LAVADO: EL PUZZLE DEL RIESGO

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En el especial de El País “Lavado: El puzzle del riesgo” se publicaron informes sobre diferentes riesgos de lavado de activos que presentan algunos sectores de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), y la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que comenzó por primera vez a fiscalizarlas, pero ¿qué expectativas tiene el organismo? ¿Qué riesgos de lavado de activos presentan?

A fines del año pasado la Senaclaft “se acercó” a las organizaciones sindicales, deportivas, educativas, religiosas, sociales y los partidos políticos y así controlar sus prevención de prevención de lavado, es decir, para que no sean utilizadas por terceros para ingresar “plata sucia” a la economía.

Según explicaron a El País desde la Senaclaft, las organizaciones que presentan mayores riesgos para ser utilizadas para “blanquear” dinero son las deportivas, religiosas, sindicales y los partidos políticos. Cada una de ellas presentan diferentes riesgos según sus modelos de financiamiento, pero hay uno que comparten en la generalidad de los sectores: la falta de controles antilavado.

De los más de 500 sujetos obligados en este tipo de organizaciones, de acuerdo a los datos de la Senaclaft a los que accedió El País, ninguno corresponde al sector cannábico, que también se encuentra bajo la órbita del organismo, ya que su personería jurídica también es la de OSFL.

La jefa jurídica de la Senaclaft, Patricia Laburu, señaló la importancia de que se controle el lavado de activos ya que, a través de este ilícito, “se ingresa al sistema formal dinero producto de distintas actividades delictivas”. Además, “se perjudica la actividad económica legitima por la competencia desleal. De no realizarse controles al respecto se estimularía el delito organizado porque les permitiría disfrutar de sus ganancias delictivas”, agregó.

Sin embargo, ante la importancia de este control, al ser consultada la Senaclaft sobre las expectativas de la fiscalización, se consideró como “punto positivo”el solo hecho de haber comenzado a fiscalizar a estas organizaciones, debido a su falta de controles.

En este sentido, señalaron como ejemplo de la falta de prácticas de prevención antilavado que, al momento de solicitar la información a las OSFL, llegaron a recibir consultas sobre “quiénes eran” porque no conocían a la Senaclaft.

Si bien hay organizaciones que presentan menos riesgos, como las educativas, se espera poder modificar la normativa vigente para que se adapte a cada sector. Buscan una regulación de “sintonía fina”, dijo a El País el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak.

Asimismo, el supervisor de fiscalización de la Senaclaft, Gustavo Misa, señaló a El País que además hay sectores de las organizaciones no financieras que quedaron por fuera de la órbita de la secretaría, como los hoteles, las actividades de servicios, el parque automotor, entre otros

Sobre los diferentes riesgos que presentan los sectores fiscalizados, especialistas en prevención del lavado dijeron a El País que hay por falta de controles en el origen de los fondos, los canales a través de los cuales reciben los ingresos y la falta de control en el destino de los fondos.

En este sentido, Misa explicó a El País que en la normativa vigente no está regulado un control de debida diligencia sobre los proveedores, lo que incrementa los riesgos en el último tramo de la triangulación.

??En esta línea, el abogado especializado en regulación del sistema financiero y prevención de lavado de Brum Costa Abogados, Juan Diana, dijo a El País que, al partir de la “hipótesis que la organización no se dedica a lavar activamente” sino que es utilizada “por negligencia en la parte de controles”, la triangulación “sería una especie de ‘todos los caminos conducen a Roma’. Trajo la plata y al final, directa o indirectamente, por un conocido, por una empresa que tiene una participación, termina viniendo con un menor monto del que yo aporté, pero es parte del costo del lavado”.

En lo que corresponde al origen de los fondos, al mirar por sectores, en el caso de las organizaciones deportivas, se encuentran riesgos por la falta de controles ante transferencias de futbolistas por montos significativos. Fuentes de Defensor Sporting dijeron a El País que ante transferencias al exterior, realizar una debida diligencia es “difícil”ya que no todos los equipos facilitan la información del origen de fondos, mientras que también señalaron que hay equipos a nivel local que no cuentan con una cuenta bancaria, por lo que utilizan las cuentas personales de sus directivos o, en determinadas ocasiones, la cuenta de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Por otro lado, se encuentran riesgos debido a la carencia de un cuerpo inspectivo de la Secretaría Nacional de Deporte (Senade) para “pasarles un peine” a cada una de las transferencias de jugadores.

A su vez se trabaja para integrar la figura jurídica de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) bajo el control de la Senaclaft, ya que este tipo de organizaciones están fuera de la órbita de la secretaría.

Por su parte, las instituciones educativas, ante un sistema de ingresos casi bancarizado en su totalidad y la recepción de cuotas y matrículas atomizadas, presentan menos riesgos. Sin embargo, hay una “grieta” debido al régimen de donaciones especiales, en donde especialistas advierten del uso de efectivo, establecido por la normativa, y como este podría carecer de controles por parte de las organizaciones beneficiarias, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) participa como intermediario.

En este sentido, además del beneficio fiscal obtenido por la donación, lo cual disponibiliza dinero del que su origen era ilícito, se encuentra la posibilidad del retorno de lo donado, ya que el motivo de la donación es un proyecto presentado previamente por la OSFL al MEF.

En tanto, otro de los riesgos resaltados por las propias organizaciones educativas son los grandes proveedores.

Otra de las organizaciones más riesgosas son las religiosas, que carecen de controles ante las donaciones que reciben. Entre las ofrendas en efectivo y aquellas que provienen del exterior, los riesgos se incrementan, indicaron los especialistas.

Dentro de las organizaciones sindicalesse encuentran riesgos en la falta de controles en general. En el sector, el Pit-Cnt carece de personería jurídica, por lo que utiliza al Instituto Cuesta Duarte para hacer algunas operaciones, mientras que la recepción de sus ingresos es a través de una cuenta bancaria bajo la firma del presidente, la secretaria general y el encargado de finanzas, o las cuentas personales de allegados a la central sindical, según explicó a El País José Fazio, encargado de Finanzas de la central obrera.

A su vez, especialistas indicaron que se presentan riesgos en los diferentes eventos sindicales, por falta de controles de proveedores y la posibilidad de una sobrefacturación.

Otras de las organizaciones que presentan riesgos por el régimen de donaciones especiales, son las de carácter social. Este sector presenta también riesgos ante donaciones de organismos públicos, según especialistas.

“Ahí se mezcla un poco el riesgo de lo que podría ser el delito contra la administración pública, que se llama corrupción de forma genérica. Se podría utilizar, hipotéticamente, ciertas organizaciones que respondan a mis favores políticos partidarios o intereses personales”, explicó Diana a El País.

Por parte de los organismos públicos, Diana explicó que no se regularon las obligaciones de prevención y combate al lavado de activos de los mismos, lo que incrementa los riesgos en este sentido.

Por último, uno de los sectores que mayores riesgos presenta es el de los partidos políticos. Allí se encuentra un riesgo “clarísimo” según el extitular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, ante la posibilidad que entre “plata sucia” en la campaña electoral y luego se deba “devolver el favor”.

Si bien hay una normativa para el financiamiento de estas organizaciones, se encuentran falencias que indican que se requiere “una nueva ley”, dijeron a El País desde la Corte Electoral.

Dentro de los varios riesgos de los partidos por la falta de controles debido a la normativa vigente, está la posibilidad de disociación del partido como institución del candidato en la actividad eleccionaria, dejando así al titular de la lista por fuera del control de la Senaclaft y la obligación de tener controles del origen de fondos ante las donaciones que recibe.

Asimismo, desde la Corte Electoral, explicaron que los partidos políticos no deben rendir cuentas en las elecciones internas y que el organismo no audita el origen de fondos de los donantes, sino que solo verifican que la persona asociada a la cédula de identidad “exista”.

Además de los sectores ya mencionados, la Senaclaft también ha comenzado a fiscalizar a las OSFL científicas, cooperativas, culturales, internacionales y médicas. La información utilizada por el organismo se basa en las declaraciones recibidas entre 2019 y 2021, excepto algunas excepciones que corresponden a la información obtenida del censo de personerías jurídicas realizado por el Ministerio de Educación y Cultura en 2018.

Para ser un sujeto obligado a tener procedimientos de prevención antilavado y reportar operaciones sospechosas la OSFL debe superar los 4 millones de unidades indexadas (UI) en ingresos anuales, es decir más de $ 22 millones, o tener 2,5 millones de UI en activos, es decir más de $ 13 millones.

De este modo, según los ingresos declarados por las organizaciones científicas, de aquellas que son sujetos obligados, la que declaró más fue la Fundación Institut Pasteur de Montevideo con más de $ 240 millones. A esta le siguió Latitud Fundación Laboratorio Tecnológico del Uruguay con más de $ 65 millones, la Federación Psicoanalítica de América Latina con más de $ 23 millones, la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Básicas con más de $ 7 millones y la Fundación Manuel Pérez con $ 764.714.

En tanto, en relación al valor de sus activos, la que declaró más fue el Institut Pasteur con más de $ 268 millones, la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Básicas con más de $ 26 millones, la Federación Psicoanalítica de América Latina con más de $ 22 millones, la Fundación Manuel Pérez con más de $ 15 millones y Latitud Fundación LATU con más de $13 millones.

Por otro lado, de las cooperativas aquellas que declararon más ingresos son la Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito con más de $ 413 millones, la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas con más de $ 355 millones, Cooperativa de Ahorro y Crédito Intepa (Cintepa) con más de $ 217 millones, la Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Enseñanza con más de $ 166 millones y la Sociedad de Ahorro y Crédito Cooperativa José Artigas con más de $ 133 millones.

A su vez, en relación al valor de sus activos, la que declaró más fue la Cooperativa del Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas con más de $ 2.459 millones, la Cooperativa Policial con más de $ 842 millones, la Cintepa con más de $ 724 millones, Cooperativa para la Enseñanza con más de $ 495 millones y la Cooperativa José Artigas con más de $ 425 millones.

De las OSFL culturales las que declararon más ingresos son la Fundación Retoño con más de $172 millones, Manos del Uruguay con más de $155 millones, Fundación Banco República con más de $154 millones, Instituto Uruguayo de Normas Técnicas con más de $135 millones y las Asociación Civil Latin- New Car Assessment Programme con más de $74 millones.
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?Mientras que en relación a sus activos, aquellas con mayor valor declarado fueron la Fundación Ralli con más de $444 millones, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas con más de $310 millones, la Fundación Retoño con más de $272 millones, el Centro de Protección de Choferes de Montevideo con más de $221 millones y la fundación Banco República con más de $198 millones.

En tanto, los sujetos obligados de las OSFL internacionales son la Asociación Latinoamericana de Internet, que declaró más de $ 24 millones en ingresos anuales y más de $ 34 millones en valor de activos, y la Fundación Manantiales, que no declaró montos.

Asimismo, de las organizaciones médicas la que más ingresos declaró fue la Asociación Española con más de $ 9.448 millones. A esta le siguieron el Servicio Médico Integral (SMI) con más de $ 5.411 millones, el Hospital Británico con más de $ 3.531 millones, el Círculo Católico con más de $ 3.279 millones y, estando en el 2020 aún activa, Casa de Galicia con más de $ 2.737 millones.

En tanto, en relación al valor de sus activos, quienes declararon los mayores montos fueron La Asociación Española con más de $6.880 millones, el Hospital Británico con más de $6.765 millones, el SMI con más de $ 3.220 millones el Círculo Católico con más de $2.016 millones y Casa de Galicia con más de $1.835 millones.

Este año Uruguay pasó a ocupar la Vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el año que viene pasará a tomar la Presidencia del mismo. Si bien el país no está entre los “peores de la clase”, tampoco está entre los mejores.

En este sentido, el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak dijo a El País que “tenemos deberes pendientes” ante el GAFI, donde Uruguay está “bajo supervisión intensiva”, no “solo explicando lo que pasó, sino qué avances hemos tenido”.

Señaló que uno de los puntos que preocupan son las persecuciones penales exitosas por lavado de activos, donde no cree que haya un “subregistro fabuloso”, pero es “muy difícil de explicar internacionalmente”, la poca cantidad que hay.

Sostuvo que el país tiene recomendaciones del organismo internacional para tener una mejor estructura. Resaltó que una de las problemáticas que tiene la Senaclaft es que los técnicos sean pases en comisión, porque lleva “mucho esfuerzo y muchos años” poder capacitarlos. ”Es decir, hoy pueden estar y mañana no. Si no están y vuelven a sus organismos de origen, se pierde toda esa capacitación”, afirmó.

“Las recomendaciones del GAFI son como las ofertas de (Vito) Corleone (en la película El Padrino) que decía ‘le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar’. Bueno, las recomendaciones del GAFI no se pueden rechazar, porque sino uno se mete en numerosísimos problemas y va directito al infierno de la consideración internacional”, explicó Chediak.

“Gran parte de nuestra actividad es eso, dar la cara por el país y evitar que tengamos problemas y explicar cuando los índices no son los que quisiéramos”, agregó.

Concluyó que se espera una mejoría en la persecución de estos delitos cuando empiece a funcionar la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, el próximo año.