Redacción El País
El estudio "El Uruguay que queremos" recientemente premiado por la Academia Nacional de Economía -y del que El País publicó ayer un artículo- propone 65 medidas para que la economía uruguaya crezca a un mayor ritmo en forma sostenida y converja nuevamente a los niveles de ingresos del promedio de los países que integran un grupo de referencia. El presidente electo, Yamandú Orsi se ha propuesto ser el mandatario "del crecimiento del país que avance".

Ese grupo está compuesto por: Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Islandia, Israel, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Republica Checa y Suiza.

Los autores del trabajo son Martín Alesina, Camila Pazos, Juan Andrés Sainz, Nicolás Vidal y en él identifican 65 medidas para que la economía uruguaya aumente su crecimiento potencial al 3,5% (desde el actual 2,5% estimado).

El designado ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone ha planteado en reiteradas ocasiones (entre ellas una entrevista con El País), la necesidad de que la economía de Uruguay crezca a tasas mayores para sostener el Estado de bienestar y atender situaciones como la pobreza.

Los autores sugieren "establecer el mandato jerárquico de procurar la estabilidad de precios en la carta orgánica del Banco Central (BCU), que remplazaría al ambiguo mandato dual de estabilidad de precios sujeto a objetivos de crecimiento y empleo. Bajo el régimen de metas de inflación actual, es preciso ganar y mantener la credibilidad de los agentes y anclar las expectativas en el horizonte de la política monetaria".

Agregan que entre 2010 y 2020, el BCU buscó "lograr efectos de corto plazo en la actividad a través de intervenciones sistemáticas en el mercado cambiario u operando con tasas de interés expansivas" y "la inflación estuvo solamente 17% del tiempo dentro del rango meta y las expectativas de inflación estuvieron desancladas 82% de los meses".

Otra medida en esta materia recomendada es la de "dotar al BCU de absoluta independencia", algo que consideran "es imprescindible para alcanzar una mayor credibilidad y hacer converger las expectativas inflacionarias". En esa línea, proponen dar independencia con respecto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), "modificando el artículo 41 de la carta orgánica del BCU para que el único motivo de reunión del Comité de Coordinación Macroeconómica sea de coordinación y para compartir información, y que la estabilidad de precios dependa únicamente del BCU y no del MEF ni del Poder Ejecutivo como en la actualidad".

Archivo El País

También sugieren establecer "un directorio con mandatos que no coincidan con el proceso electoral, y de períodos más largos", elevar "las instancias de rendición de cuentas y mejorar la comunicación a través de divulgadores económicos, instruidos en medios digitales, con un uso intensivo de redes sociales para llegar a las generaciones jóvenes" como hace el Banco de Inglaterra.

Otro aspecto es "publicar el Indicador de Excedente Bruto Unitario (IEBU) desagregado por sector", algo "valioso para combatir inexorables presiones de grupos exportadores con respecto al tipo de cambio".

Como última medida en esta materia, el trabajo recomienda "impulsar la desdolarización y reconstrucción del mercado en pesos". Ve "imperativo reconstruir el mercado de pesos para mejorar los canales de transmisión de la política monetaria", para lo que es necesario que "la inflación se encuentre sistemáticamente dentro del rango meta". Además, "se requiere en principio reformas en el sistema bancario para desincentivar el ahorro en dólares y depósitos bancarios en moneda extranjera en favor de la moneda nacional" y "tender progresivamente a la desdolarización en las transacciones de la economía", mediante, por ejemplo, "incentivos transitorios para el sector inmobiliario y automotriz como facilidades en acceso al crédito para que los precios se fijen en pesos o Unidades Indexadas".

El estudio propone que el Consejo Fiscal Asesor (CFA) sea "legalmente independiente y autónomo". Para eso, debe ser "un organismo técnico que realice recomendaciones no vinculantes, con concursos de alto prestigio y competitivos para ocupar cada rol, con más cargos que trasciendan gobiernos y recursos suficientes para actuar con completa autonomía e independencia del MEF y cumplir con mayores cometidos", además de "una ley que obligue al MEF a proveer de información al CFA".

También sugiere "fortalecer la regla fiscal actual". Para ello, explica, se necesitan "cláusulas de escape mejor definidas", que sean "transitorias y contar con un mecanismo de retorno al equilibrio", "determinar el ancla de deuda prudente para Uruguay" e "incorporar los problemas fiscales producto de pasivos escondidos" (como "procesos judiciales, eventuales resultados de empresas públicas, así como el déficit del Fonasa").

Otra propuesta es "robustecer el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) potencial, aplicando diversas metodologías y brindando más información al Comité de Expertos".

También "implementar una estrategia de revisión del gasto público", que "implica realizar una identificación y gestión de fragmentaciones, superposiciones y duplicaciones del gasto estatal",

Otra medida en lo fiscal es "avanzar hacia un presupuesto por resultados". Luego de definir el presupuesto, "se debe realizar un seguimiento a través de indicadores que permitan evaluar el desempeño y el impacto de las medidas gubernamentales", añade.

Los autores proponen "crear un Consejo Asesor de Inserción Internacional" para realizar "análisis técnicos que sugieran las estrategias y metas necesarias para fortalecer la inserción internacional del país". El organismo "debe ser independiente del gobierno, pero con dependencia estatal, los plazos de ocupación de sus miembros deben exceder un período electoral y renovaciones escalonadas para que cambios de gobierno no interfieran en la estrategia de inserción internacional", "debe estar conformado por técnicos altamente calificados en la materia, con ingreso por concurso y una remuneración competitiva, en la misma línea de lo propuesto para impulsar el CFA", señala.

También recomiendan "ser miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que generaría los incentivos para avanzar en reformas en educación, integración e infraestructura".

"Analizar la posibilidad de solicitar un 'certificado' como país de la Unión Europea (UE), lo que no significa ser miembro de la UE sino certificar ciertas normativas fundamentales que cumple el país para ser catalogado como país europeo", indican.

Otras tres propuestas son tener un "equipo diplomático capacitado" y "reforzar los equipos existentes de profesionales encargados de las negociaciones in situ" y "eliminar la tasa consular" a las importaciones.

La última en la materia es "tender hacia tratados específicos por producto". Ya que, "si bien se considera conveniente adoptar ambos caminos (acuerdos específicos y generales), es pertinente focalizar el esfuerzo en este sentido dado el contexto regional actual y las posibilidades de crecimiento, tanto por facilidad de concreción como por beneficios para el país". Los autores ponen como ejemplo que "los tres acuerdos logrados en los últimos años por el sector cárnico —estómagos (mondongo y librillo) a China, lengua a Japón y carne con hueso a Israel— implican ahorros similares en aranceles que lo que generaría para el sector cárnico la concreción del Acuerdo Mercosur-Unión Europea".

En este campo, el estudio recomienda "imitar las acciones recientes implementadas por Portugal y adoptar aquellas que se consideren pertinentes". Este país da "una serie de incentivos fiscales dirigidos a personas menores de 35 años (residentes y no residentes) como la no obligatoriedad de aportar a la seguridad social, y una reducción del 50% en el impuesto a la renta por hasta 10 años para nuevos residentes".

También "agilizar el proceso de revalidación de títulos".

Otra es "crear el Bachillerato Profesional". Según el trabajo, se basa en el "sistema educativo suizo" y es "desarrollar un sistema de educación verdaderamente dual, que por un lado ofrezca la formación académica tradicional, y por otro una formación profesional altamente conectada con el sector privado. Este sistema permitiría a los estudiantes aprender un oficio y, a su vez, aplicarlo en un entorno real de trabajo remunerado mientras completan su educación, a partir de los 15/16 años".

Además proponen: "expandir redes de capacitación público-privada de Inefop", "incrementar exigencias de la Asignación Familiar" (cambiando "la condición actual que contiene el pago de asistencia obligatoria a nivel escolar por asistencia obligatoria al tercer ciclo de la Educación Básica Intergral", es decir de 7° a 9°, cuando crece la deserción), "asistencia obligatoria a charlas integradoras" complementado con "mensajes privados a padres o tutores" y por último "implementar el Premio por Calidad de Enseñanza (un sistema de premios -dinero- por sobre el salario base para profesores liceales)".

En este aspecto, proponen "establecer una transferencia adicional condicional a la asistencia". Sería "a través del 'Bono Crianza' que se incorpora una transferencia adicional condicional a la asistencia del niño".

Otra idea es la de "ampliar cantidad de centros con horario extendido".

La tercera medida en este ámbito (y 27ª a nivel general) es la de un "plan de formación técnica" (ya que "el alto nivel de pobreza en primera infancia tiene su raíz en dificultades para el empleo de los responsables" y por eso es clave darles "las herramientas necesarias a la familia para desempeñarse en el mercado de trabajo formal a través de un plan de formación técnica, coordinado con el sector privado para que posteriormente puedan insertarse en el mercado laboral" y en esa línea "se propone exonerar de aportes patronales a aquellas empresas que contraten padres y/o madres con hijos de 0 a 3 años").

La última en este aspecto es "mayor efectividad del gasto"

Ante el Impuesto Mínimo Global (de 15% a la renta empresarial para empresas que facturan más de 750 millones de euros al año) y la amenza que eso supone para el régimen de promición de inversiones de Uruguay y las zonas francas, los autores proponen "brindar estímulos a través de créditos fiscales". Eso supone "creatividad tributaria" para dar "créditos fiscales por generación de empleo (ejemplo Vietnam), créditos fiscales por innovación de tecnología (ejemplo Irlanda), créditos fiscales por investigación y créditos fiscales para la conversión en la economía verde".

En esa línea, plantean crear "un fideicomiso para las rentas de empresas que se le otorgan créditos en efectivo, que asegure que en un plazo de cuatro años se amortice la totalidad del aporte realizado".

Además, sugieren "impulsar medidas complementarias para flexibilizar los requisitos para los usuarios de las zonas francas" y"brindar exoneraciones más altas, de hasta el 100% del monto a inversiones de alto impacto y adaptabilidad al cambio climático a costas de menores exoneraciones a inversiones con menor puntaje en estas áreas".

El documento recomienda "crear la Agencia Nacional de Infraestructura", para tener "una planificación coordinada". Desde "la Cámara de la Construcción se plantea diseñar esta agencia mediante una reforma de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Los objetivos de la agencia radicarían en elaborar un Plan de Infraestructura como eje de una política de Estado a largo plazo, asesorar al Poder Ejecutivo y al sector público".

Otras propuestas son: "incentivar una mayor conexión aérea", "concretar la Hidrovía Uruguay-Brasil" y "transporte eficiente y logística" (siguiendo con "la inversión en mejora de puentes y rutas, necesaria para expandir la circulación de bitrenes y tritenes en las rutas más transitadas").

En esta temática, se recomienda "eliminar el impuesto al patrimonio a los bancos", como forma de "mejorar el acceso al crédito".

También "flexibilizar las condiciones para que las Pymes puedan cotizar en bolsa, y así estimular el mercado de capitales".

Por último, se sugiere "implementar una estrategia nacional de educación financiera".

El estudio recomienda "avanzar hacia la desindexación de los salarios y comenzar a ajustar los procesos de negociación colectiva en base a la productividad", para lo que "es necesario, en primera instancia, que las empresas midan la productividad y compartan esa información con el Estado, el cual debe garantizar que esas mediciones son confidenciales y no la van a obtener otras empresas del sector" y "el sector público no debe firmar contratos indexados con el sector privado".

A su vez, sugiere "crear el fondo de co-inversión público 'Uruguay Innova', para compartir el riesgo del empresariado uruguayo e incentivar la inversión en innovación y startups".

Respecto a Pymes, el trabajo recomienda "realizar talleres de aplicabilidad de inteligencia artificial" y "mejorar las facilidades para exportar desde Tu Exporta y Exporta Fácil".

Otros planteos son: "implementar una transferencia específica para trabajadores desplazados de tareas que sean automatizadas", "fomentar mayor desarrollo de la investigación clínica", "extensión de la aplicación móvil gub.uy a una Super App que concentre todos los servicios y trámites del Estado que sean digitalizables".

Por último en esta materia, sugiere "establecer un descuento impositivo sobre el aporte a BPS en función de la mejora de productividad del predio. El monto del descuento sería proporcional (pero menor) a la diferencia entre la producción promedio anual del quinquenio 2020-2024 y la producción alcanzada en el año".

El "Uruguay caro" es un problema del que se discute habitualmente y en ese sentido, el trabajo propone 10 medidas.

Los planteos son: "habilitar el registro de productos para cualquier importador" (ya que se debe "registrar cada producto que importan por primera vez" lo que lleva a "costos de registro que derivan en mayores precios al consumidor final"); "asegurar que la autorización de importaciones por motivos sanitarios se rija sólo por criterios técnicos"; "impulsar prácticas tributarias que desestimulen a distribuidores únicos"; "mejorar la competencia en sectores no transables"; "adelantar la aplicación del artículo 237 de la Ley de Urgente Consideración" (que en 2020 "establecía un plazo de 180 días para que Ancap elaborara un estudio sobre el mercado y toda la cadena de distribución de petróleo y derivados, incluyendo la rentabilidad y el aporte de valor de la Refinería de La Teja", pero que "debido a motivos políticos, su entrada en vigor fue pospuesta en más de una ocasión y actualmente está fijada para 2026"); "resignar parte de ganancias de UTE a rebajas focalizadas de precio" (en cinco años tuvo en promedio US$ 192 millones de resultados anuales positivos con destino a Rentas Generales y los autores señalan que destinar "US$ 108 millones por año alcanzarían para abaratar el precio 30% para el sector primario, 15% para la industria y 10% para comercio y servicios"); "reubicar el fideicomiso del boleto de transporte público" que "actualmente está dentro del precio del gasoil ($ 5 por litro)", (para ello, "una parte se sustituiría por gravar con mayor intensidad la importación de autos con bajo puntaje en seguridad", otra con "incrementar la patente de autos con combustión interna, y lo restante se obtendría de Rentas Generales"); "cambiar lo establecido en el artículo 235 de la LUC para que el Poder Ejecutivo apruebe el precio de venta de combustibles, no 'con el previo informe' de Ursea y Ancap como está redactado al presente, sino sujeto a los mismos y al Precio de Paridad Importación estimado"; "retirar la participación de Ancap en empresas sistemáticamente deficitarias como Cementos del Plata" y "anular la obligatoriedad de usar materias primas nacionales para la mezcla de biocombustibles".

El trabajo plantea que "es posible impulsar el crecimiento a raíz de un mejor aprovechamiento del agua".

En ese sentido, propone respecto al riego: "inversión público-privada en energía (para lograr instalar las líneas energéticas necesarias para el riego extendido)"; "más opciones de financiamiento y agilidad de aprobaciones" y "reglamentar la figura de desarrollador de riego".

En cuanto al hidrógeno verde, sugieren "formar uruguayos para una nueva industria", mediante "la promoción fuerte de carreras de distintas ramas de la ingeniería y tecnicaturas para el diseño y operación de plantas de electrólisis, diseño de infraestructura de almacenamiento y transporte, optimización de procesos, mantenimiento y seguridad de las plantas, y operar las cadenas de suministro, etc.".

Las últimas cuatro medidas tienen que ver con el impulso a la pesca, ya que el estudio analiza que pese a contar "con una extensión marítima que supera el territorio terrestre, Uruguay no aprovecha plenamente el potencial" de este recuso.

En ese sentido, las medidas propuestas son: "eliminar decreto de jubilación bonificada (la pesca cuenta con un decreto único desde 2010 sobre el aporte que deben hacer las empresas por concepto de jubilación bonificada para trabajadores por la naturaleza del trabajo)"; "flexibilizar la tramitación de permisos de pesca (para que sea posible que los barcos cambien de especies de captura sin necesidad de solicitar un nuevo permiso completo)"; "mejorar la coordinación entre la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y la Prefectura Nacional (para evitar redundancias y superposiciones en procedimientos)" y por último "implementar programas de formación para atraer a trabajadores jóvenes (con el objetivo de combatir el envejecimiento de la fuerza laboral).