RESERVAS

Superadas las elecciones parlamentarias de medio término, el gobierno de Alberto Fernández parece decidido a acelerar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar un acuerdo antes de que termine el año. Esa premura deriva de las urgencias que le impone la realidad: con reservas netas cada vez más exiguas en el Banco Central, el gobierno no cuenta con poder de fuego para seguir interviniendo en el mercado cambiario ni para afrontar los vencimientos de deuda más allá del próximo verano.

“El gobierno prefería postergar el acuerdo con el FMI como un mensaje para sus votantes. Sin embargo, una vez pasadas las elecciones y descartada la posibilidad de recibir una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG, la unidad de cuenta del Fondo) por parte del FMI en el corto plazo, salió a apurar el acuerdo ante reservas que son muy escasas”, dijo a El País Juan Pablo Di Iorio, economista de ACM Consultora, en Buenos Aires.

Si bien el stock de reservas brutas en el Banco Central ronda los US$ 42.200 millones, buena parte de ese total no está disponible dado que corresponde a distintos pasivos como un swap de monedas con China, encajes bancarios, depósitos del gobierno y préstamos con organismos internacionales. Aunque no hay información oficial, el consenso del mercado es que, descontados esos rubros, las reservas netas se reducen a unos US$ 5.500 millones. Si, además, se excluyen los US$ 2.500 millones de DEG enviados por el FMI que se destinarán a cubrir los vencimientos de diciembre y enero con el organismo de crédito, el stock cae a unos US$ 3.000 millones.

Dado que ese monto está conformado casi en su totalidad por tenencias de oro -reservas que no están inmediatamente disponibles porque para eso deberían ser vendidas-, algunas consultoras sostienen que el Banco Central ya no cuenta con reservas líquidas de libre disponibilidad para intervenir en el mercado cambiario. Otras, en cambio, estiman que la autoridad monetaria todavía cuenta con cerca de US$ 1.000 millones líquidos para intervenir.

En cualquier caso, el monto de reservas es claramente insuficiente para los desafíos que tiene por delante el gobierno. Ante eso, el Banco Central ha cambiado su estrategia desde el día posterior a las elecciones parlamentarias. Luego de destinar desde octubre del año pasado casi US$ 2.800 millones de las reservas para ponerle un techo a la cotización de los dólares financieros alternativos, hace dos semanas abandonó esas intervenciones en forma abrupta.

Ese giro provocó que la cotización del dólar MEP -se obtiene a través de la compra en pesos de bonos que luego se venden en dólares en el mercado local- y del Contado con Liquidación -operación utilizada para sacar divisas del país mediante la compra y posterior venta de venta de bonos o acciones que se acredita en el exterior- saltara de 180 a más de 200 pesos.

Además de la decisión de dejar de intervenir en los mercados paralelos del dólar, el Banco Central prohibió desde el viernes pasado el pago en cuotas de pasajes, hoteles, alquiler de autos y cualquier otro servicio en el extranjero en un intento por cerrar otra de las puertas por las que salen divisas del país.

Con esas restricciones, sumado al incremento de la demanda estacional de pesos que la economía argentina registra en cada diciembre ante la necesidad de empresas y organismos públicos para cumplir con el pago del aguinaldo y las vacaciones, y a una cosecha récord de trigo que empezará a liquidarse en las próximas semanas, el gobierno aspira a contener la sangría de reservas en el corto plazo.

No obstante, aún si se concretara, ese alivio sería apenas temporario. Ya en febrero esos factores no estarán o, al menos, empezarán a perder fuerza. A eso se agrega que, consumidos los DEG en diciembre y enero, el gobierno ya no podría cumplir en marzo con el pago del vencimiento de capital de US$ 2.873 millones con el FMI. Ante esos riegos, el gobierno argentino intenta cambiar el ritmo de las negociaciones para apurar un acuerdo con el organismo que le permita extender los plazos de pago.

Con ese objetivo, el presidente Fernández anunció que enviará al Congreso en la primera semana de diciembre un programa económico plurianual que luego será presentado al FMI.

A favor, el gobierno cuenta con el ajuste silencioso que ha venido llevado adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán. Más allá de su retórica, el gobierno ha recortado con fuerza las partidas destinadas a las jubilaciones, pensiones, planes sociales y transferencias a las universidades. Con eso, lejos del déficit fiscal primario –antes del pago de deuda- fijado en 4,5% del PIB en el Presupuesto, el año cerrará con un rojo equivalente al 3% del PIB.

Sin embargo, esa reducción del déficit está influida por rubros que no estarán presentes el año próximo. “El déficit puede estar incluso por debajo del 3% este año, pero una buena parte está asociada al cobro del Impuesto extraordinario a la riqueza y a precios extraordinarios de los commodities que difícilmente se repitan en 2022. Sin eso, el déficit estructural de la economía sería más elevado y habrá que ajustar el año próximo para cumplir con las exigencias del FMI”, dijo Di Iorio. 

Mientras el gobierno plantea en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un déficit fiscal equivalente al 3,3% del PIB para 2022 y una reducción gradual en los próximos años, el organismo exige que el ajuste se haga a mayor velocidad.

En cualquiera de esos escenarios, todo indica que el rubro que sufrirá la mayor poda será el de los subsidios económicos, recursos que han sido destinados en los últimos dos años para mantener casi sin cambios las tarifas de electricidad, gas, agua y transporte. “Después de las elecciones, el gobierno está avanzando en políticas económicas en el sentido que exige el FMI. Una de esas señales es el re-empadronamiento de los usuarios residenciales en el área metropolitana de Buenos Aires para fijar aumentos de tarifas segmentados de acuerdo al poder adquisitivo de la población”, dijo a El País Fernando Baer, economista asociado de Quantum Finanzas, en Buenos Aires.

Sin margen, el gobierno de Alberto Fernández busca alcanzar a corto plazo un acuerdo con el FMI, aunque eso puede no ser suficiente para despejar todas las incógnitas sobre el rumbo de la economía argentina. “El gran interrogante es si Cristina (Fernández de) Kirchner será la que decida cuáles van a ser las condiciones del acuerdo o si finalmente se correrá del centro de la escena y dejará hacer al gobierno”, planteó Baer. La vicepresidenta descartó cualquier injerencia.

“Pero, aún si se alcanzara un acuerdo, la duda que quedará abierta es si el gobierno podrá cumplir con las metas. La historia condena a Argentina: ni uno solo de los 26 programas que el país firmó con el FMI se pudo mantener, todos terminaron incumpliéndose”, concluyó.

La carta de la vicepresidenta

Cristina Fernández de Kirchner

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dijo el sábado en una carta pública que la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está a cargo del presidente, Alberto Fernández; además, descartó "desconocer deudas" y apuntó a la oposición por tener también la responsabilidad de avalar o no el trato con el organismo multilateral.

"La lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina", escribió en la carta difundida en redes sociales.

Fernández de Kirchner dijo que escribió la carta en respuesta a los medios de comunicación "hegemónicos", a los sectores de "poder real", al FMI, los "brokers" de Wall Street y a la oposición que se preguntan "qué va a hacer" la vicepresidenta respecto de un posible acuerdo con el Fondo por los US$ 57.000 millones que pidió el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) en 2018, de los cuales se desembolsaron US$ 44.500 millones.

La vicepresidenta respondió que "es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional en esta materia".

La postura de la vicepresidenta sobre el acuerdo con el FMI ha sido un foco de incertidumbre en el mercado, ya que Argentina debería pagar al organismo, entre capital e intereses, US$ 19.020 millones el próximo año, US$ 19.270 millones en 2023 y US$ 4.856 millones en 2024, compromisos que el Gobierno de Fernández asegura que su país, con serios desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar.

Fernández de Kirchner, sin embargo, indicó este sábado que "nadie está hablando de desconocer deudas".

Señaló que el kirchnerismo, en referencia a la presidencia de su marido Néstor Kirchner (2003-2007) y su presidencia entre 2007 y 2015, "tiene un atributo histórico que es el de haber pagado las deudas que generaron otros gobiernos", al recordar la cancelación de la deuda con el FMI en 2006 y la reestructuración de deuda con acreedores privados en 2005 y en 2010.

Pero no dejó de señalar que el actual "es un momento histórico de extrema gravedad" para la Argentina y la definición que se apruebe puede constituir el "más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social" del país suramericano.

Esta carta es el primer pronunciamiento de la vicepresidenta desde que la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, ganara las elecciones legislativas del 14 de noviembre pasado, lo que producirá que el peronismo pierda el quorum propio en el Senado desde el 10 de diciembre próximo.

Fustigó a esa coalición opositora por ser el partido del expresidente Macri, quien contrajo la deuda con el FMI, diciéndole que "debe ejercer la responsabilidad" de la representación que ganaron en las elecciones.

Y recordó que en noviembre del año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que dispone que todo acuerdo con el FMI requerirá que el Congreso lo apruebe expresamente.

"La totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI", señaló.

"Como marca la Constitución y la ley 27.612, no es Cristina… son los y las 257 diputados y diputadas y 72 senadores y senadoras quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia", afirmó.

Finalmente, la vicepresidenta dijo que comparte "plenamente" un discurso del presidente Fernández del 9 de julio pasado.

"Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino", transcribió en la carta, "porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante”.