En un contexto de elecciones nacionales, en el que diferentes temáticas vuelven a ponerse sobre la mesa, el financiamiento de los partidos políticos y su transparencia ha vuelto a tomar lugar en la escena pública. Según el fiscalizador de estas organizaciones en materia de lavado de activos, aún falta regular aspectos por los que les ingresan la mayor cantidad de donaciones y que pueden ser un riesgo.

Ayer se realizó un evento virtual, organizado por Ferrere Abogados, en el que se abordaron temas como el marco legal de aportación, los partidos políticos como sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos y el contralor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y la Corte Electoral.

Si bien Uruguay cuenta con un marco normativo que regula el financiamiento de los partidos políticos, estableciendo las vías habilitadas para recaudar fondos, instancias para recibir donaciones, topes de los montos permitidos para cada donación y obligaciones, actualmente está bajo estudio del Poder Legislativo un nuevo proyecto de ley (que fue votado en la Cámara de Representantes a fines de 2023 y ahora espera en la Cámara de Senadores), que aún deja por fuera temas claves respecto a la transparencia de ciertos vehículos de aportación.

Los partidos políticos tienen dos vías de financiamiento: la permanente y la que se da en las instancias electorales.

El financiamiento permanente trata del que reciben por parte del Estado respecto a la cantidad de votos que obtuvieron en la campaña anterior.

En tanto, el de las donaciones de personas físicas o jurídicas para la campaña electoral, es aquel que plantea riesgos de lavado de activos. Se excluyen los aportes que provienen de los salarios de sus integrantes que ocupan un cargo público, porque el origen de los fondos es el mismo Estado.

El control de los partidos, en cuestiones del financiamiento, presupuestos y balances de campaña, está a cargo de la Corte Electoral; mientras que el relativo a la prevención de lavado de activos está a cargo de la Senaclaft.

Sobre esto, el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, explicó que los partidos políticos no son sujetos obligados por su naturaleza, sino por ser organizaciones sin fines de lucro (OSFL), que pasan a ser sujetos regulados por la secretaría tras pasar los umbrales de ingresos anuales y valor de su patrimonio, dispuestos por la normativa vigente. Sin embargo, explicó que pretenden modificar esto, a raíz de la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado publicada el año pasado. El cambio será a través de la Estrategia Nacional antilavado -a aprobar este año-, ya que se han visto “situaciones curiosas” en las que un partido político puede superar el umbral de ingresos un año sí y otro no.

Foto: Fernando Ponzetto

Por su parte, la ministra de la Corte Electoral, Ana Lía Piñeyrúa, señaló que la regulación establece como donatarios (quien recibe la donación) a los partidos políticos, sus sectores internos y listas de candidatos.

Sin embargo, respecto a la prevención de lavado de activos, la normativa no establece como tales a las personas físicas, en donde el titular de las listas puede recibir donaciones.

Asimismo, para el control de la Corte Electoral, las donaciones en las campañas electorales pueden ser para las elecciones internas, nacionales o balotaje, aunque aquellas realizadas en el contexto de las primeras no están obligadas a ser presentadas en una rendición de cuentas ante el regulador.

En esta línea, Chediak afirmó que, del “elenco de prohibiciones respecto a las donaciones”, la Senaclaft está interesada en lo relativo a organizaciones delictivas, dispuestas a colocar sus fondos en los partidos políticos.

La “piedra angular” del sistema de prevención de lavado es el conocimiento del origen del dinero, explicó Chediak, por eso “rechinan las donaciones anónimas”. Sin embargo, reconoció que es “difícil” que cada agrupación sepa el origen de cada donación, pero que se debe “caminar a una absoluta transparencia” de las donaciones.

Por su parte, el gerente del Área de Control y Fiscalización de la Senaclaft, Gustavo Misa, destacó que la secretaría hizo inspecciones a estas organizaciones el año pasado, en las que se vio un “cumplimiento bastante disparejo” y que se llegó a sancionar a algún partido político (aunque aún la sanción no está firme).

En esta línea, sostuvo que los partidos tienen una estructura “bastante buena y estable”, pero que aún falta regular al agente por el que reciben mayores ingresos: las agrupaciones.

Al referirse sobre ellas, señaló que no siempre cuentan con una personería jurídica y que, por la dinámica de los partidos políticos, luego de las elecciones suelen desaparecer, por lo que luego es difícil fiscalizarlas.

En esta línea, afirmó que las agrupaciones deberían rendir cuentas al partido político sobre las “inyecciones” de fondos que les realizan, para que luego se pueda hacer la debida diligencia (análisis del origen de fondos) requerida.

Misa explicó que en las inspecciones hechas el año pasado a los partidos políticos, al pedirles los balances se veían ingresos de listas o agrupaciones, pero no estaba discriminado a qué correspondían. A su vez, dijo que en los partidos políticos como en las agrupaciones que lograron supervisar “no había gran cultura de cumplimiento”, como tampoco tenían estas últimas mucho conocimiento sobre prevención de lavado.

Por otra parte, respecto a las vías de financiamiento, las autoridades se refirieron a los tickets que se pagan en los eventos organizados por los candidatos presidenciales. Sobre esto, Piñeyrúa señaló que los mismos no se consideran donaciones, por lo que no integran las rendiciones de cuentas que deben realizar ante la Corte.

Foto: Estefanía Leal

No obstante, Chediak afirmó que desde la secretaría han explicado que “controlar absolutamente todas las vertientes de fondos es virtualmente imposible”, porque además se intenta evitar el ahogo de la actividad, ya que una regulación muy estricta puede desmotivar las donaciones del sector privado, generando una mayor dependencia del Estado.

En este sentido, Chediak sostuvo que los aportes a los partidos políticos apoyan a la democracia, mientras que a los sujetos obligados se les debe exigir que tengan conocimiento del aportante y de que el origen de los fondos es lícito.

Por su parte, Misa agregó que no se busca “demonizar” a las donaciones, sino que quieren transparencia. Sostuvo que no le consta a la secretaría que haya un vínculo entre los partidos y el crimen organizado, pero que tienen que generar “controles fuertes” para que no esté la “tentación” de que esto suceda.