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Por Lucas Elmallián
El sector de las telecomunicaciones viene teniendo diferentes “ruidos” entre el Ejecutivo y los agentes privados, debido a la renovación de acuerdos en los segmentos de 4G y la subasta a desarrollarse de 5G. Por esto, autoridades de gobierno asistieron al Parlamento para explicar las decisiones tomadas y dar a conocer los “caminos que vienen emprendiendo”.

A fines de noviembre, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) presentó un decreto que habilita la renovación automática del espectro del 4G de aquellos acuerdos que se realizaron entre 2002 y 2004, en los que participaron Antel, Claro y Movistar.

Según el decreto, las empresas deberán abonar a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), por la utilización del espectro, “el mismo precio que abonaron cuando se les asignó su utilización”.

Por eso, este miércoles, una delegación del MIEM, liderada por su titular Omar Paganini, y de la Ursec, encabezada por su presidenta Mercedes Aramendía, concurrieron ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, para justificar las decisiones de no llamar a un nuevo proceso competitivo para este espectro, renovando por 20 años más los acuerdos, y de mantener el precio abonado al momento de ser asignadas las bandas en la primera instancia.

Los acuerdos sobre los que fueron cuestionadas las autoridades se deben a dos bandas, la de 850 megahertz (MHz) y la de 1.900 MHz.

Según la versión taquigráfica a la que accedió El País, tras cuestionarse la renovación por la misma cantidad de años y el precio a pagar, Paganini sostuvo que “la política de gobierno y del ministerio fue decidir por la estabilidad de la situación”, es decir “a darles la oportunidad a los que estaban operando en esas bandas de mantenerse allí”.

“Obviamente, esa fue una decisión discrecional del Poder Ejecutivo que puede ser opinable, pero lo hicimos en base al criterio de que cambiar, en la eventual situación de hacer procedimientos competitivos en los que el operador de esa banda tendría que cambiarse a otra banda o retirarse si viene otro, generaría trastornos incluso para los millones de clientes que usan ese servicio porque tendrían que pensar en cambiar de móviles o en buscar otras opciones”, afirmó.

En tanto, al referirse al precio señaló que había “arrancado” con el “punto de vista” de “actualizar el valor con algún indicador o índice, traerlo al presente y ver cuánto da”, pero luego de analizar el mercado mundial encontraron que estas bandas habían bajado de valor. En el caso de la banda entre 1.800 MHz y 1.900 MHz, se había subastado a US$ 6 millones, mientras que ahora valdría más US$ 4 millones. Asimismo, para otra banda similar con más ancho de banda -las asignadas a Antel y Claro- el precio abonado había sido US$ 18,12 millones, mientras que ahora costaría US$ 12,85 millones.

“Nos pareció que podíamos cobrar más que el promedio del mercado internacional porque entendemos que el Uruguay tiene un negocio celular más desarrollado, con muchísima penetración, con mucho uso y, por lo tanto, podíamos darle un valor mayor que el que nos daba los estudios de Ursec”, dijo Paganini.

Con respecto a los acuerdos en vistas de renovación, en diciembre de 2022 se vencía el acuerdo de Movistar por un bloque de 10 MHz en la banda de 1.800/1.900 MHz, por el cual había pagado US$ 6 millones por 20 años. Asimismo, en julio de 2024 se vencerán sus acuerdos por un bloque de 10 MHz en la misma banda y otro bloque de 25 MHz en la banda de 850 MHz, que obtuvieron mediante el canje de otras bandas con las que contaba la empresa en su momento.

Esta última banda, la de 850 MHz, fue uno de los grandes focos de los cuestionamientos en la sesión y, previamente, por parte de los privados. Estos cuestionamientos se deben al posible precio que la banda debería tener en la actualidad, a raíz de la información manejada por la Ursec.

Según privados y el propio director por el Frente Amplio de la Ursec, Pablo Siris, para la discusión del precio de esta banda hubo un informe que indicaba que su valor debía ser US$ 25 millones, el cual luego fue retirado del expediente.

Sin embargo, Aramendía explicó que tanto este mencionado como uno anterior eran borradores, los cuales fueron enviados por email al directorio para el análisis del precio a raíz del mercado internacional, pero que no le “constaba” que hubiese sido agregado al expediente y luego retirado.

En este sentido, señaló que tanto el informe que sí se encuentra en el expediente, como los dos borradores fueron realizados por un técnico “reconocido a nivel nacional e internacional”, el cual señaló que la información no era “suficiente” para determinar el precio, sobre lo que estuvo de acuerdo todo el directorio -incluido Siris-.

En esta línea, señaló que el primer borrador fue enviado un jueves de octubre de 2022 a las 2 de la mañana, para “adelantar” el análisis, pero que este no contaba con el análisis de mercado, ni el precio, de la banda de 850 MHz. Sí contaba con la información de la banda de 1.800/1.900 MHz.

Luego, a las 12 de la mañana del mismo día, detalló que envió el segundo borrador en el que se agregaba el valor de los US$ 25 millones para esta banda y se mencionaba que habían sido consideradas cinco subastas, de cuatro países (ninguno en América).

En tanto, el informe que sí se integró al expediente y luego fue desestimado por el directorio, no contaba con el precio y, en el caso de esta banda, de los cuatro países sobre los que se referenciaba, solo uno era relevante (Australia).

No obstante, tanto el ministro como la presidenta de la Ursec sostuvieron que el decreto establece la renovación para las asignaciones que se dieron a través de procesos competitivos, por lo que el referido a la banda de 850 MHz no estaría comprendido en esto, ya que fue asignado por canje.

Además, a falta de un año para el vencimiento del acuerdo por esta banda, Paganini sostuvo que el precio está en “proceso de determinación”.

Por su parte, el senador frenteamplista Mario Bergara, si bien no integra la comisión, estuvo presente y expresó que consideran desde el Frente Amplio que la decisión en cuanto a la renovación “es ajustada a Derecho pero no necesariamente es la más adecuada”, siendo “el argumento de la estabilidad” “muy relativo, porque con ese criterio no vamos a hacer una subasta nunca más en la vida y siempre le vamos a renovar a todo el mundo””.