REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) aprobó el pasado viernes 19 por mayoría el informe de diagnóstico sobre el sistema jubilatorio. El documento recién sería divulgado este miércoles tras entregarlo a las autoridades.

No obstante, El País accedió al último borrador que elaboró la presidencia de la CESS fechado el 14 de marzo y al cual luego se le hicieron “algunos cambios formales” (números de leyes que faltaban, anexos que se incluyeron y se profundizó el capítulo sobre AFAP y renta vitalicia) indicaron fuentes vinculadas a la CESS, pero no hubo modificaciones en lo sustancial.

¿Qué dice este último borrador? Lo que sigue es un resumen de algunos aspectos, excluyendo el capítulo de AFAP y renta vitalicia que fue profundizado en la versión final.

Entre otros aspectos, de acuerdo con el informe, en el año 2019 las exoneraciones de aporte patronal jubilatorio totalizaron unos US$ 189 millones y se “redujeron las aportaciones patronales en cerca de 23% de su recaudación potencial”.
En concreto, las exoneraciones de los aportes patronales jubilatorios redujeron la alícuota de aportación del sector de industria y comercio del 7,5% legal al 5,79% efectivo, en el año 2019.

“La decisión de liberar total o parcialmente del costo de aportación patronal jubilatoria a diversas actividades, cualquiera sea su fuente normativa, tienen un impacto relevante en el financiamiento del sistema de previsión social, tanto en el componente de reparto como en el de ahorro individual obligatorio. Implica un trato desigual entre colectivos iguales (por ejemplo en trabajadores y empleadores de la enseñanza y la salud)”, detalló el informe.

Por otra parte, el diagnóstico señala que la organización financiera del Banco de Previsión Social (BPS), “basada en el concepto de fondo único de seguridad social, dificulta identificar destino específico de determinadas fuentes de financiamiento de las prestaciones servidas”, y agrega que la actual organización financiera “dificulta el análisis de los equilibrios o desequilibrios financieros de los diferentes programas a su cargo y su financiamiento”.

En el último borrador que elaboró la CESS se afirma además que “es conveniente examinar la asignación de costos” derivados de las actividades de cooperación entre los organismos comprendidos en los procesos previsionales y tributarios, dado que “existe heterogeneidad en el tratamiento de los costos de los servicios brindados entre organismos”.

No obstante, el informe indicó que “debe tenerse en cuenta que cuando se trate de servicios vinculados al desarrollo de cometidos entre organismos públicos, desde la perspectiva del Estado estos costos son neutros y resultaría conveniente asignar las tareas de modo de aprovechar adecuadamente las economías de escala existentes”.

En relación al reconocimiento de servicios de BPS (el trámite que consiste en registrar las actividades en las que una persona trabajó y que por alguna razón no figuran en la historia laboral, a efectos de configurar un futuro derecho jubilatorio), el diagnóstico afirmó que “ha sido un problema de difícil solución” y que “no han logrado superar la dificultad plenamente”.

Asimismo, destaca que las bonificaciones de los servicios existentes de BPS “no han sido revisadas con la sistematicidad que prevé la norma vigente”.

Sobre este punto, el informe concluyó que el régimen vigente de bonificación de servicios “genera un desequilibrio financiero que no es compensado por la tributación prevista” y que además “genera contingencias relevantes” en el Banco de Seguros del Estado (o en cualquier aseguradora que quiera prestar el servicio) debido a “su impacto en las rentas vitalicias previsionales”.

El informe detalló que en el período comprendido entre los años 2013 y 2019 se otorgaron más de 25.000 jubilaciones con aplicación de dicho procedimiento.

“En el año 2013 la cantidad de altas en las que se había computado servicios en base a este procedimiento representaba 9,2% del total. A partir de 2015 el número de altas que incluyen servicios computados por esta vía crece sistemáticamente, hasta alcanzar a 16,3% en 2019” (último dato disponible).

“En la prueba testimonial se observa una incidencia decreciente, pero continúa manteniendo relevancia para la prueba de servicios anteriores a abril de 1996, y, en menor medida, para servicios posteriores a dicha fecha”, agrega.

En relación a las altas de jubilaciones por incapacidad en BPS, estas “crecieron significativamente” en los últimos 10 años y en el informe se sugiere “la conveniencia de analizar los diversos aspectos” del diseño y funcionamiento de dicha cobertura.

En tanto, el diseño de las pensiones no contributivas por vejez e invalidez “presenta condiciones exigentes en relación al examen de ingresos” y añade que los beneficios no contributivos tienen “requisitos de acceso rígidos”, por lo que “su reexamen y racionalización podría ser un instrumento eficiente para mantener altos niveles de cobertura poblacional que evite situaciones de pobreza en la vejez”.

En referencia a los regímenes de compatibilidad entre trabajo y jubilación —administrados por BPS— para sectores de actividad industrial y comercial, y de retiro parcial, el informe señaló que “han tenido escaso alcance y adhesión”.