Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) informó sobre las amenazas regionales en materia de lavado de activos y volvieron a resaltar los delitos de corrupción y narcotráfico, pero ¿cómo incide esto en Uruguay?

Según los datos de la Tercera Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos -la cual comprende un análisis de 659 sentencias condenatorias proporcionadas por los países miembros del organismo internacional entre los años 2019 y 2021-, los principales delitos determinantes (a partir de los cuales derivan en el orígen ilícito del lavado) en este período fueron: la corrupción y el soborno, el narcotráfico, los delitos fiscales y la participación en grupo delictivo organizado, seguido por los delitos ambientales, el contrabando y el tráfico de personas.

De estos, el informe señaló que los delitos de corrupción, el soborno, los delitos fiscales y los relacionados con el medioambiente, tuvieron un aumento “significativo” en esos años. Del mismo modo, destacó la “irrupción” de la extorsión “como un delito altamente relevante”.

Asimismo, agregó que según la Alianza Latinoamericana Anti Contrabando (ALAC), el contrabando genera una ganancia estimada de casi un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina (unos US$ 150.000 millones),

Por otra parte, el documento explicó que “la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y seres humanos ya no solo se asocia al delito de trata de personas con fines sexuales y/o proxenetismo, ya que el tráfico ilegal de seres humanos entre distintos países se ha acentuado de forma relevante”.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que la trata de personas es uno de los delitos más rentables, ya que el trabajo forzoso genera US$ 150.200 millones por año, de los cuales US$ 99.000 millones son por explotación sexual forzada y US$ 51.200 millones por explotación laboral forzada.

Por otro lado, destacó que los delitos ambientales, no solo registraron un aumento en su descripción, sino también en el número de sentencias asociadas a estos, en especial respecto de la minería ilegal en América del Sur.

En este sentido, el informe señaló que solo en los delitos relacionados con la deforestación, se estimaron ganancias ilícitas a nivel global que van entre los US$ 51.000 millones y US$ 152.000 millones, mientras que sobre el delito de minería ilegal, se estimó que los flujos ilícitos generados varían entre US$ 12.000 millones y US$ 48.000 millones.

Según las estimaciones de Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los delitos medioambientales se han convertido en el tercer delito más lucrativo del mundo, únicamente sobrepasado por el narcotráfico y el contrabando.

En tanto, según explicó a El País el supervisor de Fiscalización de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft), Gustavo Misa, en Uruguay no está tipificado el delito ambiental, por lo tanto, no cuenta como delito determinante de lavado de activos.

“A esta altura de los acontecimientos, debería haberse tipificado delitos ambientales. No creo que vayan a ser nunca delitos prevalentes en cuanto a las estadísticas”, señaló.

Asimismo, agregó que en los diferentes cuestionarios del Gafilat han planteado que este delito no “es una preocupación primordial”, ya que no se han encontrado casos de estos aún.

Sin embargo, destacó que en Uruguay hay delitos a los que se les está “corriendo de atrás” por falta de tipificación, como el de la corrupción privada.

Con respecto al análisis del Gafilat, Misa señaló que los datos son relevantes para el país, ya que el delito de lavado de activos es transnacional. “Los grandes casos que hemos tenido en Uruguay llegan por un pedido de información de países vecinos, entonces tenés que conocer cómo se mueve el crimen organizado, las tipologías que se manejan en la región, pues muchas veces llega de afuera dinero que se mueve en Uruguay, pero que se genera en otros países, agregó.

Por otro lado, el análisis del Gafilat identificó dos amenazas emergentes: la extorsión y el uso ilícito de activos virtuales. Sobre estos últimos, debido al crecimiento que ha tenido su uso en los últimos años, Misa opinó que ya no se les debería considerar como emergentes.

El Gafilat también analizó las tipologías -modalidades utilizadas para dar apariencia de legalidad al producto del delito o para financiar al terrorismo- más utilizadas en este período.

De esto, se desprendió que las que más se detectaron como mecanismo para lavar activos, fueron la creación y utilización de personas y estructuras jurídicas, el uso de testaferros y el fraccionamiento de dinero como mecanismo de estratificación, conocido también como pitufeo.

De las tipologías analizadas, el 52% refiere al uso de personas y estructuras jurídicas, lo que demuestra una preferencia de este mecanismo sobre el uso de testaferros y el pitufeo, que significaron el 31% y el 11%, respectivamente.

El producto más utilizado por las organizaciones criminales para lavar activos en la región fue el efectivo, seguido del uso de cuentas bancarias y transferencias internacionales de dinero. En tanto, el sector bancario sigue siendo el más vulnerado para lavar activos, seguido del sector notarios/abogados, el automotriz y el inmobiliario.