La tercera ¿fue la vencida? Tras el contundente fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en 2022, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) se apresta a avanzar en la habilitación a la telefónica Claro para que dé servicios de televisión satelital (algo que hace en otros países). No obstante, aún quedan “dudas” sobre qué pasos debe dar el regulador.

En 2008 le fue otorgada la licencia, con carácter nacional, de clase D, que permite brindar servicios de televisión satelital para abonados, a Flimay S. A., empresa que pertenece al mismo grupo empresarial que integra la compañía de telecomunicaciones Claro (América Móvil). Luego, el Poder Ejecutivo (PE) revocó la licencia concedida por la Ursec (que en ese entonces era quien concedía las habilitaciones, mientras que ahora le corresponde al PE).

El motivo de esta revocación fue que aún no estaba concluido el “proceso de elaboración de la política nacional de telecomunicaciones”, por lo que “no se estaba en condiciones de otorgar dicha licencia”. En 2012, el TCA falló a favor de la empresa anulando la resolución del PE.

Luego de esta sentencia, según señala el último fallo del tribunal, “se presentaron una serie de cableoperadores e interpusieron recursos de revocación y jerárquico en subsidio contra” la resolución de la Ursec, que otorgaba la licencia a Flimay, “por considerar que esta les agraviaba y que al no haber sido jamás notificados, se encontraban en plazo para recurrirla”. En 2013, la Ursec desestimó el recurso de revocación.

Ese año, el Ejecutivo por segunda vez revocó la licencia otorgada por la Ursec a la empresa, pero en este caso por razones de “ilegitimidad”. Luego, el TCA volvió a fallar a favor de Flimay.

Ya, en 2017, el Ejecutivo volvió a revocar la licencia otorgada a Flimay. Sin embargo, en 2022, el TCA nuevamente (por tercera vez) falló a favor de la empresa, anulando la resolución impugnada por Claro.

En el fallo, se resalta que esta última resolución impugnada “supuso un total desconocimiento por parte de la administración demandada a lo oportunamente resuelto por la corporación en las sentencias n.º 773/2012, 587/2014 y 428/2016, lo que revela que obró con manifiesta sinrazón y supone un actuar temerario”, dando lugar a esta decisión.

Con más de una década de disputa jurídica, el jueves pasado, el directorio de la Ursec se reunió para analizar los pasos a seguir para la habilitación técnica, que permita a Claro brindar servicios de televisión satelital.

Según explicó a El País el director por el Frente Amplio en la Ursec, Pablo Siris, está “fuera de discusión” que se debe cumplir la sentencia del TCA, pero “se generan dudas con las etapas subsiguientes”, debido a la normativa que estaba vigente a la fecha en que se otorgó la licencia, en relación con el registro de las personas y empresas que son reguladas por la Ursec.

En este sentido, señaló que se realizó una consulta al Poder Ejecutivo para obtener su opinión, “previo a ejecutar lo que corresponde”, ya que este es el titular de la política de telecomunicaciones. Siris sostuvo que el caso tiene “un nivel de complejidad importante en cuanto a lo administrativo”, que requiere de la participación del PE, ya que no está claro cómo debe continuar la Ursec o si hay algún requisito que se deba cumplir.

Lo que sucede es que, si bien la resolución de la Ursec de 2008, que otorgó la licencia para que Claro pueda prestar estos servicios, está “plenamente vigente”, aún se debe realizar la habilitación técnica de la empresa y se debe inscribir en el registro de personas y empresas que están habilitadas a dar este servicio.

Es en ese último punto donde surgen las dudas sobre qué debería hacer la Ursec, según Siris, porque el debate que se ha planteado hasta el momento refiere a lo establecido por la normativa vigente, que refiere a la titularidad de la empresa.

En el Registro de personas y empresas de la Ursec no se permitiría inscribir a un servicio de comunicación audiovisual, cuyos titulares sean desconocidos, es decir, sin conocer quiénes son las personas detrás de la empresa, lo que sucede con Flimay S. A.

“La sentencia del TCA deja claro que Flimay es titular de esa licencia, pero no deja claro qué es lo que deberíamos hacer en ese sentido”, dijo Siris.

Siris señaló que habría sido partidario de hacer una consulta “a alguno de los catedráticos o catedráticas de derecho administrativo” que, con la sentencia a la vista, dijeran los pasos a seguir, para luego enviarle ese insumo al Poder Ejecutivo. Sin embargo, afirmó que se adoptó un criterio que va en este “sentido”, pero tal vez en otro orden, ya que es probable que el Ejecutivo proceda a la consulta de un catedrático.