales aplicables a las Sociedades Extranjeras Controladas (SEC) y, por tanto, incluye la renta a nivel del accionista cuando el ingreso obtenido por una SEC está sujeto a una tasa inferior a la tasa de imposición efectiva mínima”, explicó la OCDE. En tanto, la segunda regla se aplica solo cuando una entidad integrante no está sujeta a una RIR.

En relación al alcance que tendrán las Reglas GloBE, el acuerdo especificó que “se aplicarán a las empresas multinacionales que alcancen el umbral de 750 millones de euros” al año (equivalente a unos US$ 890 millones). De esta forma “se evita también penalizar a las pequeñas y medianas empresas, a la vez que se conserva la efectividad de las reglas ya que los grupos incluidos en el ámbito de aplicación generan más del 90% de la recaudación global por el impuesto de sociedades”, argumentó el documento de la OCDE. Sin embargo, la declaración afirma que los países son libres de aplicar la RIR a las empresas multinacionales que tengan sede en su país, más allá de si alcanzan o no ese umbral de ingresos.

Las entidades gubernamentales, organizaciones internacionales, organizaciones sin fines de lucro, fondos de pensiones o de inversión, “fondos que son matrices últimas de un grupo multinacional” no están sujetos a las Reglas GloBE.