Un decreto del Poder Ejecutivo estableció la conformación de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que funcionará en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Esa comisión, entre otros cometidos, deberá convocar al diálogo social para realizar "una reforma relevante del sistema de protección social”, dijo en diálogo con El País, el director de la OPP, Rodrigo Arim. ¿Cómo va a ser el trabajo de la comisión y qué se va a proponer en el diálogo social? ¿Qué ideas hay respecto a la reforma jubilatoria que se aprobó en el período pasado? ¿De qué se pretende discutir en lo que es primera infancia? ¿Qué efectos puede tener la automatización de puestos de trabajo?

Sobre esos y otros aspectos, lo que sigue es un resumen de la entrevista que Arim mantuvo con El País.

-¿Cómo va a ser esta propuesta de diálogo social que se lanzó?

-Desde el punto de vista instrumental, la forma de desarrollar el diálogo social es a partir de la conformación de una Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social que opera en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Este es un instrumento que está previsto en la Constitución. La Constitución le brinda a la OPP la potestad de constituir comisiones sectoriales. Estamos haciendo uso de un instrumento que existe y de hecho hubo comisiones sectoriales funcionando sobre seguridad social en periodos anteriores que luego se discontinuaron. Hay un decreto donde se establece funcionamiento que la comisión sectorial tiene dos instancias. Tiene un ejecutivo compuesto por los ministerios que tienen responsabilidad directa tanto en protección como en seguridad social: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud Pública más el Banco de Previsión Social (BPS). Y tiene un plenario, de la propia sectorial, en donde están integrados ese ejecutivo más actores del sector público que tienen que ver con algún componente de la seguridad social pero no con toda la agenda de seguridad social, por ejemplo por la propia ANEP, y actores sociales: el movimiento sindical, las cámaras empresariales, las organizaciones de jubilados y pensionistas, pero también vamos a incorporar la sociedad civil vinculada al sistema de cuidados o vinculada al sistema de infancia. La sectorial es un órgano permanente, por lo tanto va a trabajar sobre todos los temas que tienen que ver con protección y seguridad social.

-Es decir, va a trabajar de acá hasta el fin del período.

-Hasta el fin del período. Uno de sus cometidos, expresamente establecido en el decreto, es que tiene la obligación de instrumentar el diálogo social. El diálogo social va a tener un perímetro de temáticas que van a ser tratadas en esta lógica de generar ciertos acuerdos importantes que permitan durante el 2026 su aprobación en el Parlamento. Cuando digo perímetro, no vamos a tratar todos los temas de protección y seguridad social -para eso queda también la comisión sectorial funcionando-, sí aquellos que hacen al diseño de un sistema de protección social consistente a lo largo de todo el ciclo de vida. El enfoque nuestro es pensar y diseñar un sistema de protección social que acompañe a las personas desde su concepción hasta la muerte, a lo largo de las distintas contingencias y riesgos que las personas enfrentan en el ciclo de vida. Acá es importante porque en la infancia Uruguay tiene mucho para hacer al respecto y a la misma vez tenemos que analizar otro tipo de instrumentos a lo largo del ciclo de vida. Por supuesto están jubilaciones dentro de este paquete y ahí se va a trabajar sobre algunos aspectos que se aprobaron en la última ley de reforma, no sobre toda la ley, sobre algunos aspectos, pero en una lógica en donde el foco no es jubilaciones y pensiones, el foco es pensar y darle consistencia a todo el sistema.
Cuando hablamos de seguridad social, abarca fundamentalmente el componente contributivo, cuando hablamos de protección social se refieren los derechos que se generan por contribuir a la seguridad social: seguro de paro, jubilaciones, subsidio por enfermedad. Cuando hablamos de protección social estamos hablando de un componente mucho más amplio, por ejemplo con el apoyo a las familias durante los periodos de crianza de niños. En ese sentido Uruguay se autorreconoce una sociedad más igualitaria que el resto de América Latina en muchos casos, con un sistema de protección social que fue muy amplio también en buena parte del siglo XX, luego tuvo enormes dificultades para lograr consolidarse, el tipo de contrato social que queremos tener donde las políticas públicas acompañan a la persona en su ciclo de vida. No quiere decir que vamos a evitar de todos los riesgos, pero que se acompaña en el proceso de desarrollo y de su vida.

-Cuando mencionó quienes van a participar, no hizo alusión a los partidos políticos.

-Los partidos políticos en el diálogo, sin duda van a estar. Comenté la comisión sectorial. Pero, el diálogo social es un dispositivo más amplio que la comisión. En el diálogo van a estar todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Van a estar todos invitados y todos en algún sentido convocados a hacer un trabajo intenso en los próximos meses para poder constituir este esquema de cambio político.

-Había expectativas sobre el tema jubilatorio y los cambios que podrían venir a la reforma que se aprobó en el periodo pasado, pero al ser más amplio en realidad también puede generar expectativas del tipo de “y esto cómo me va a impactar”. En primera infancia está claro, pero, ¿puede ser también en la clase media que muchas veces se suele decir que es el gran olvidado de las políticas?

-Nosotros somos optimistas y tenemos expectativas. Eso no quiere decir que vamos a resolver todos los problemas de protección social, pero sí estamos pensando en que vamos a hacer una reforma relevante del sistema de protección social. ¿Qué instrumentos vamos a incorporar y después vamos a trabajar en el diálogo? El Poder Ejecutivo tiene que remitir finalmente una ley o varias, habrá que ver oportunamente. El foco es que nos parece bien y sano que se tengan expectativas, porque no queremos trabajar en el margen de la política. Es darnos el tiempo, pero con celeridad de pensar el sistema de protección social a lo largo del siglo XXI.

-¿Es la reforma central, se podría decir, de este gobierno?

-No creo en esas lógicas maximalistas de definir la reforma política medular de un gobierno. Creo que es un componente importante dentro del plan de trabajo de este gobierno y es una herencia bendita que estamos en condiciones de poder dejarle a los próximos gobiernos y sobre todo a las próximas generaciones.

-¿El gobierno ya tiene la idea de cuáles van a ser los ejes que va a proponer?

-Tenemos ciertas aproximaciones sobre algunos temas que van a estar presentes. Todavía creo que estamos en la etapa inicial y hay que tener un poco de cautela con respecto a definir exactamente cuál es el perímetro del diálogo. O sea, del conjunto de instrumentos de política que van a estar incorporados en su diseño en el diálogo. Lo digo esto con cautela porque finalmente esto va a estar también definido en el propio diálogo y porque también nosotros tenemos que tener la solvencia y la seriedad como para hacer planteos que sepamos que sean consistentes entre sí y sostenibles en el tiempo. Cualquier reforma va a estar guiada por la sostenibilidad fiscal y financiera de mediano y largo plazo, por asegurar cobertura y pertinencia a la cobertura a lo largo del ciclo de vida y suficiencia de las prestaciones. Esas guías en algún sentido van a estar presentes. Pero, el perímetro exacto lo vamos a definir oportunamente en la comisión sectorial y a partir de eso se convocará el diálogo para pensar esta primera gran reforma de la protección y seguridad social.

-¿Tienen ya fecha para convocar el diálogo?

-Para el diálogo está claro que va a ser en 2025, algo en 2026, pero el decreto del presidente de la República señala fines de abril de 2026 como la fecha en la que debe entregarse un informe al Poder Ejecutivo, con la posibilidad de una prórroga. Estamos hablando de un diálogo que tiene que transcurrir en los próximos meses. Nuestra expectativa es que en las próximas dos o tres semanas, tengamos instalada la sectorial, a partir de ahí definir la hoja de ruta, acordar la hoja de ruta en la sectorial y a la misma vez comenzar el proceso de intercambio con los distintos actores que van a estar involucrados en el plenario de la sectorial y luego también en el diálogo social.

Foto: Ignacio Sánchez / El País.

-Decía que todavía no está definido el perímetro, pero que están las ideas básicas: que tiene que tener sostenibilidad fiscal, tiene que ver cómo se acompasa con otras políticas también para que no sea una cuestión más descoordinada. ¿Hay temas que el gobierno no quiere que estén o le parece que son pertinentes, pero para una mirada más amplia?

-Diría al revés. Los temas que se incorporan finalmente al diálogo, tienen que ser temas de una envergadura y de una cobertura que lo justifiquen. No podemos entrar en el diálogo social a discutir la cobertura para un núcleo en particular de la población, cosa que es válida, pero para eso está la comisión sectorial. Lo que tenemos que ver es, ¿qué vamos a hacer con los mecanismos de sostén y de transferencias de ingresos hacia la infancia? ¿Qué va a suceder con el Sistema de Cuidados? ¿Qué nuevas herramientas podemos disponibilizar desde la política pública para profundizar el Sistema de Cuidados que tiene Uruguay hoy? ¿Qué se puede hacer en términos de prestaciones para los activos? ¿Cómo fomentamos la provisión de cuidados en las edades activas de las personas cuando son padres o madres? Por supuesto que en la jubilación, habrá que ver qué aspectos de la reforma que recientemente aprobó el Parlamento merecen tener una nueva mirada y qué aspectos no corresponde que se traten en el marco del diálogo, en todos los casos puede ser en el marco más general. Más que pensar en la exclusión, lo que estamos pensando es no incluir componentes que no tengan una incidencia amplia.

-Si va a haber mejoras en el sistema de protección, sobre todo en primera infancia, que fue un compromiso de campaña de este gobierno y también quizás mejoras en el tema jubilatorio, que se cuestionaron de la reforma jubilatoria, uno piensa ¿cómo se va a financiar eso?

-Lo que vamos a asegurarnos es que las medidas que plantee este gobierno, sean medidas que sean sustentables intertemporalmente. Eso es parte de los requisitos que estamos planteando. Y tomaremos la medida de proponerla y en todo caso de buscar también los espacios fiscales que corresponden para su financiamiento sin generar dificultades al erario público.

-Se ha hablado de un déficit manejable, pero que obviamente se deterioró en el último año, ¿de dónde va a salir ese espacio más allá del crecimiento económico?

-Creo que hay que desacoplarse, porque una cosa son los problemas fiscales de corto plazo que tiene instalado Uruguay en 2025 y otra cosa es pensar los requerimientos fiscales que tienen reformas de estas características, que siempre se expresan en el mediano y largo plazo. El diálogo entre las cosas es menos obvio de lo que parece, porque el problema fiscal de corto plazo tiene otros orígenes. Cuando hablamos de sustentabilidad fiscal de mediano y largo plazo, es que no estemos generando reformas que finalmente terminen repercutiendo en una presión sobre el erario público en unos años que le genere dificultades al Uruguay. Si implica recursos adicionales, habrá que buscar los mecanismos para generar los espacios fiscales para sostener eso. Pero, lo que tenemos en un corto plazo es otra cosa distinta. Tiene que ver con una situación fiscal en donde básicamente es análoga a la que teníamos en 2019 en muchos aspectos, con alguna complicación de muy corto plazo que tiene que ver con un manejo en el 2024 por parte del gobierno saliente que en gastos que correspondían financiarlos en el 2024, los ha recargado en el 2025. Pero esas son cosas propias de la coyuntura. Y hay que separar: esto que estamos discutiendo, no es de la coyuntura. Esto vamos a tener que afrontarlo, pero es otro problema de política que es distinto a esta lógica de pensar reformas en largo plazo que sean sustentables.

-La lógica de la reforma previsional del gobierno anterior fue en gran parte la de mejorar justamente la sustentabilidad fiscal en el mediano y largo plazo porque había un problema si no se hacía nada. ¿Esto va con una lógica similar?

-Creo que estamos agregando varias capas. Una es la visión integral que va a lo largo de todo el ciclo de las personas, no estamos hablando solamente de una reforma del sistema provisional. La segunda, es buscar la manera de generar mecanismos que flexibilicen hacia esos ciertos derechos sin cuestionar la sostenibilidad fiscal. Creo que la reforma que se votó tiene un conjunto de virtudes, pero ha generado también cierto grado de rigideces que hay que analizarlas con un poco de cuidado. Lo haremos en marco del diálogo y lo haremos con discusión interna dentro del Poder Ejecutivo, pero son parte también de las cosas que el propio Frente Amplio en el momento de la campaña electoral planteó. Siempre con un criterio de seriedad a la hora de pensar las proyecciones fiscales y las proyecciones también de los grados de cobertura. Porque otra cosa que puede pasar es que los cambios demográficos del Uruguay, los cambios económicos, los cambios en el funcionamiento del mercado de trabajo pueden hacer que ciertos instrumentos de protección dejen ser pertinentes. Creo que a Uruguay algo de eso le ha pasado, y sin embargo ha discutido relativamente poco en esta materia. Son parte de las cosas que tenemos que incorporar, porque claramente en la infancia tenemos dificultades y hemos generado algunos grados de rigideces a nivel de los adultos mayores que, manteniendo el objetivo básico de darle sustentabilidad a largo plazo, hay que analizarlo en su diseño actual.

-En el caso de primera infancia, ¿es solo un tema de más recursos? Es decir, de reforzar ciertos programas que ya existen, ¿o es también la necesidad de nuevos programas?

-Creo que, de vuelta, no solamente es un tema de más recursos, acá puede haber cambio de concepción. Podemos pensar en cómo dialogan distintos instrumentos de política que hoy existen y que ocurre en la infancia, si no es necesario consolidar alguno de ellos en instrumentos más sencillos, más simples, que agreguen beneficios de distintas políticas, porque hay varias políticas que atienden a la infancia. La más importante es la asignación familiar, pero no es la única. Como dialogan las asignaciones familiares con el Sistema de Cuidados, como dialoga el Sistema de Cuidados a nivel de primera infancia con los requerimientos que estamos teniendo para los adultos mayores. Ganar en eficiencia, para también cuidar los dineros públicos o sea cómo hacemos que los recursos que aplicamos en distintas áreas sean capaces de ser más consistentes y tengan mejor grado de cobertura de los riesgos. Por ejemplo, no estamos hablando solamente de las transferencias y el monto de las transferencias. Estamos hablando de cobertura, estamos hablando posiblemente de unificación de algunos instrumentos, estamos hablando de definir los criterios de acceso a esos instrumentos, de permanencia en una política, cuáles son las razones que justifican el ingreso de un beneficiario de una política, cuáles son las razones que justifican el egreso de esa política. No es una discusión sobre recursos, es una discusión sobre diseño.

-¿Y en ese sentido, las condicionalidades que hay muchas veces detrás de las transferencias, también se van a discutir?

-Eso es parte de un paquete que es válido discutirlo. De hecho las condicionalidades, si uno lo ve en el esquema de protección social que tienen muchos países en el mundo desarrollado, son la excepción para la infancia, no son la regla. Es absolutamente pertinente que el Uruguay de la discusión sobre si las condicionalidades que hoy existen para la decisión de algunas políticas son razonables.

-¿Hay una posición del gobierno a priori sobre ese tema o todavía no?

-Hay posición de varios actores que estamos en gobierno. Avanzaremos sobre eso en todo caso para hacer propuestas concretas en el marco del diálogo.

Foto: Ignacio Sánchez / El País.

-Con el tema jubilatorio específicamente, decía que hay algunas rigideces que dejó la reforma previsional que se aprobó en el periodo pasado, ¿cuáles serían la que están viendo a priori?

-Yo comparto el diseño general de que en la medida en que la esperanza de vida de las personas aumenta, la postergación de la edad de retiro, debe ser una regla que debe incorporar también el acceso a las políticas. Pero, tenemos que también ser capaces de construir ciertos grados de flexibilidad que asignen el acceso al derecho, que asignen el acceso a aquellas personas que tienen dificultades para seguir trabajando después de cierta edad. La regla debe ser que tenemos que jubilarnos en más tiempo, todos.

-¿A los 65 años de edad como está en la reforma?

-Pero, ¿por qué pensar en umbrales con esas características? Creo que es razonable generar todos los incentivos para que nos jubilemos en edades más avanzadas en la medida que tengamos salud para seguir desarrollando la actividad laboral. Hasta de una óptica de salud, es buena cosa seguir en la actividad por periodos más prolongados. Pero por supuesto eso puede tener diferencias en función de características personales, trayectorias vitales. Generar algunos mecanismos de flexibilización en el acceso de derechos jubilatorios puede ser importante para no generar luego bolsones de dificultades y de privaciones críticas en edades donde puede ser más complejo desarrollar la actividad laboral.

-Y en cuanto por ejemplo a la jubilación mínima…

-Por supuesto va a haber que discutir cómo se conforma, su pertinencia, no la jubilación mínima, sino un pilar que de un piso mínimo de beneficio que se asocie también al grado de vulnerabilidad. Cómo se define, cómo se accede a eso, quién puede acceder a eso.

-Con respecto al tema previsional, una cosa que hizo ruido con el plebiscito del Pit-Cnt fue el tema de la eliminación de las AFAP. Sobre todo cierta inquietud en el mercado de cambios, en los inversores, ¿eso va a estar sobre la mesa en el diálogo o es un tema que el plebiscito ya laudó?

-Primero, no doy por sentado lo que estás diciendo, tengo bastantes dudas que el ruido en el mercado de cambios haya tenido que ver con el plebiscito. Se dio por sentado, pero evidencia…

-Algunos actores del mercado dicen que hubo fondos que se retiraron de deuda uruguaya y eso hizo que vendieran sus posiciones en pesos para hacerse de dólares, lo que impulsó…

-Hubo cierta inestabilidad cambiaria hasta fin de año y no había plebiscito. Esa fue una argumentación política momentánea, pero los movimientos cambiarios que se dieron en Uruguay, también se dieron en la región. Pero no es el tema central. Las estructuras institucionales que sostienen los pilares de protección social pueden ser objeto de revisión para mejorarlas, está claro que no estamos en un escenario, ni estamos discutiendo un escenario en donde implica volver a la situación pre-AFAP. No es la discusión que se está planteando y no está en el programa del FA. Generar esa imagen de que eso es lo que puede suceder, cuando no está en el programa de la propia fuerza política, es innecesario. Lo que está sobre la mesa son aquellos elementos que fueron reflejados en las prioridades del gobierno.

-Pero alguien puede decir, sí está el hecho de ir hacia el fin del lucro de las AFAP. ¿Qué incentivo va a tener un privado si no tiene lucro?

-Lo que uno puede pensar es como se puede pensar en cualquier otro mercado. Las estructuras de los mercados cuando tienen cierto grado de concentración, puede generar ciertas ineficiencias. Bueno, hay que pensarlo de forma lógica, o sea, qué tipo de arreglos institucionales uno puede pensar de tal manera que mejore la eficacia y la eficiencia general de todo el sistema de previsión social. El objetivo no es el mercado, sino la previsión social. Lo que está en discusión son esos elementos.

-Muchas veces se plantea una dicotomía, hay 20% de las niños menores de seis años bajo la línea de pobreza medida por ingreso y en el caso de los adultos mayores es cercano al 2% y ahí se dice: “hay que dejar de poner dinero en este otro lado para poner en este”. ¿Lo ven así?

-Parte del razonamiento que esbozas, es endógeno. ¿Por qué la pobreza entre los adultos mayores es baja en Uruguay? Porque las políticas públicas han tenido una amplia cobertura de adultos mayores a lo largo de mucho tiempo, de décadas, Esa es la razón de fondo por la cual tenemos una baja incidencia de pobreza hoy entre los adultos mayores. Por otro lado, es difícil verlo en términos contradictorios, porque el origen de esa situación tiene que ver justamente con el acceso a ciertas políticas consistentes y con la cobertura razonable, en particular en el acceso a los beneficios del retiro.
Por eso tenemos que verlo en forma integral, analizar ciertas políticas presupone también analizar cómo se van asignando los recursos a lo largo de la vida. Entonces, la forma de darle consistencia es evitar la fragmentación de la discusión. No quiere decir que estemos hablando de contradicción entre un instrumento de política que cubre la infancia o la adolescencia y otro que cubre a..., la forma de asegurarnos que los objetivos sociales que pretende la protección social se cumplan, es tener un análisis integral de la protección social a lo largo del ciclo de vida. Cuando fragmentamos la discusión, cosa que sucedió con el plebiscito, cometemos justamente el error de no poder identificar esta integralidad y esta consistencia a lo largo del ciclo de vida.

-Están pensando en un esquema más flexible. ¿Eso puede ser un niño cuando nace tiene cierto acompañamiento, después de cierto momento quizás no lo necesita y sale, después vuelve a entrar?

-No, lo que pensamos es justamente que sean medidas consistentes. Hoy tenemos algunos problemas de inconsistencia. Le pongo un ejemplo que conozco, no quiere decir vaya a entrar al diálogo social. Pero, por ejemplo, una persona tiene la asignación familiar hasta los 17 años, si ingresa al mundo de la educación terciaria, no importa en qué institución, tiene que pedir nuevamente una beca si la necesita. Entonces, justamente, hay un no diálogo de instrumentos de protección de la política. Tenemos ciertos instrumentos que intentan proteger al niño o al adolescente hasta cierto momento y cuando deja de ser niño o adolescente esa política no dialoga con la “siguiente”, que está diseñada no ya como sistema de protección general sino como una beca. Tiene que pedir una beca, pasa cierto tiempo, tiene que exponerse al estigma de estar solicitando apoyo económico por necesitarlo a los 18 o 20 años. Entonces lo que queremos es tener instrumentos más integrados que, pueden llevar a ahorrar recursos. La ausencia de la integración de instrumentos es también un problema de eficacia en la cuestión de la política.

-¿Algún ejemplo de cómo se pueden ahorrar…?

-Lo que estoy diciendo. En realidad, cuanto más agujeros tengas en el camino, hay recursos administrativos, burocráticos, de aplicación de nuevas políticas, que son tiempos de las personas, en primer lugar de los beneficiarios de la política, pero también de dispositivos estatales que están diseñados separados.

-Hay una crítica, que se suele hacer, más allá del fundamento técnico, que es que cada vez que se apoya así lo que se hace es generar un desincentivo a que esa persona busque un empleo.

-Por supuesto esto depende del diseño de la política, pero la evidencia de largo plazo es contundente. Los países, en particular Estados Unidos, Europa, que tienen los circuitos administrativos de muy larga data, una de las cosas que demuestra es que las personas que fueron acompañadas por políticas sociales desde su niñez y políticas de cuidados a lo largo de su ciclo de vida, tienen mucho mejor resultados en términos de nivel educativo, de inserción laboral, de prevalencia de cierto tipo de morbilidades en el medio salud. Entonces, diría, esa discusión que es válida, es una discusión que en este momento las ciencias sociales con disponibilidad de información de muy largo plazo, estamos hablando de décadas, la respuesta parece bastante unánime en el sentido de que hay efectos muy positivos de largo plazo en términos, no solamente de bienestar a las personas, que son beneficiarias, sino en términos del desarrollo y la evolución social cuando hay políticas que sostienen a las personas a lo largo del ciclo de vida.

-Mencionaba al principio que hay que ver también los cambios demográficos, los cambios en los mercados laborales, ¿qué desafíos plantea para todo este esquema que se está pensando la automatización de puestos de trabajo?

-Hay una fase de incertidumbre que trasciende mucho el sistema de protección social y que además tiene una expresión que es propia de la economía global pese a la nueva emergencia de tribalismos y localismos en un mundo muy integrado. La nueva tecnología siempre ha sido disruptiva en muchos aspectos de nuestro mercado de trabajo. Y han generado también dificultades, en donde de hecho la política pública ha dado respuestas en ese momento a esa realidad. No es muy claro, y hay discusión al respecto, de cuáles son las características de los nuevos mercados de trabajo emergentes de algunos cambios tan grandes como la inteligencia artificial y su aplicación generalizada en el mundo del trabajo. Hay ciertas señales de preocupación, algunos se refieren al mercado de trabajo, en el plano del acceso a la información personal, pero en el mercado de trabajo, creo que más que en clave de protección social, es probable que lo que estén desafiados son las políticas asociadas a la recalificación. Y eso puede indicar ejercicios muy complejos en el punto de vista de la política pública. Ahora, claramente trasciende el Uruguay, pero es uno de los desafíos muy relevantes, habrá que pensarlo e ir siguiendo lo que va sucediendo a escala mundial con este tipo de problemas. Lo que sí es cierto es que es muy probable que esto genere incentivos al incremento de las desigualdades, a las cuales debemos estar muy atentos, porque muchas veces las desigualdades luego se expresan, por ejemplo en inestabilidad política muy marcada. Me parece que desde las políticas públicas parte de lo que tenemos que hacer es internalizar estos riesgos y pensar en clave estos riesgos sin generar respuestas voluntaristas. Tenemos que tener la prudencia de no caer ni en el optimismo tecnológico ni pensar en el cataclismo tecnológico, pero ser capaces de estar, y no sé si Uruguay lo está haciendo adecuadamente, monitoreando los distintos escenarios que se pueden estar viendo en la materia.

-¿Por qué no lo está haciendo adecuadamente Uruguay?

-Mi impresión personal es que no es un tema de agenda sistemática de las políticas públicas en Uruguay. Esto no es un sentimiento de pecado original de Uruguay, si uno lo ve a escala internacional, se está discutiendo en Europa, se está discutiendo en Estados Unidos, hay informes al respecto, que también tienen variantes al respecto, pero Uruguay ni siquiera está haciendo un seguimiento pasivo del punto de vista de las políticas públicas y del punto de vista de aquellos que trabajan sobre aspectos que tienen que ver con los requerimientos de políticas activas para el mercado laboral en forma sistemática. Probablemente es algo que tenemos que ir montando y desarrollando.

-El hecho de que el FA no tiene mayoría en una de las cámaras, que va a implicar negociaciones y el hecho de que, como mencionaba al principio, se propone hacer algo ambicioso, ¿no temen que eso pueda quedar diluido al negociar para conseguir la mayoría que se necesite?

-Es parte de la democracia, construir mayorías. Construir mayorías en particular en el órgano más democrático de una sociedad que es su parlamento. En esto soy profundamente optimista, Me animo a anticipar que la enorme cantidad de las medidas que pueden plantearse desde el Poder Ejecutivo, van a tener un apoyo muy generalizado. Me imagino un diálogo serio, un diálogo informado, un diálogo en donde seamos capaces de ir construyendo algunos acuerdos sostenibles desde el punto de vista del accionar político en el Parlamento. Puede ser que algunos sectores no acompañan unas reformas y otros acompañan otras reformas. Cuando la sociedad tiene ciertos consensos sobre algunas políticas públicas, la sostenibilidad política trasciende los períodos. En países escandinavos han pasado por ejemplo gobiernos de centro, derecha e izquierda y la matriz de protección social que es muy amplia, persiste a lo largo del tiempo.

-Pero puede haber alguien que por cálculo electoral, diga que esto quizás no conviene políticamente y eso justamente mine la posibilidad de acuerdos.

-Parte de lo que queremos hacer es discutirlo con tranquilidad en el 2026, porque ese es uno de los elementos que nos asegura que el país está sentado discutiendo un cambio de estas características y finalmente podrá haber diferencias, pero construir los acuerdos es nuestra obligación como parte del gobierno y es también la tarea propia de la actividad legislativa. Estoy convencido de que se puede avanzar en ello.