Mientras que la campaña de recolección de firmas para lograr un plebiscito que pueda derogar aspectos de la reforma de la seguridad social -liderada por el Pit-Cnt y otros movimientos sociales- se acerca a su objetivo, autoridades públicas y juristas alertan sobre los grandes riesgos que podría traer su éxito para el Estado uruguayo. Entre ellos, se encuentra la posibilidad de una saga de demandas internacionales de arbitraje de inversión y otras nacionales por parte de los ciudadanos.

Según había dicho a El País la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) e integrante del comando de campaña, Karina Sosa,la iniciativa ya “ronda” las 200.000 firmas, del total de 270.000 que necesitan reunir antes del 27 de abril para habilitar la consulta popular en el marco de la próxima elección nacional.

Dentro de lo que esperan lograr con este plebiscito, está la eliminación de las AFAP y del régimen mixto previsional.

Ante esta iniciativa, el exprosecretario de Presidencia y socio de Brum Costa Abogados, Leonardo Costa, afirmó que es “esperable” que si se llegara a derogar la reforma y eliminar las AFAP, se inicien juicios por “montos importantísimos”.

“Si tengo un derecho ya adquirido y vos me lo sacás, eso genera responsabilidad estatal”, afirmó Costa.

En este sentido, por un lado podrían comenzarse arbitrajes internacionales de inversión -como el caso Pluna, Philip Morris y Aratirí- por parte de las AFAP, en donde el inversor suele reclamar la expropiación directa o indirecta (una combinación de medidas que tienen un efecto expropiatorio) de su inversión, o que no tuvo un trato justo o equitativo, donde se violan tratados de inversión entre países.

En este caso, de eliminarse el sistema mixto, no solo habría un perjuicio para las administradoras de fondos por el cese de su negocio, sino también por la expectativa de ganancias que ya tienen. “Pueden ser juicios muy grandes contra el Estado uruguayo, porque si le sacás algo que vos creaste por ley, el Estado puede decir ‘esto no lo ahogo más’ y eso genera consecuencias jurídicas”, afirmó el abogado.

Asimismo, la socia de Ferrere, Sandra González, explicó que “ha habido y hay arbitrajes de inversión derivados de reformas de sistemas previsionales”, como fueron los casos de Bolivia, que recientemente fue condenado por US$ 95 millones más intereses, entre otros factores por el propio proceso de transición a un régimen estatal -caso en el que participó Ferrere-, y Argentina, por la nacionalización de los fondos de pensiones, y Chile, por modificaciones en sus sistema de seguridad social.

A su vez, recordó que “la previsión de que la reforma no generará indemnización por lucro cesante a las AFAP no elimina los derechos de los inversores bajo el derecho internacional porque el Estado no puede invocar su normativa interna para justificarse, para excusar una violación del derecho internacional”.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en entrevista con El País afirmó que este plebiscito presenta varios riesgos, siendo “realmente peligroso para el futuro del Uruguay”.

“Eliminar las AFAP y confiscar los fondos de un millón de uruguayos -1.588.298 de afiliados a las AFAP, al cierre de 2023-, que tienen sus cuentas personales con nombre y apellido para complementar su jubilación futura, es un paso de una gravedad inédita. Uruguay es uno de los mejores sistemas de seguridad social, en los rankings internacionales estamos entre los 15 a 20 países con mejor cobertura social. Argentina está en el último peldaño y esto que se está proponiendo es lo mismo que hizo Argentina hace 15 años”, afirmó el ministro.

Según la Memoria Trimestral de AFAP, a fin de 2023 administraban US$ 22.554 millones (el 29,2% del Producto Interno Bruto de Uruguay).

En tanto, para comprender los montos por los que podrían iniciarse las demandas de los inversores, el socio de Guyer & Regules, Carlos Brandes, explicó que si bien depende del caso concreto y es difícil establecer generalidades, la indemnización comprende lo que se invirtió y lo que el inversor deja de ganar por un determinado período (lucro cesante), los intereses y las costas y costos del arbitraje si el Estado llegase a perder.

Asimismo, estas demandas podrían comprenderse bajo los acuerdos internacionales que haya firmado Uruguay con los respectivos países relacionados a la nacionalidad del inversor que sea accionista de la AFAP.

En este sentido, tendría que analizarse toda la cadena de inversores detrás de las AFAP para comprender qué acuerdos de inversión entrarían en conflicto con la derogación. En principio, las nacionalidades de los inversores que podrían estar en juego provendrían de Brasil, Estados Unidos, Venezuela y Colombia.

Foto: Leonardo Mainé

Por otra parte, Costa señaló que hay otro “daño” más, que es al ciudadano como inversor. En este sentido, explicó que cada persona que tenga dinero ahorrado en una AFAP, tiene la expectativa de cobrar un monto por su jubilación más lo que genera la inversión de su ahorro en la administradora de fondos de ahorro previsional.

Por este motivo, sostuvo que se “podría pensar” en que los ciudadanos inversores puedan demandar al Estado uruguayo. “Es jugar y cobrar”, afirmó y agregó que “no es tan descabellado pensar que esos juicios son potencialmente perdibles”.

Del mismo modo, el ministro Mieres señaló que ante la posible cantidad de denuncias que recibiría Uruguay por parte de las AFAP y los individuos, además de otros riesgos, esto conformaría “la tormenta perfecta”.

Sobre los otros riesgos que traería el plebiscito y su posible éxito, señaló que uno de ellos es que Uruguay pierda su “imagen de certeza jurídica y de confiabilidad”. Asimismo, sostuvo que la mejora del grado inversor obtenida recientemente, se afectaría inmediatamente.

A su vez, destacó que otro riesgo sería el incremento del déficit. “Van en el sentido inverso a lo que todos los partidos pensábamos que había que hacer, que era ver cómo damos sostenibilidad a un sistema de seguridad social que es crecientemente deficitario. La reforma lo que hace es aplanar el déficit, aplanar la curva. Esta iniciativa dispara la curva hacia arriba”, afirmó.

Por otra parte, destacó que han advertido de estos riesgos al Pit-Cnt y que “en el mundo sindical hay opiniones distintas”, ya que tomaron “una decisión que no fue en su momento unánime”.