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Tras el diagnóstico del sistema previsional, realizado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) en marzo, los diferentes sectores que integran el grupo han hecho llegar sus preocupaciones sobre la reforma jubilatoria en la que se trabaja.

En este contexto, las cámaras empresariales entregaron a la CESS un documento con sus aportes e inquietudes. Sobre el diagnóstico, señalan que contiene los principales elementos que se consideran necesarios para emprender una reforma del sistema jubilatorio.

Según el documento al que accedió El País, encuentran tanto “aspectos medulares del régimen previsional”, como la carga tributaria, el déficit fiscal, la edad mínima de retiro; como también “aspectos complementarios”, de los cuales se destacan las certificaciones médicas y la “elevada” prima por seguro de accidentes laborales.

Dentro de las preocupaciones y aportes en los “aspectos medulares”, el sector empresarial destaca la falta de espacio para aumentar la carga tributaria sobre el trabajo y un especial énfasis en las jubilaciones parciales, que permitan seguir trabajando al individuo.

Los empresarios entienden “necesario elevar la edad mínima de retiro” (actualmente en 60 años de edad) y analizar cambios en la tasa de reemplazo (porcentaje del salario que se cobra como jubilación) y los años de aportes mínimos (actualmente son 30 años) “a la luz del aumento de la esperanza de vida ocurrido en los últimos 20 años”.

Por otra parte, preocupa la informalidad, tanto “la que no está legalmente establecida, como la sub registrada”. Estando la informalidad focalizada en trabajadores por cuenta propia, consideran “oportuno revisar el sistema de incentivos y cargas tributaria de esa categoría de trabajadores, considerando no solo la aportación a la seguridad social sino también la impositiva”.

Con respecto a la inequidad de los susbsistemas, sostienen que la seguridad social debe ser “sostenible, equitativa y justa” en los aportes de los diferentes sectores y “no debería ser el ámbito para exoneraciones y subsidios”, los que “deberían ser sostenidos por Rentas Generales”.

A su vez, señala el documento que no se encuentra mencionado en el diagnóstico, “el hecho de que la presión fiscal del Uruguay es elevada para los servicios que a cambio presta el Estado a los ciudadanos, tanto en cantidad como en calidad”.

En esta línea, agrega que “la reforma de la seguridad social debe contribuir a reducir el aporte de Rentas Generales a todos los sistemas existentes”.

Del mismo modo, otra inquietud del sector, se encuentra en lo instaurado desde 1996, sobre el sistema mixto de Seguridad Social, con un pilar de capitalización privada.

Sobre esto, expresa que “las características principales del sistema deben ser mantenidas e inclusive ampliadas dentro de bases de equilibrio, justicia y estabilidad macroeconómica”, resultando trascendente “fortalecer un pilar de ahorro voluntario individual”.

A su vez, con relación a introducir esquemas de ahorro voluntario en el marco de la negociación colectiva, el documento destaca que “la opinión negativa del sector empresarial es unánime. La principal razón es que la negociación colectiva está regida por un esquema institucional viciado de sesgos, produciendo arreglos contractuales inconvenientes para el desarrollo empresarial”.

El documento destaca que los “aspectos complementarios” si bien exceden “el ámbito de la reforma previsional”, tienen impacto en los costos laborales, en la demanda de empleo y en distintos incentivos que determinan la oferta laboral. A raíz de esto, afectan el funcionamiento del mercado laboral, impactando en el empleo, en la densidad de cotizaciones y el volumen de aportes.

“Las cámaras vemos con particular preocupación lo que está sucediendo en materia de certificaciones médicas. Si bien el documento se refiere a esta temática, consideramos que no está ponderado el efecto distorsivo que genera en la productividad”, expresa el documento.

A su vez, sostiene que “la prima por seguro de accidentes laborales es elevada, lo que impacta en el costo agregado del factor trabajo y en la demanda de empleo”.

Las cámaras, entienden que las primas por accidentes laborales no han acompañado la baja en la siniestralidad en algunos sectores. Por esto, creen “conveniente introducir reformas regulatorias en este mercado, o bien eliminando la prestación monopólica por parte del Banco de Seguros y abriendo la prestación del servicio a la competencia con otras aseguradoras, o bien introduciendo una reforma regulatoria que asegure una prestación a precios alineados con el bienestar general”.

El documento dice que “no se identifica mención alguna ni valoración económica del impacto que generarán las nuevas tecnologías en el empleo público. Tampoco se hace mención a la mayor importancia relativa del empleo público en Uruguay en comparación con otros países. En los hechos seguramente se transforme en uno de los colectivos más impactados en el futuro, ya que se trata de servicios muchas veces sustituibles por el software y la digitalización”.