Redacción El País
En un contexto en el que se ve un crecimiento del crimen organizado en la región, la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) dio a conocer cuáles fueron sus esfuerzos e hitos en 2023, además de los pasos a dar en 2024 para combatir el lavado en Uruguay. Pero, ¿cuáles fueron los sectores sancionados por la secretaría el año pasado?

Presidencia publicó la Memoria Anual de 2023, en donde se encuentra lo hecho por la Senaclaft -organismo dependiente de Presidencia- durante el año. En ella, se presenta como uno de los “hitos” la finalización de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ENR), “diagnóstico” iniciado en 2022, que fue aprobada por la Comisión Coordinadora en julio.

En la ENR se presentaron diferentes amenazas que acechan a Uruguay -como el crecimiento del narcotráfico en la región y el nuevo rol local como país de tránsito y acopio de droga- junto con las vulnerabilidades frente a ellas que han persistido en el tiempo, las cuales están ligadas principalmente a la falta de recursos dirigidos a los organismos que supervisan contra este delito, como también la falta de “involucramiento” de organismos especializados que -por priorizar la recaudación- no siempre han optado por denunciar penalmente casos de defraudación tributaria.

Luego de finalizada la evaluación, la Senaclaft dio paso al desarrollo de la próxima Estrategia Nacional de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que contendrá los lineamientos a implementar para mitigar las amenazas y vulnerabilidades detectadas.

Por otra parte, dentro de los cometidos de la secretaría se encuentra la fiscalización de los sujetos obligados (SO) en prevención de lavado de activos, es decir aquellas instituciones -en este caso de actividad no financiera- que pueden verse utilizadas por terceros para este delito.

Sobre la actividad con los SO, la Senaclaft puso en práctica la comunicación a través del domicilio electrónico (Domel) centralizando la mayoría de los procesos fiscalizatorios mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Los procesos de fiscalización iniciados en 2023 fueron 215, de los cuales algunos siguen aún hoy en trámite.

De estos, 74 fueron en el sector de escribanos, 71 en zonas francas, 56 en el sector de las organizaciones sin fines de lucro -clubes deportivos, iglesias, sindicatos, cámaras empresariales, partidos políticos, entre otros- seis en inmobiliarias, una en promotores inmobiliarios y siete en “otros”.

De acuerdo a los expedientes administrativos relacionados al proceso de fiscalización, durante el año 2023, se estudiaron más de 250 expedientes, destacándose el otorgamiento de 83 vistas previas a la imposición de sanciones y 30 intimaciones al cumplimiento de obligaciones formales por parte de los sujetos fiscalizados.

Según los datos publicados, fueron 50 las sanciones impuestas por la Senaclaft, que correspondieron a 16 apercibimientos, 20 observaciones y 14 multas. En tanto, se archivaron 93 expedientes.

Respecto a las sanciones pecuniarias, el documento destaca que el valor total de las sanciones impuestas fue 1,31 millones de Unidades Indexadas (UI), lo que al último día de 2023 equivalían a $ 7,69 millones.

En tanto, detalla que para el sector de zonas francas, se aplicaron sanciones por 690.000 UI, que al 31 de diciembre de 2023 equivalían a $ 4,05 millones. Asimismo, para el sector de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) deportivas, las sanciones alcanzaron las 400.000 UI, que a la fecha mencionada equivalían a $ 2,35 millones.

Para el sector de proveedores de servicios societarios las sanciones fueron por 175.000 UI y para el de escribanos fueron por 45.001 UI, lo que equivalía a $ 1,03 millones y $ 264.322,37 respectivamente.

Asimismo, en 2023 se hizo efectivo el cobro de una sanción pecuniaria por un valor de 275.000 UI ($ 1,62 millones), correspondiente a una sentencia favorable del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), en donde se desestimó la demanda anulatoria instaurada por el SO.

Por su parte, de acuerdo al plan establecido, se realizaron análisis de riesgo sectoriales, en el inmobiliario, escribanos y zonas francas, actualizando los procesos iniciados en 2020, sobre los sectores de mayor exposición al riesgo abarcando al 82% de los SO registrados.

A su vez, se continuó la actualización del Registro de Sujetos Obligados, que a través del cruzamiento de información con otros organismos, como la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco Central, se registraron 50 nuevos sujetos obligados. De este modo, el total de SO alcanzó los 13.638.

Por otro lado, comenzó a funcionar la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, con el apoyo de la Senaclaft como organismo especializado y auxiliar de la Justicia, como también la secretaría firmó con el Ministerio del Interior el Convenio de Cooperación Interinstitucional.

En tanto, a nivel internacional, se destacó el ejercicio de la Presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) por parte de Uruguay.