La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE, una “supergremial” que agrupa a una veintena de cámaras empresariales) expresó su preocupación por una posible reversión de la inversión a nivel de la economía, por un freno en las contrataciones laborales para 2024, la situación por la brecha cambiaria con Argentina y la crispación a nivel político. Esto fue en su asamblea de fin de año realizada ayer.

“Hacemos una exhortación al sistema político a no dedicar todo el año a la campaña electoral, a no anticipar tanto los temas electorales, y a cuidar fundamentalmente el tono, porque nos preocupa la calidad”, dijo Diego O’Neill, presidente de la CCE, en una rueda de prensa tras la asamblea.

Alertó así sobre el adelanto de la campaña electoral que se vive en el país, cuando aún hay problemas concretos, indicó.

“Todavía queda mucho tiempo para las elecciones nacionales, que son en octubre y, eventualmente, en noviembre (de 2024). Quedan 14 meses de esta administración, es mucho tiempo para la gente, para los trabajadores, para las empresas, para las inversiones. Nos preocupa este adelanto”, reafirmó O’Neill.

En cuanto a la importancia de mejorar el “tono” de la campaña electoral, sin dar nombres o mencionar alguna situación en particular, afirmó: “Nos parece que eso es algo que hay que cuidar, encauzar, porque permea en todas las actividades, incluyendo los diálogos en el trabajo, las redes sociales y hasta en las familias”.

La confederación señala que los sectores empresariales necesitan que los esfuerzos estén concentrados en temas como: el peso del Estado (la CCE impulsa políticas públicas para el achicamiento del Estado), políticas laborales (en vista de que puede bajar la contratación), aprobación de leyes (aunque O’Neill no detalló cuáles en especial) y negociación con los sindicatos.

Hizo referencia, específicamente, al mercado de trabajo, que este año ha tenido recuperación de puestos, pero las proyecciones de 2024 no son auspiciosas. Según la más reciente encuesta empresarial, solo tres de cada 10 empresarios afirman que van a contratar nuevos trabajadores en 2024.

Asimismo, la confederación proyecta algunos niveles de reversión de la inversión a nivel de la economía, que ya comenzó con la finalización de la tercera planta de celulosa que incidió en una baja de la inversión extranjera directa, dijo O’Neill.

Consultado sobre si el flujo de inversiones que llega de Argentina buscando la estabilidad en Uruguay podría cambiar con el nuevo gobierno de Javier Milei, respondió que “indudablemente eso (el clima de inversión) es lo que hay que cuidar”. “Cuando hablamos de cuidar el tono de la campaña y de los intercambios políticos, es para cuidar la imagen que tiene el país y que lo hace interesante como receptor de inversiones, como lo vimos en la visita a China”, acotó.

Otra preocupación de la gremial que agrupa a las principales cámaras empresariales es la diferencia de precios con Argentina, ya que si bien el vecino país podrá ir corrigiendo el desequilibrio a ese nivel, las mejoras se verán en el mediano plazo. “Ese desequilibrio perjudica mucho a nuestro país, a la industria, al comercio, a la macroeconomía, a la recaudación, al flujo de turismo, enumeró. “No solo a nivel de frontera, sino en todo el país”, agregó.

Como cierre de año, O’Neill destacó como avances de esta administración: la creación de la regla fiscal, la reforma de la seguridad social y la reforma educativa. Como pendientes, mencionó la reforma del Estado y de las empresas públicas. Observó el aplazamiento del tema del transporte de combustibles y que no se logró asociación con ningún privado para el negocio del cemento pórtland.

La confederación tiene “expectativa positiva” sobre decisiones del nuevo gobierno de Argentina y su impacto en Uruguay, a nivel del Mercosur. “En la visita a China se veía que la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) es cierta, pero condicionada por la posición de nuestros vecinos, que han sido muy críticos sobre que Uruguay pueda avanzar”, dijo O’Neill. A su juicio, el gobierno de Milei “puede traer novedades” en ese sentido, aunque no de inmediato.

Sobre el Impuesto Mínimo Global a la renta empresarial que comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2024 y que Uruguay deberá cumplir, el presidente de la CCE consideró que “sin duda tendrá su impacto a nivel de zonas francas y de otros beneficios fiscales en general”. Sin embargo, afirmó que el país tiene tiempo para ir adaptándose a la nueva normativa y que habría que revisar políticas públicas para amortiguar ese impacto. Ese tributo ha sido impulsado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).