POLÉMICA

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La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) respondió a los aportes realizados por los principales distribuidores de combustibles, acerca del proyecto reglamentario -que puso a consulta pública el pasado 23 de marzo- a través del cual pretende exigir a las estaciones de servicio su información financiera y contable.

Según había explicado a El País el director de la Ursea en representación del Frente Amplio, Roberto Chiazzaro, el proyecto tiene como objetivo “llevar un control exacto del movimiento de combustibles” y afirmó que “no es una persecución” ni implica “meterse en la vida interna del estacionero”.

Sin embargo, tanto desde la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), como desde las principales distribuidoras de combustibles, se presentaron reparos a la iniciativa de Ursea.

En ese sentido, el regulador recibió contribuciones al proyecto por parte de la Asociación de Agentes de Ancap (AAA), del grupo español DISA (exPetrobras), del presidente de Unvenu, Daniel Añón, de Axion, de Ducsa y de Canopus.

Desde la Asociación de Agentes de Ancap, manifestaron a Ursea que la información contable que se quiere pedir “excede las competencias” del regulador.

Sin embargo, Ursea defendió las facultades que le otorga la normativa, entras las que destacó: la potestad de establecer los requisitos que deberán cumplir los actores dentro de su competencia; el dictado de actos administrativos para el ejercicio de su competencia en materia de regulación y control de las actividades y servicios que le correspondan; el control del cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas aplicables por parte de los operadores públicos y privados; la potestad de requerir la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus cometidos; así como la posibilidad de realizar oportunas instrucciones particulares.

Además, desde la AAA indicaron que las exigencias para las estaciones de servicio “en cuanto a la proporción de información a la distribuidora son improcedentes” y generarían “una situación de desigualdad e inequidad” entre las partes.

El regulador respondió que “más allá de que cada distribuidora mayorista deberá presentar información de sus puestos de venta por las transacciones de combustibles”, se establece además “la responsabilidad de la distribuidora mayorista, por parte de los puestos de venta que operan bajo su sello, sin requerir que las estaciones de servicio le remitan la información a la distribuidora de su sello”.

Por su parte, DISA cuestionó el régimen sancionatorio por entender que establece un caso de responsabilidad objetiva así como la responsabilidad por la información fidedigna que deben presentar.

Sobre este punto, Ursea respondió que no comparte la afirmación de DISA y aclaró además que “no se exige responsabilidad por el contenido de la información de terceros, sino por la verificación de su entrega”.

Asimismo, DISA señaló que la nueva exigencia de Ursea le generará “costos extra” que “deberían ser considerados en los márgenes”, pero desde Ursea entienden que “los costos referidos” se “cubren en el precio máximo de combustibles” vigentes.

En tanto, el presidente de Unvenu cuestionó -al igual que la AAA- las competencias de Ursea para implementar la nueva exigencia y afirmó que la información contable “puede poner en situación vulnerable a la estación frente a la distribuidora”. La respuesta de Ursea fue la misma que le dio a la AAA y además aclaró que la información contable que reciba el regulador es confidencial.

Los costos extra que se generarían para las estaciones de servicio por la gestión de dicha información también fue un reclamo del presidente de la Unvenu, pero la respuesta de Ursea fue que dichos costos “deben ser manejados como un componente a solventar con el precio de venta al público a fijar por el Poder Ejecutivo”.

Desde Axion, Ducsa y Canopus los reclamos fueron similares a los de los otros actores involucrados en términos de que la Ursea “no tiene competencias” para pedir la información contable. Al respecto el regulador volvió a defender sus potestades: “rechazamos lo manifestado. La Ursea es plenamente competente para solicitar la información requerida”.

Adicionalmente, desde Axion realizaron reparos respecto al plazo requerido -de 150 días corridos siguientes al cierre del ejercicio económico- para la presentación de la información y también afirmaron que la distribuidora “no puede responsabilizarse por la conducta de terceros”.

En este sentido, Ursea dijo que el plazo establecido “es consistente con las exigencias a otras empresas reguladas” por el organismo. Además, explicó que la distribuidora no tiene responsabilidad por terceros sino que su responsabilidad pasa por “brindar al regulador la información concerniente a las estaciones de servicio de su sello” y dijo que sí tiene responsabilidad por los puestos de venta que forman parte de su red.

Desde Ducsa y Canopus señalaron además que a través del proyecto “se transfieren competencias de Ursea a las distribuidoras”, pero el regulador lo negó. “No existe de forma alguna traslado de facultades de control y gestión de esta Unidad a las distribuidoras mayoristas. Lo que se establece es atribuir las responsabilidades que corresponden a mayoristas y minoristas de forma ponderada, donde el mayorista es el titular de la cadena da distribución”, explicó.